La recuperación de la memoria histórica

Efectivamente, como es bien conocido, Garzón rechazó en su día varias querellas contra Santiago Carrillo alegando que los delitos estaban prescritos y ponía de referencia a las amnistías producidas en 1975 y 1977, aceptando la tesis del fiscal de la causa, quien aseguraba en estricto cumplimiento del derecho, que cualquier posibilidad de delito había prescrito al haber pasado mas de 20 años desde que se cometió.

Hay que recordar que Garzón, en sus argumentaciones, llegó a acusar a los denunciantes (familiares de los fusilados en Paracuellos del Jarama), de abuso del derecho y de mala fe procesal.

A este magistrado le puede el afán de notoriedad y como acertadamente le describió Gustavo Bueno tiene un “complejo de Jesucristo para juzgar a los vivos y a los muertos”.

La impresión que siempre da con muchas de sus decisiones es que busca mas la notoriedad que el hacer justicia, instrumentalizándola para sus fines personales, pues sabiendo que no es competente para llevar este asunto, no solo lo acepta, sino que admite y promociona una providencia por la que oficia a innumerables entidades, públicas y privadas, para que le informen de muertes violentas, desapariciones, enterramientos anónimos y exhumaciones presuntamente incontroladas hasta ahora. No puede Garzón hacer legítimamente todo o parte de eso como Juez instructor, en el seno de un proceso penal, con el dinero de los contribuyentes y con el apoyo de funcionarios de la Administración de Justicia y de la policía judicial, pagados también por todos, si lo podría hacer como investigador privado. Sin embargo, Garzón lo quiere hacer como Juez y entonces actúa contra Derecho y con manifiesto y gran abuso de su función. Eso es jurídicamente inaceptable.

Es humano que haya quienes quieran enterrar a sus muertos, que las familias de los desaparecidos de cualquier bando quieran tener los restos localizados, pero no el querer aprovechar la exhumación para volver a enfrentamientos que felizmente, para muchos, estaban ya olvidados.

El fin de la historia negra de una guerra que nunca debió ocurrir acabo, para muchísimos españoles que creemos en la libertad, el 6 de diciembre de 1978, cuando los ciudadanos aprobamos por inmensa mayoría la Constitución y se promulgó una ley de amnistía.
Esta actitud del Gobierno parece que en vez de ofrecer una reparación a las familias de las víctimas del franquismo lo que en realidad pretende es responsabilizar a la derecha de ahora de lo que ocurrió hace setenta años