La recuperación de la memoria histórica

[Raskolnikof]

El PP y los jueces critican a Garzón por “remover la historia” de la represión.
El PP respaldó en 2002 la reapertura de fosas, pero ahora Rajoy la rechaza

El juez Baltasar Garzón recibió ayer una respuesta contundente de sus colegas: no debe seguir tratando de investigar los desaparecidos del franquismo. Aún más directo fue el ataque del líder del PP, Mariano Rajoy, y de algunos dirigentes de este partido, como Jaime Mayor Oreja: “Soy partidario de no abrir las heridas del pasado, porque no conduce a nada”, sentenció el jefe de la oposición.

Preguntado sobre el significado de esa respuesta tajante, y sobre si se puede interpretar que el PP está en contra de la reapertura de fosas que llevan a cabo decenas de familias y asociaciones –ya hay casi 4.000 desenterrados, sin que se haya registrado ningún conflicto en los pueblos afectados-, Rajoy no contestó.

“Ya dije en el debate de la ley de memoria histórica que lo mejor de la Constitución de 1978 es que los españoles nos pusimos de acuerdo en mirar hacia el futuro y construir juntos un mejor futuro para todos. No soy partidario de reabrir las heridas del pasado, lo haga quien lo haga”, zanjó el líder del PP.

Un poco más lejos fue Mayor Oreja, que consideró “un error” la iniciativa de Garzón. “Todo eso me parece un disparate. España siempre ha tenido la tragedia de la división, de la confrontación y todo lo que significa ahonda en eso es recuperar la peor historia de España” declaró a Servimedia.

Este endurecimiento de la posición del PP contradice su línea política. En 2002, con el PP en el Gobierno con mayoría absoluta y en medio de una gran presión social porque se abrían fosas por toda España sin apoyo de las administraciones, José María Aznar ordenó a los suyos pactar la única condena por unanimidad del franquismo que ha realizado el Congreso.

Se votó el 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Franco. Esa declaración, inspirada en la frase de Azaña, “paz, piedad, perdón” y apoyada por el PP, reafirmaba “el deber de proceder al reconocimiento moral de las víctimas de la Guerra Civil, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista” “Instamos”, decía el Congreso, “a que cualquier iniciativa promovida por las familias que se llevan a cabo en tal sentido, sobre todo en el ámbito local, reciba apoyo de las instituciones”. Esa declaración de respaldo oficial incluía la reapertura de las fosas. La iniciativa de Garzón recibió también el rechazo de Antonio García, portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), y de Lorenzo del Río, de la Francisco de Vitoria, que consideran la reapertura de fosas debería ser gestionada por la vía administrativa y no penal. Incluso Miguel Ángel Jimeno, de Jueces para la Democracia, criticó a Garzón porque cree que ésa es tarea del Ejecutivo, aunque defendió el derecho de las victimas a saber “donde se encuentran sus muertos”.

La fiscalía, dependiente jerárquicamente del Gobierno, se ha opuesto a la iniciativa de Garzón. Mientras, el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, mostró su “respeto” a la decisión del juez. Amnistía Internacional aplaudió a Garzón y pidió al Ejecutivo que “asuma su responsabilidad” y desarrolle la Ley de Memoria Histórica.

JUSTICIA TIENE LISTO EL REGLAMENTO PARA RECONOCER A LAS VICTIMAS DEL FRANQUISMO.

90 personas han pedido ya al ministerio la declaración como represaliados.

Ocho meses después de la aprobación de la polémica Ley de Memoria, el Gobierno empieza a desarrollarla. Sobre todo en uno de sus puntos más novedosos, el de la creación de una declaración solemne de reparación y reconocimiento personal para todas las víctimas de la Guerra Civil y de la posterior represión franquista.

El Ministerio de Justicia tiene ya redactado el reglamento que desarrolla la ley en este punto (su artículo 4) y lo enviará en las próximas semanas al Consejo de Estado para su aprobación definitiva, según un portavoz de este departamento.

Este documento oficial, que implica un reconocimiento que han reclamado muchas víctimas, debe ser expedido por Justicia, según la ley. El Gobierno quiso crear un tribunal de cinco notables que lo expidiera tras una investigación, pero ante la polémica creada, y tras la oposición del PP, que podría bloquear la creación de este órgano, decidió que sea Justicia quien lo de casi automáticamente, tras una pequeña investigación de los datos aportados por la víctima o cualquiera de sus familiares.

A pesar de que en las asociaciones de represaliados hay bastante confusión al respecto de quien expide este documento y como pedirlo, el Gobierno no ha hecho ningún tipo de publicidad. Justicia asegura que ya lo han solicitado 90 personas.

Para muchos represaliados supervivientes- ya muy ancianos en su mayoría- y sobre todo para los familiares de los asesinados, el reconocimiento oficial de los injusto de su condena, aunque no implique ninguna compensación económica- la ley las excluye- es importante. Al contrario de lo  que sucedió en otras dictaduras, la Transición española se realizó sin ruptura legal con el régimen anterior, de manera que, por ejemplo, la sala de lo Militar del Tribunal Supremo rechaza sistemáticamente la revisión de juicios sumarísimos del franquismo, realizados sin ninguna garantía legal, porque considera que se realizaron según la legalidad vigente y por tanto son legítimos. Las familias de Julián Grimau o Salvador Puig Antich se han topado con este muro.

Este reconocimiento oficial no equivale a la nulidad de las condenas que reclamaban y reclaman las asociaciones, pero es el primer documento de un Gobierno de España que sirve como reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista.

El Gobierno, sin embargo, tal y como ha denunciado Joan Herrera, diputado de ICV y uno de los principales artífices de la Ley de Memoria, apenas ha desarrollado esta normativa. No sólo no ha elaborado el mapa de fosas a la que le obliga el artículo 12). Tampoco ha redactado ningún reglamento ni medida de presión para cumplir el artículo 15), que anima a la desaparición de símbolos franquistas en ayuntamientos e iglesias. El color político marca, como siempre, la decisión. Mientras en A Coruña la nueva administración socialista cambia calles y hospitales dedicados a la falangistas, las estatuas de Francos siguen en pie en Santander-pendiente de unas obras de aparcamiento- o Melilla y no hay noticia de iglesias que hayan retirado la conocida placa de “caídos por Dios y por España”.

Lo que la ley dice:

Art. 4 Declaración de reparación y conocimiento.
4.1. Se reconoce el derecho a obtener una Declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil y la dictadura padecieron los efectos de las resoluciones a que se refieren los artículos anteriores.
4.4. Las personas o instituciones previstas en los apartados anteriores podrán interesar del Ministerio de Justicia la expedición de la Declaración. A tal fin, podrán aportar toda la documentación que sobre los hechos o el procedimiento obre en su poder.
4.5. La Declaración a que se refiere esta ley será compatible con cualquier otra fórmula de reparación prevista en el ordenamiento jurídico y no constituirá título para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración Pública.

LA MEMORIA DE LA GUERRA LLEGA AL PUEBLO LEONES DE IZAGRE

Durante 35 años, las viudas, hijos y hermanos de nueve hombres y una mujer fusilados el 9 de octubre de 1936 en Izagre (León) pagaron a los dueños de una finca para que dejara sin cultivar un rectángulo del ancho de diez cuerpos. Ayer, la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica inició la exhumación de esa fosa.

Una pareja de campesinos encontró los diez cadáveres al día siguiente del fusilamiento, al borde de una carretera. Sus verdugos ni siquiera habían intentado esconder los cuerpos. Según recuerdan los labradores, movieron a los fusilados hacia el campo, excepto a uno. “Como era mujer, no la tocamos”, explicó casi una vida después a los investigadores uno de los hombres que descubrió los cadáveres. Tras dar aviso en el pueblo, un grupo de vecinos los enterró en una finca.

María Alonso Ruiz, de 33 años, llevaba el pelo rapado y una gorra cuando los campesinos, por pudor, decidieron no mover su cadáver. “era la particular forma de castigo que los falangistas empleaban con las mujeres: les rapaban la cabeza, para humillarlas”, explica el investigador José Cabañas. Sus vecinos la enterraron con la gorra cubriéndole el rostro y sus gafas sobre el pecho.

En los años 70, la concentración parcelaria –proceso por el que se eliminaron las pequeñas fincas agrarias- se llevó por delante el rastro de aquel rectángulo de diez cuerpos de ancho que había permanecido intacto durante casi 35 años. Para entonces, solo la familia de uno de los fusilados, Juan María Vergué Arjona, registrador de la propiedad había rescatado el cadáver de su pariente. Lo desenterraron en los años 50 y lo reconocieron porque sabían que sus vecinos lo habían enterrado con su estilográfica, aunque uno de ellos se había apropiado de su alianza de boda.

La concentración parcelaria borró la huella de la tierra, pero no el la memoria de os familiares y vecinos, que nunca olvidaron que en aquel campo había algo suyo. Hasta ayer.

“¡Los hemos encontrado! ¡Dios bendito!”, gritaba ayer al otro lado del teléfono el investigador José Cabañas, eufórico casi diez horas y cinco años después de haber empezado a buscarlos. Cuando termine la exhumación, el próximo viernes, si todo va bien y la memoria de los suyos no les ha fallado. María Alonso Ruiz podrá ser reconocida por sus gafas. Para Josefina habrán sido 72 años de espera. La última vez que vio a su hermana María, en la cárcel de San Marcos, donde ella también estaba presa, pensó que nunca más volvería a tener noticias de ella.

(Natalia Junquera/Carlos E. Cué. El País, 3 de septiembre de 2008)

http://www.rtve.es/noticias/20080902/una-busqueda-dos-fosas-historias/149087.shtml

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GARZÓN DA 15 DÍAS A LAS PARTES PARA QUE LE INFORMEN SOBRE LOS DESAPARECIDOS

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dado hoy un plazo de quince días a las asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo que han presentado denuncias en su Juzgado para que le faciliten una relación de los desaparecidos y ubicación posible de las mismas.

En una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 fija este plazo con el fin de poder determinar, "con la mayor rapidez posible", si es competente para investigar estos hechos para que le hagan llegar un listado de las personas desaparecidas que hubieran sido localizadas, así como los lugares y fechas de su hallazgo.

Garzón pidió ayer al abad del Valle de los Caídos, al Archivo General de la Administración, a la Conferencia Episcopal y al Centro Documental de la Memoria Histórica, así como a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid que le informen sobre el número de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

Solicitó también a las partes personadas -hay un total de ocho asociaciones de familiares de desaparecidos- que aportaran los datos que dispongan sobre las personas que estén realizando exhumaciones de víctimas de desapariciones forzadas con el fin de que estas actuaciones puedan ser controladas por su Juzgado "tanto en su ejecución como en su resultado una vez que se resuelva sobre la competencia".

La petición del juez también se extiende a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid, que deben notificarle el nombre de las personas enterradas en fosas comunes de sus localidades -también fecha y lugar de su nacimiento, residencia y filiación- a partir del 17 de julio de 1936 "como consecuencia directa del denominado 'alzamiento nacional' y la situación de Guerra Civil que provocó y la posguerra bajo el mandato del nuevo régimen en España".
Se dirigió además al Archivo General de la Administración para que le emita un informe o le identifique el organismo que pueda dictaminar sobre la cifra de desaparecidos, y al Centro Documental de la Memoria Histórica le pide que le haga llegar los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo de los que disponga.

Asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo han presentado hasta ahora ocho denuncias en el Juzgado de Garzón por diferentes casos en Navarra, Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia, Andalucía y un caso individual de un diputado socialista, y, de forma genérica, han denunciado la desaparición de unas 30.000 personas durante esa época.

(EFE 2 de septiembre de 2008).

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CÓRDOBA COLABORARÁ "EN TODO LO POSIBLE"
IU, PSOE Y PP CLONAN LA DISPUTA NACIONAL EN TORNO AL AUTO DEL JUEZ.[/b]

El Ayuntamiento de Córdoba colaborará "en todo lo posible" con la investigación impulsada por Garzón. Así lo manifestó ayer la regidora, Rosa Aguilar, quien indicó que ofrecerá al poder judicial todo los datos que el Consistorio tiene sobre los fusilados y todos los que conoce en cuanto llegue la notificación formal del juez. La alcaldesa insistió en que se trabajará con normalidad y afirmó que no cree que la iniciativa judicial abra heridas: "No pretende mirar atrás ni ajustar cuentas", ya que los familiares de los desaparecidos en la Guerra Civil "tienen el derecho a recuperar los restos". En la misma línea se pronunció el primer teniente de alcalde socialista, Rafael Blanco, quien explicó que el equipo de gobierno ha acordado dar "todo tipo de facilidades".
Por su parte, el concejal del PP Miguel Ángel Torrico manifestó el respeto de su grupo municipal por la decisión judicial, aunque insistió en que "no es prioridad" de este Ayuntamiento este tipo de investigaciones y que hay problemas, como el paro, mucho más preocupantes en la ciudad de Córdoba.

(I.Marzo. Diario Córdoba. 03 de septiembre de 2008)

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LA IGLESIA DICE QUE NO DISPONE DE LAS CAUSAS DE LAS MUERTES

La iglesia católica trata de lavarse las manos ante el requerimiento de Garzón para que facilite el acceso a los archivos de las 22.827 parroquias donde pueden estar recogidos los nombres de personas secuestradas y fusiladas al acabar la guerra sin informar a sus familias.

Fuentes de la Conferencia Episcopal Española (CEE) aseguraron que no se había recibido la petición y consideraron que la notificación debería remitirse directamente a los arzobispados, competentes en esta materia, ya que la CEE es un órgano colegiado. No obstante, la providiencia judicial podría ser objeto de análisis en la próxima reunión de comité ejecutivo, prevista para el 11 de septiembre. Medios eclesiásticos apuntaron que en los libros de difuntos no constan las desapariciones ni las causas de la muerte de las personas. Este dato, o al menos la fecha, si puede figurar en los registros civiles.

VALLE DE LOS CAIDOS: Anselmo Álvarez, abad del Valle de los Caídos, aseguró que allí existe un registro de 34.000 fallecidos, pero matizó que todos “de uno y otro bando” perecieron “durante la guerra y en acción de guerra”. Álvarez dudó de que sea de utilidad para Garzón, cuya solicitud no ha recibido. Dos familiares de muertos en ese periodo denunciaron ayer que sus antepasados fueron llevados al Valle en 1959 desde fosas comunes y figuran en columbarios sin nombre.

(Antonio María Yagüe- Diario Córdoba. 3 de septiembre de 2008)

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11.581 HERIDAS ABIERTAS

Córdoba sufrió una de las mayores represiones tras la Guerra Civil Se calcula que 8.545 personas murieron en la contienda y 3.036 fueron fusiladas en la posguerra.[/b]


"20 de agosto de 1936. 25 fallecidos. Varones. M.V.". El libro de muertos del cementerio de la Salud apenas despacha en una línea el fusilamiento de unos hombres sin nombre ni apellidos para la historia oficial. Apenas dos iniciales, M.V, corroboran que fallecieron de muerte violenta. Elaborar un censo de muertos es una tarea ardua porque están doblemente desaparecidos: "El silencio de los verdugos cae sobre estas desapariciones físicas y documentales", afirma el historiador Francisco Moreno, que presentará en octubre 1936. El genocidio franquista en Córdoba. Moreno tiene documentada la muerte de 11.581 cordobeses. Una cifra "incompleta" porque los registros civiles están salpicados de irregularidades y silencios. "Los familiares de los fusilados estaban aterrados. ¿Cómo iban a registrar a sus muertos al Registro Civil?", pregunta Moreno.

Desde hace años, varios asociaciones se han dedicado a investigar este asunto. José Manuel Mariscal, parlamentario andaluz por IU y miembro del Foro de la Memoria, ensalza este trabajo aunque critica las dificultades económicas para culminar las pesquisas. De hecho, explica que la Universidad de Barcelona tiene paradas muchas pruebas de ADN de muertos en Córdoba por falta de financiación.

Las cifras son aproximadas, advierte Mar Téllez, presidenta del Foro Ciudadano para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía. Este foro investiga, con al apoyo de la Junta y el "empuje ciudadano", lo relacionado con la recuperación de la memoria. La elaboración de un mapa de fosas andaluzas es su proyecto más ambicioso. En Córdoba se han hallado 82 fosas, que contienen los restos de 7.625 víctimas de la guerra.

Los muertos de Franco están en las cunetas y en las fosas comunes de los cementerios. Los libros de los camposantos, los registros civiles y el de la prisión provincial, así como el Tribunal Militar Territorial 2 de Sevilla, son las teselas que quiere reunir Garzón para censar a los muertos. Moreno manifiesta sus dudas acerca de que la Iglesia, que fue "cómplice", disponga de datos documentales: "El capellán de la Salud registró en cuadernillos los enterrados en su cementerio --explica Moreno--. Pero lo hizo a título particular y los cuadernos están desaparecidos desde 1985".

Durante la guerra, en la capital murieron 4.000 personas y 4.545 en los pueblos; en la posguerra, 3.036, de los que la cifra de fusilados asciende a 1.600 personas; 220, en el maquis; 160, por la Ley de Fugas; 300 murieron en campos nazis; 756, en la prisión, sobre todo de hambre. En cuanto a los muertos leales a Franco, Moreno tiene contabilizados 2.329.

(Irina Marzo. Diario Córdoba. 03 de septiembre de 2008)

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EL MIEDO AL CONOCIMIENTO HISTÓRICO

La reacción de algunos políticos a la providencia del juez Garzón para censar a las víctimas del franquismo quiere cerrar las puertas al conocimiento histórico y les niega a los muertos la honra debida

La providencia hecha pública por el juez Baltasar Garzón ha tenido efectos fulminantes. No es para menos. A los 33 años de que el general Francisco Franco pasara a ese estado en que sus responsabilidades como gobernante habrán sido juzgadas por Dios, aunque todavía no por la Historia, Garzón ha emplazado a la maquinaria administrativa a que dé los pasos que permitan estimar si procede abrir algún tipo de procedimiento llamado a arrojar luz sobre el capítulo más sórdido del anterior régimen.

Las reacciones de algunos cualificados representantes del principal partido de la oposición han sido negativas. No hay que "abrir las heridas del pasado". No hay que "echar piedras sobre nuestro propio tejado". Son argumentos que para cualquier historiador, y para un segmento significativo de nuestra sociedad, resultan aberrantes. ¿Qué tiene el pasado español para que su escrutinio deba permanecer cerrado a cal y canto? ¿Qué debe ocultar una democracia que tanto se enorgullece de serlo? ¿Pueden ponerse puertas al viento o encadenar el conocimiento? ¿No tenemos un precepto evangélico que afirma que la verdad nos hace libres? ¿Habrá que transmutarlo en un remedo del obsceno lema nazi de que el trabajo, en los campos de concentración o de exterminio, era lo que "liberaba"? Yo me quedo con la advertencia -que tomo prestada a Hilari Raguer- de alguien a quien nuestra derecha política y judicial probablemente no considerará como un izquierdista travestido: León XIII. La primera ley de la historia es no osar mentir. La segunda no tener miedo a decir la verdad.

Debemos abrir el pasado por, cuando menos, tres razones. La primera es de naturaleza técnica. Las otras dos traducen una valoración axiológica que no debería ser desconocida para nuestra derecha. En lo que se refiere a la primera conviene señalar que es precisamente en estos últimos años cuando han empezado a crearse las condiciones materiales precisas para poder abordar científicamente, desapasionadamente nuestro pasado. Aunque subsisten excepciones -de las que este periódico se ha hecho eco el pasado mes de agosto- relacionadas con los archivos que dependen del Ministerio de Defensa y en los que se remansan los expedientes de miles y miles de causas judiciales, de Consejos de guerra y, por ende, los datos macabros de la represión efectuada por el aparato militar, en general tanto en España como en el extranjero la apertura de fondos sobre la guerra civil ha alcanzado un grado notable. Con lo que ya hay disponible cabe triturar la mayor parte de las interpretaciones aducidas por los servidores de la dictadura y el nunca añorado Ministerio de (des) Información sobre su génesis y desarrollo. Ha llegado, pues, el momento de aprovecharlos.
La segunda razón estriba en evitar hacer el ridículo como país, como Estado, como colectividad, como españoles. ¿Es que acaso tenemos genes que nos hagan incapaces de afrontar nuestro pasado? Los sudafricanos, los chilenos, los argentinos, los rusos, por poner unos cuantos ejemplos, han dejado ya en pañales a quienes nos enorgullecíamos de una transición presentada como modélica.

El juez Garzón ha co-escrito un libro sobre la represión argentina. Me tocó presentarlo hace unos meses en Bruselas. Saltó a la fama mundial con su acoso al nunca lamentado general Pinochet (un alma de la caridad en comparación con Franco). Supongo que es sensible a la experiencia comparada. En esta dirección, ¿sabe nuestra derecha política y judicial algo de los avances que en los últimos 20 años se han hecho, por ejemplo, en Rusia para lidiar con los horrores del estalinismo? Con dificultades, sí, pero sin pausa. Me atrevo a afirmar que el nivel de su conocimiento, tanto allí como en Occidente, gracias a la labor de investigadores rusos, británicos, norteamericanos, franceses, alemanes, japoneses, etcétera, es muy superior al que los españoles tenemos sobre los horrores del franquismo.

Utilizo conscientemente el término de "horrores" en los dos casos no porque sean similares en número e intensidad (las más recientes estimaciones sobre los muertos en la Unión Soviética en el período de las grandes purgas, años 1937-1938, los cifran en torno a un millón de personas) sino porque responden al mismo intento de liquidar físicamente al mayor número posible de presuntos oponentes.

Habrá, sin duda, lectores de buena fe que se escandalicen ante tal afirmación. ¿Cómo atribuir tal propósito a un soldado católico, adicto al palio y al nacionalcatolicismo? Cabe demostrarlo. No, desde luego, con páginas entresacadas de sus inexistentes diarios sino, como en el caso de Stalin, por sus acciones mismas, esas que no se reflejan en los discursos ni en los periódicos pero que dejan huellas en el secreto de los archivos. Precisamente el tipo de fuentes que nuestra derecha política y judicial parece querer mantener cerradas bajo el lema de no ahondar las heridas del pasado. Franco no condujo la guerra con criterios esencialmente militares, como hubieran hecho muchos de sus generales, sino siguiendo postulados estrictamente políticos. Que se sepa no era asiduo de Clausewitz pero sí consciente de que la guerra era una forma de política que se llevaba a cabo por otros medios. Desde el primer momento se preocupó de poner en práctica lo que eufemísticamente denominó la "purificación" de España. Es difícil que tuviera el menor remordimiento cuando el cardenal primado, Isidro Gomá, y siguiendo sus instrucciones máximo inspirador de la Carta Colectiva del Episcopado español, podía escribir que "los rojos matan por sistema. Nosotros matamos, a pesar de nuestros deseos contrarios, obligados por la justicia".

Sólo que en el caso de Franco la referencia a esta última sobraba. Un soldado que alargó deliberadamente "su" tipo de guerra, sin tener en cuenta lo que la prolongación implicaba en términos de víctimas y de destrucción, tanto en las filas contrarias como en las propias, no iba a detenerse ante tales escrúpulos que probablemente eran, además, espurios.

La tercera razón tiene que ver con el precepto de honrar a los muertos. Es algo que suele hacerse en todo tipo de sociedades, también en las católicas. Si los nombres y cadáveres de las víctimas del terror que la sublevación militar desencadenó en zona republicana han sido honrados desde el final de la guerra, un número indeterminado, pero muy significativo, de los ejecutados sumariamente en la franquista todavía yace en fosas olvidadas, en rincones perdidos, en lugares ignotos. Es más, a juzgar por lo que se afirma en un libro reciente sobre las víctimas de la represión en Valencia, en ocasiones ha habido que recurrir al Juzgado ante la posibilidad de que pudiera ocurrir algo con las pruebas documentales sobre las inhumaciones en el cementerio municipal. Se estima que más de 26.000 personas fueron sepultadas en fosas comunes desde el 1 de abril de 1939 hasta el 31 de diciembre de 1945 en la ciudad del Turia. Es un número que se acerca al de las víctimas de la dictadura argentina. Que haya que utilizar tales procedimientos para que no se "pierda" el reflejo del pasado es, pura y simplemente, una vergüenza.

El deseo de querer cerrar las puertas al conocimiento es pueril. No lo ha logrado ninguna sociedad. Los horrores del nazismo, del fascismo, del comunismo se han documentado, aunque sea con lagunas. La Alemania de Adenauer intentó parar el proceso durante algún tiempo. Desde De Gaulle a Mitterrand se quiso echar el cerrojo sobre la complicidad del Estado francés en la Shoah bajo el régimen de Vichy. Los análisis internos sobre el terror estalinista no salieron a la luz en los años cincuenta del pasado siglo. Más tarde se convirtieron en una pieza fundamental para desentrañarlo. ¿No habrá aprendido nada nuestra democracia? ¿Acaso temblarán sus fundamentos porque se documenten la extensión y profundidad de la represión franquista en la guerra civil y en el montaje de la dictadura? La respuesta es negativa. Nos merecemos otra cosa.

(Ángel Viñas. Historiador. El País. 05 de septiembre de 2008)

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DESMEMORIAS

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La doctrina oficial es más o menos la siguiente: en España, hasta hace muy poco, no se pudo escribir y casi ni hablar de la Guerra Civil o de la posguerra desde el punto de vista de los vencidos. Primero fue la represión franquista; luego el así llamado "pacto de silencio" de la Transición, por culpa del cual, y en nombre de una dudosa concordia democrática, se suprimió la memoria de los perdedores. Por fin, sólo hace unos pocos años, algunos libros empezaron a romper el silencio, algunas películas, gracias al Gobierno de Zapatero. Se estrena Los girasoles ciegos y un oyente llama a la radio para expresar su alivio, su alegría: "Por fin se puede hablar sin miedo".

Es una doctrina confortable. Permite el sentimiento halagador de estar participando, sin mucho esfuerzo ni peligro, en la reparación de una larga injusticia, en el descubrimiento de lo escondido durante muchos años. También de estar al día: de recibir, de algún modo, la legitimidad de los derrotados, hasta de alzarse en rebeldía contra el fascismo o la dictadura, con la ventaja no desdeñable de que esa rebelión virtual sucede en el espacio clemente de una democracia. Los libros, las películas de moda ofrecen una memoria tan gustosa de saborear como un caramelo, con ese aire en el fondo tan acogedor que tiene el pasado en el cine de época: los automóviles, los peinados, los sombreros, los pupitres de madera, la lluvia, la nieve acogedoras; cuando no el heroísmo igualitario: chicos y chicas con uniformes impolutos de milicianos, haciendo una guerra que se parecería mucho a una fiesta o a un domingo de excursión si no fuera por esos malvados de bigotito fino y camisa azul o de sotana negra que lo estropean todo. Los buenos, los nuestros, son poéticos, inocentes, entrañables, soñadores, no sexistas. Los otros no sólo son opresores y canallas: también son feos, groseros, machistas, maníacos sexuales, maltratadores de animales. La moda la empezó probablemente Ken Loach en Tierra y libertad, donde ya se insinuaba algo que viene teniendo mucho éxito en las patrias periféricas gobernadas inmemorialmente por una mezcla curiosa de nacionalistas y ex socialistas o ex comunistas cuyo principal rasgo ideológico es volverse más nacionalistas todavía que sus socios: los malvados de esta nueva memoria oficial, aparte de opresores, canallas, feos, groseros, machistas, maníacos sexuales, son algo todavía peor, si cabe: son españoles. En estas patrias, unánimes por definición, la Guerra Civil no es posible, porque no puede haber conflicto interno en una comunidad idílica. La Guerra Civil, el franquismo, fueron en realidad una invasión española, en la que los autóctonos, por el hecho de serlo, estuvieron libres de toda complicidad, y además fueron y siguen siendo víctimas.

El resultado de esta sentimentalización y oficialización de la memoria es el olvido de aquello mismo que se pretendía recordar. Quien dice que sólo ahora se publican novelas o libros de historia que cuentan la verdad sobre la Guerra Civil y la dictadura debería decir más bien que él o ella no los ha leído, o que los desdeñó en su momento porque no estaban de moda, en aquellos atolondrados ochenta en los que la doctrina oficial del socialismo en el poder era la contraria: con lo modernos que ya éramos, qué falta hacía recordar cosas tristes y antiguas.

No hubo que esperar a la Transición y ni siquiera a la muerte de Franco para leer por primera vez una novela antifranquista sobre la Guerra Civil publicada en España: Las últimas banderas, de Ángel María de Lera, ganó hacia finales de los años sesenta el Premio Planeta. Probablemente no era gran literatura, pero yo me acuerdo de la emoción de leer el drama de los últimos días de la República en Madrid, la urgencia y el miedo, el sentimiento de derrumbe. Por aquellos años cayó en mis manos otro de esos libros que se quedan impresos vivamente en la imaginación adolescente y resultan igual de iluminadores cuando uno vuelve a leerlos mucho tiempo después: Tres días de julio, de Luis Romero, que tiene la inminencia trágica de lo que todavía casi no ha sucedido y ya es irreparable. Hablo de libros que estaban al alcance de cualquiera y que fueron decisivos en mi educación de ciudadano y de escritor, en mi descubrimiento temprano y todavía indeciso de los mundos literarios que yo querría indagar en mi propia ficción.
Pero no sólo libros: aún no había muerto Franco y la gente llenaba los cines para ver La prima Angélica, de Carlos Saura, que retrataba con sarcasmo y crudeza a los vencedores de la guerra y exploraba un tema que fue crucial para los que empezamos a escribir novelas en los primeros años ochenta: el vínculo entre el presente y el pasado, la necesidad de saltar sobre el paréntesis de plomo de la dictadura para vincularnos a una tradición literaria, política y vital que se había roto con la guerra.

Qué insulto, qué injusticia para Max Aub decir que sólo en los últimos años se ha escrito de verdad sobre los vencidos: en los primeros ochenta Alfaguara había publicado ya todos los volúmenes de El laberinto mágico, que sigue siendo el gran ciclo de novelas sobre la Guerra Civil y la diáspora. También por entonces se reeditaban los tres volúmenes de La forja de un rebelde, de Arturo Barea, el último de los cuales está el testimonio atroz, contado por un socialista intachable, de los crímenes sin justificación que se cometieron en Madrid entre el verano y el otoño de 1936. La misma angustia moral de Barea, ajena a todo sectarismo, atenta al desgarro de la experiencia humana concreta, está en Días de llamas, de Juan Iturralde, que es del final de los setenta, o en los relatos insuperables de Largo noviembre de Madrid, de Juan Eduardo Zúñiga, que combinan la poesía y la ternura, la vaguedad espectral de la fábula con el severo testimonio del sufrimiento, el heroísmo y el despilfarro de las vidas humanas. En los primeros ochenta estrenó Fernando Fernán-Gómez Las bicicletas son para el verano y al principio nadie le hizo ningún caso. Aprendiendo de aquellos maestros, recordando lo que nuestros mayores nos habían contado, algunos de nosotros empezamos publicando ficciones alimentadas por la memoria de la Guerra Civil y la derrota de la República: yo no me olvido de la impresión que me hizo leer en 1985 Luna de lobos, de Julio Llamazares, donde está el coraje de la resistencia pero también la lenta degradación de quien se ve reducido por sus perseguidores a una cualidad casi de alimaña.

España es país muy propenso a las coacciones de la moda literaria o política, de modo que yo no voy a poner en duda el mérito de Los girasoles ciegos ni de ninguna de las ficciones sentimentales sobre la guerra y la posguerra que han tenido tanto éxito en los últimos años. Lo que sugiero, tan sólo como un ejercicio, es que se lean intercaladas con algunos de aquellos libros que no tuvieron el reconocimiento que merecían por el simple hecho de no haber sido escritos teniendo a favor los vientos caprichosos de la moda.

(Antonio Muñoz Molina. Escritor y académico de número de la Real Academia Española, sillón u. El País. 06 de septiembre de 2008)

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LOS ESPAÑOLES QUE PIDEN AUXILIO A GARZÓN

Familiares de desaparecidos hace 70 años temen morir sin haberles encontrado

Crecieron en hogares rotos en los que nunca se habló del que faltaba. Muchos sólo guardan de aquel fantasma una fotografía vieja del tamaño de un pulgar y el recuerdo de un par de caricias. Callaron y esperaron mucho tiempo -a que terminara la guerra, a que muriera Franco, a que llegase un Gobierno democrático- para reclamar su cuerpo y su memoria. Han tardado 70 años en superar el miedo a hablar de sus desaparecidos y ahora necesitan encontrarlos. A la mayoría no les queda mucho tiempo. Tres de los nombres que hay detrás de las denuncias que Garzón medita admitir a trámite explican a quién están buscando y por qué. Insisten en que no desean revancha. No quieren sentar en el banquillo a los culpables. Le piden a la Justicia que asuma la investigación y localización de más de 30.000 desaparecidos. Lo que el juez Garzón tiene sobre la mesa de su despacho es, explican los denunciantes, su única y última oportunidad de devolver la dignidad a los que murieron de espaldas, y "cerrar la herida".

MANUEL MUÑOZ (Hijo y hermano de desaparecidos): "Lo que me quede de vida voy a gastarlo en encontrarle”

De su padre sólo tiene una fotografía y un recuerdo: "Cuando volvía de trabajar en el campo, yo le limpiaba el barro de las botas mientras él me iba metiendo almendras en la boca, me acariciaba el pelo y me decía: 'rubio, qué malo eres", recuerda Manuel Muñoz, de 77 años. No es mucho, pero es suficiente para no olvidar que Miguel Muñoz existió. Aunque su familia no sepa aún donde está su cuerpo. Aunque durante años los registros y las instituciones a las que preguntó por él le dijeran: "No nos consta". Aunque su madre no cobrara nunca una pensión de viuda

Los falangistas fueron a buscar a Miguel Muñoz una madrugada de marzo de 1937 en Comares (Málaga). "Le ataron las manos con alambre y no le dejaron darle un beso a sus hijos", cuenta Manuel, que entonces tenía cinco años. A los tres meses, volvieron a por otro hombre con el mismo nombre. "Se llevaron a mi hermano para luchar con ellos en el frente. Un niño de 17 años, ¡pegando tiros junto a los asesinos de su padre!". No aguantó. "Se escapó y le cogieron enseguida. Le dijeron que si se entregaba a la Guardia Civil no le pasaría nada, pero lo mataron de una paliza".

En aquella casa aún recibirían una visita más. "La encarcelaron por ser mujer y madre de ocho rojillos. Deshicieron mi hogar en sólo 100 días. Se acabó el colegio, las caricias, la familia..."

Hoy, Manuel ha conseguido reunir un dossier sobre su padre y su hermano "que pesa un kilo". Lo tiene listo para el juez Garzón: "Voy a gastar lo que me quede de vida en devolver la dignidad a mi familia".

[Raskolnikof]

FILIBERTO GÓMEZ (Hijo de desaparecido): "Es de mi sangre, me duele que esté tirado en cualquier parte”

"Cuando lo encuentre, va a ser como conocerle y despedirme a la vez", explica Filiberto Gómez Fernández, de 72 años. "Tenía dos años cuando lo mataron con otros siete obreros del pueblo. No me acuerdo de él. Pero es mi sangre, y me duele que esté tirado en cualquier parte. Quiero enterrarle en el pueblo, con mi madre. ¿Quién no entiende eso?"

Filiberto trabajó durante 20 años como enterrador en el cementerio de La Almudena (Madrid) y cuando llegue el momento, le gustaría poder rescatar a su padre con sus propias manos. "Espero ser capaz. He inhumado y exhumado cuerpos millones de veces, pero no son lo mismo tus muertos que los de los demás", explica

No habría podido olvidarle aunque hubiese querido. "Empecé a trabajar en el cementerio en 1976 y los empleados más viejos hablaban de cómo por las mañanas tenían que echar cubos y cubos de arena en la tapia para tapar la sangre de los fusilamientos. En el banco se habla de dinero, y en el cementerio, de muertos”.

Fue al colegio por primera vez con 58 años, como conserje, tras dejar el cementerio. Su madre no pudo llevarle. También la condenaron a muerte, con su hermano recién nacido en brazos, aunque luego conmutaron la pena. "Vivíamos en un pajar, comíamos bellotas del campo", recuerda

"Me he preguntado muchas veces lo que pensaría mi padre mientras le apuntaban con el fusil sabiendo que dejaba cuatro hijos y otro en camino. Y si los que dispararon podrían mirar a sus hijos de la misma manera que antes. Pero no siento odio, ni pretendo vengarme”

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JAVIER JIMÉNEZ CORCHO (Nieto de desaparecido): "Sabía que iba a morir”

"Pendenciero, en constante persecución de los elementos de derechas. Cooperó con el mayor entusiasmo por el triunfo marxista durante el dominio rojo. Se sabe que era comunista antes de la iniciación del Movimiento Nacional", se lee en la sentencia de muerte de Pedro Corcho, jornalero. A su nieto, Javier Jiménez, le costó nueve meses hacerse con el documento, pero en poco más de un año ha conseguido reconstruir los últimos días en la vida de su abuelo, un hombre al que no conoció y del que apenas oyó hablar en casa, excepto por la abrumadora amargura de su abuela, "una mujer que siempre tuvo la cara triste y el pelo blanco", incluso de joven.

"Sé que estuvo en la cárcel de Yeserías y en Porlier, aquí en Madrid. Y tengo un documento del 18 de marzo de 1940 en el que dice 'entregado al piquete de ejecución", cuenta Javier Jiménez mientras saca multitud de documentos de una voluminosa carpeta que parece un acordeón. De uno de los pliegues, sale un dibujo. "Mi tía consiguió sacarlo de la cárcel después de que le asesinaran". Pedro Corcho ha dibujado cinco blocs de notas: en uno se leen los nombres de su mujer y sus hijas. En otros tres, la fecha de su nacimiento, detención y juicio. En el quinto ha dibujado un signo de interrogación. "Sabía que iba a morir, pero no qué día iban a fusilarle". En el margen, Corcho, de 29 años se despide de su mujer: "Fui feliz, mas el destino cruel me apartó de la cadena de tus brazos". Su nieto siente, 70 años después, "la obligación" y el deseo de volver a juntarles.

(Natalia Junquera. El Pais 07 de septiembre de 2008)