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« : 14 de Febrero 2007, 11:34:49 » |
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El Tribunal Superior vasco asegura que no busca «criminalizar el diálogo» sino «comprobar hechos»
ANTONIO SANTOS /BILBAO
Patxi López y Rodolfo Ares también tendrán que subir la escalinata del Tribunal Superior de Justicia del PaÃs Vasco. Los dirigentes del PSE deberán seguir el camino de Juan José Ibarretxe y prestar declaración ante el juez de instrucción Roberto Saiz por la reunión que mantuvieron en julio pasado con una delegación de Batasuna -compuesta por Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria y Olatz Dañobeitia- en el hotel Amara de San Sebastián.
La Sala de lo Penal hizo público ayer el auto por el que desestima el recuso de súplica de la defensa socialista, al entender que «no cabe excluir más allá de toda duda razonable» que aquella cita no haya vulnerado la ilegalización de Batasuna. Además, explica por qué entiende que la conducta de López y Ares puede ajustarse en el concepto de «cooperación necesaria» para la comisión de un delito por parte de Arnaldo Otegi y compañÃa -en base al artÃculo 556 del Código Penal-, y rechaza que se pueda aplicar en este caso la sentencia del Supremo que exculpó al presidente del Gobierno y a su Gabinete de otro delito de desobediencia, tipificado en el artÃculo 410, al autorizar la citada reunión de San Sebastián. En una alusión directa a las crÃticas que han recibido en las últimas semanas, los magistrados aseguran también que con esta medida no pretenden «criminalizar el diálogo», sino «comprobar unos hechos».
El tribunal adoptó esta decisión con los votos a favor del presidente Fernando Ruiz Piñeiro y del magistrado Antonio GarcÃa, ponente del texto. La tercera componente de la Sala, Nekane Bolado, volvió a firmar un voto discrepante, como ya hiciera cuando se aceptó a trámite la querella presentada por el Foro Ermua y el PP. Bolado no aprecia «razones de peso» para proseguir con la causa.
La resolución dibuja un panorama desconocido en la polÃtica vasca: el lehendakari y el lÃder del principal partido de la oposición deben rendir cuentas ante la Justicia por entrevistarse con Arnaldo Otegi durante el alto el fuego de ETA. Un proceso que podrÃa llegar incluso a sentar a los representantes de PNV, PSE e izquierda abertzale juntos en el banquillo de los acusados.
El Tribunal Superior mantiene en el auto, fechado el 2 de febrero -apenas dos jornadas después de que Ibarretxe declarara ante Roberto Saiz-, unos argumentos muy similares a los que ha venido esgrimiendo en el caso del lehendakari. Los magistrados firmantes hacen un esfuerzo, no obstante, por explicar punto por punto el por qué de los pasos que han dado. Unas justificaciones extrapolables al proceso contra el jefe del Ejecutivo autónomo. El mimo que han puesto en la redacción del documento, de 20 folios, ha provocado incluso que aguardaran hasta ayer para hacerlo público, en vez de transmitirlo a las partes la pasada semana como estaba previsto.
La Sala comienza por exponer las razones por las que entiende que se deben admitir querellas como la presentada contra los socialistas. AsÃ, explica que las denuncias sólo pueden desestimarse «cuando los hechos no revisten caracteres de delito» o cuando la acusación «resulta manifiestamente falsa». De lo contrario, el juez «tiene la obligación» de abrir la instrucción para «averiguar y comprobar» los hechos y ver si son delito. «No se trata -insisten- de enjuiciar a fondo si los hechos que se imputan se ajustan estrictamente a la descripción de los tipos penales, sino de calibrar si la denuncia presenta un mÃnimo fundamento legal».
El auto describe, a continuación, el artÃculo 556 del Código Penal, que regula el delito de desobediencia, para, a continuación, relatar todos los detalles que rodearon a la reunión del hotel Amara. Tras citar la sentencia del Supremo que ilegalizó a Batasuna y recordar que la UE y Estados Unidos califican a esta formación como grupo terrorista, destacan que los tres representantes de la izquierda abertzale integran la mesa nacional de Batasuna y su comisión negociadora.
En este sentido, el auto incluye declaraciones previas de Patxi López y José Blanco sobre aquella reunión «con Batasuna», si bien especifican que el lÃder del PSE empleó «el sinónimo de izquierda abertzale». Por todo ello, los magistrados entienden que «no se puede excluir en este momento, de forma rotunda y con seguridad», que Otegi, Etxeberria y Dañobeitia -«actuando en nombre de Batasuna y no en el suyo propio»- desobedecieran la ilegalización de su partido y que Patxi López y Rodolfo Ares incurrieran en un delito de «cooperación necesaria».
Diferentes artÃculos
La resolución de la Sala de lo Penal dedica un apartado especial a la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de noviembre por la que no veÃa delito en la decisión de José Luis RodrÃguez Zapatero y de sus ministros de autorizar el encuentro entre el PSE y Batasuna. El Superior vasco entiende que esa resolución «no se opone ni contradice» el paso que los jueces vascos dieron ayer. Y lo justifica por tres motivos: «Los querellados son distintos» -en el caso resuelto por el Alto Tribunal no se incluÃa a los representantes de Batasuna y sólo se analizaba la decisión de RodrÃguez Zapatero-; «los hechos tampoco son los mismos»; y el artÃculo que se aplica en esa sentencia es el 410, cuando en este caso se alude al 556.
El Superior considera, además, que en su actuación no hay un «fraude constitucional» y que no se pretende «corregir la acción de un gobierno», sino que la acción judicial se mantiene «con el exclusivo designio de esclarecer» unos hechos. En este punto, envÃa, sin citarles, un claro mensaje al PNV y al Gobierno vasco al subrayar que la decisión de ayer y la imputación a Ibarretxe «en modo alguno se puede interpretar, a no ser por ignorancia u ofuscación, como un intento de criminalizar el diálogo, o de impedir, restringir o condicionar el ejercicio de derechos fundamentales». E insiste en que las querellas contra el lehendakari y contra López no se hubieran admitido si en los hechos no estuviera implicado «un partido ilegalizado».
Toda esta teorÃa es desmontada por Nekane Bolado en su voto particular. La jueza, con el mismo criterio que la FiscalÃa, entiende que no hay delito alguno en la actuación de López y Ares, y que, aunque Batasuna sea ilegal, reunirse con los antiguos dirigentes de esa formación no es ilÃcito. En este sentido, recuerda el auto de Garzón que autorizó la cita de San Sebastián e insiste en que los dirigentes socialistas no tenÃan ninguna «orden expresa» de no reunirse con Otegi y compañÃa ni demostraron un «ánimo» de contravenir la ilegalización de la izquierda abertzale.
JUNTOS. El juez Roberto Saiz, a la izquierda, coincidió con Patxi López el sábado en la manifestación de Gesto por la Paz. / IGNACIO PÉREZ
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