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« : 3 de Agosto 2005, 17:48:00 » |
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HOLA KOLEGAS OS DEJO UN TEXTO QUE HE VISTO EN OTRO lado que me ha llamado la atencion bastante,,ya me direis
A modo de prólogo, desearía advertir a las posibles personas irascibles que escribo estas reflexiones desde un punto de vista totalmente personal, y acorde con la ideología que mantengo y ustedes ya conocen (para que luego no haya sorpresas), y que deseo que el debate se realice con el máximo grado de corrección del que seamos capaces. El posible problema moral que me plantea el hecho de ser a la vez moderador y exponente ha detenido mis letras en los últimos tiempos; sin embargo, el deseo de comprender, de saber qué pasa más allá del mundo que conozco, y de comprobar la solidez de mis razonamientos me llevan a intentar retratar lo que ocurre en estos momentos en ese Estado llamado España.
Este Estado (que no nación o país, nomás carcasa burocrática) se ve actualmente inmerso en una crisis de identidad y política que ha convertido en una gran mentira esa "indisoluble unidad" de la que habla la Constitución, si no lo era ya antes. Viene siendo gobernado este Estado –pues así lo eligieron algunos de sus habitantes hace casi cuatro años, durantes los cuales la mayoría de la población se ha visto vejada sin poder intervenir, cabe preguntarse sobre la eficacia de este sistema democrático, pero eso es otro tema- por un partido de corte nacionalista y conservador, heredero directo, aunque democrático, del régimen dictatorial que finalizó hace 25 años.
Múltiples errores políticos han jalonado el período de gobierno de este partido, pero en los últimos tiempos, la actitud de sus dirigentes hacia la población en general y algunos sectores en particular se ha vuelto insostenible.
Nada hablaré de la LOU, Gescartera, la guerra o el Prestige, por ahora. Pero permítanme señalarles algunos puntos que llaman mi interés.
Este Estado basa su unidad en el derecho de conquista de aquel mal rey llamado Felipe V, que impuso las formas de gobieron de Castilla, acabando con la autonomía de la Corona de Aragón, y de paso, con el difícil equilibrio que había mantenido ambas naciones desde su “unión” por parte de los Reyes Católicos, y una asimilación de la identidad Castilla-España, que ha supuesto la muerte efectiva de cualquier posibilidad de una auténtica nación española -pues si la exclusividad de “España” la tienen los castellanos, ¿qué queda para el resto del Estado?-. Por supuesto, la Historia puede interpretarse de muchas maneras, sin embargo, lo que es innegable es la aparición de los llamados “nacionalismos periféricos” durante el siglo XIX, en pleno Romanticismo, y la concienciación de su identidad como pueblo diferente al propugnado desde Madrid de algunas zonas. Estas aspiraciones tal vez sean, en algunos casos, dudosas desde un punto de vista histórico (recordemos, por ejemplo, que así como toda la Corona de Aragón había sido “independiente” hasta Felipe V, Galicia, el País Vasco o Andalucía habían sido siempre Castilla), pero sin duda son señal de que el centralismo que sacraliza la “unidad de España” no funcionaba entonces ni ahora, que esos movimientos han adquirido más fuerza.
La respuesta desde el gobierno central hacia los casos más pronunciados de nacionalismos periféricos (en concreto me refiero a la cuestión vasca y al nuevo gobierno catalán) en poco difiere de aquel famoso discurso de José Antonio Primo de Rivera, “Pero no hay más dialéctica admisible que la dialéctica de los puños y de las pistolas cuando se ofende a la justicia o a la Patria”, y así se contesta al sin duda cuestionable proyecto vasco y al intachable gobieron catalán, amenazándo a todo el mundo que disiente de terrorista e inconstitucional.
Esto me lleva a otra cuestión sin duda ligada a la primera: las Constituciones. En primer lugar, la del Estado éste, y su supuesta intocabilidad. ¿No resulta curioso cómo aquí el partido del gobierno parece avanzar a trompicones históricos? En 1978, cuando la mayoría de fuerzas políticas y la población del Estado apoyaban la aprobación de la Carta Magna, algunos de los dirigentes políticos ahora en el poder la demonizaban; y ahora, cuando la mayoría de las fuerzas políticas y la población apoyan su reforma, dichos dirigentes mantienen que es intocable...
La crisis política llega (mejor dicho, se agudiza, porque ya había crisis abierta por otros frentes) en esta contradicción: la Constitución Española se basa en el uso de la soberanía de la “nación española”, y esta soberanía emana del “pueblo español”, sin embargo, cuando el “pueblo español” ha decidido –me remito a las encuestas publicadas por El País el fin de semana pasado- que esta Constitución se le queda chica (y Constitución que no evoluciona junto a la sociedad que rige es una Constitución muerta y sin sentido), el gobierno niega al “pueblo” que dice representar ejercer el uso de su soberanía.
El alcance de dichas reformas necesarias ha de salir del debate político y social, y ha de adaptarse a la nueva realidad política del Estado: hay un proyecto independentista vasco que no puede combatirse elaborando leyes adhoc, entre otras cosas, porque las leyes no deberían tener carácter retroactivo, y así lo refleja el artículo 25.1 de la Carta Magna; y hay un gobierno catalanista y de izquierda en Cataluña que responde a la petición por parte de la sociedad catalana de una reforma del estatuto de autonomía, y no hay poder nacionalista castellano-centralista que pueda contener la decisión tomada por los catalanes.
También debe adaptarse la Constitución española a la nueva realidad política europea, y a su Constitución. Por fin, una nación de carácter supraestatal se cobija bajo un mismo paraguas constitucional, y lo más que se le ocurre al gobierno español, en un arranque de “orgullo de la Patria” es intentar arreglar cierto “error” que cometieron durante las negociaciones de Niza, comprometiendo todo el proyecto de Constitución en esta cumbre de Bruselas que acaba de fracasar.
Resumiendo, creo que el partido en el gobierno es más un obstáculo para la solución de la crisis que atraviesa el Estado español debido a su actitud desafiante, y demagógica, pues en el fanatismo de creerse poseedores de la Verdad Única pierden cualquier crédito de diálogo (eso me recuerda unas palabras de Azaña, “Nadie [ningún partido político] tiene el monopolio de lo nacional y lo patriótico.”), y con la infantil actitud de descalificar y demonizar, tildando de “inconstitucional” o “terrorista” –sin duda en el País Vasco el problema de la violencia es el más importante, pero de ahí a llamar terrorista a cualquier independentista hay un gran trecho- a todo el mundo que presente una alternativa a su egocéntrica interpretación de la realidad no se llega a ninguna parte.
Por último, deseo hacer unas aclaraciones finales. Debido a mi falta de creencia las naciones –que considero meras líneas en un mapa- y las identidades nacionales, me he visto obligado a acudir al diccionario para elegir los términos adecuados. Para “nación”, debido a los problemas que conlleva el uso del término en los significados 1 y 2 (pues incluyen en la definición el término país, y en la de éste, el de nación) me he decantado por el tercer significado que le da el DRAE. Para “pueblo”, he preferido mantener el significado romántico, aunque no esté reconocido por la Academia, que vendría a ser sinónimo de nación. Tampoco he seguido a la Academia en el significado de Estado, que considero más la cara burocrática de la política, algo apolítico y sin identidad propia, que un elemento activo.
Nación.(Del lat. natio, -onis).
1. f. Conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno.
2. f. Territorio de ese país.
3. f. Conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común.
País.(Del fr. pays).
1. m. Nación, región, provincia o territorio.
(...)
Pueblo.(Del lat. populus).
1. m. Ciudad o villa.
2. m. Población de menor categoría.
3. m. Conjunto de personas de un lugar, región o país.
4. m. Gente común y humilde de una población.
5. m. País con gobierno independiente.
Estado.(Del lat. status).
(...)
5. m. Conjunto de los órganos de gobierno de un país soberano.
6. m. En el régimen federal, porción de territorio cuyos habitantes se rigen por leyes propias, aunque estén sometidos en ciertos asuntos a las decisiones de un gobierno común.
(...)
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