A PESAR DE LA TREGUA...
Reclama entre 50.000 y 70.000 euros en un tono "poco agresivo" y asegura a los chantajeados que tendrá en cuenta «su aportación»ÓSCAR B. DE OTÁLORA o.b.otalora@diario-elcorreo.com/BILBAO
Viernes, 17 de noviembre de 2006
ETA ha enviado en las últimas semanas una nueva oleada de cartas de extorsión a empresarios vascos en las que les reclama una cantidad cercana de entre 50.000 y 70.000 euros. Como en otras misivas que han llegado después de la tregua de marzo,
la banda emplea un tono menos amenazante en su chantaje y exige a los empresarios «una contribución».Las cartas comenzaron a llegar a sus destinatarios en octubre y en las últimas semanas se ha producido un goteo de denuncias a los mandos de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Según fuentes de la lucha antiterrorista, cuantificar el número de misivas recibidas es complejo, ya que se tiene el convencimiento de que muchos empresarios no han denunciado la llegada de estos mensajes. En algunos casos, los destinatarios se han limitado a poner las hechos en conocimiento de las distintas patronales vascas.
Las cartas son idénticas a las remitidas el pasado mes de julio. En ellas, los terroristas exigen cantidades que oscilan entre los 50.000 y los 70.000 euros y se les asegura que el texto
es una forma de «invitarle a participar en la construcción del futuro» del País Vasco.
En la misiva se recuerda a los empresarios el proceso abierto en Euskadi tras el alto el fuego de las organización terrorista. «Euskal Herria se encuentra en un momento de cambio político» por lo que las cantidades exigidas son necesarias «en concepto de ayuda económica para el proceso de liberación y construcción nacional», agregan. Las cartas están en escritas en euskera y en castellano e incluyen el organigrama de la banda para autentificar su origen. Las cartas -fechadas en septiembre-
se despiden con un «respetuoso y cálido saludo revolucionario».Investigación
La primera vez que se tuvo conocimiento de estas cartas fue en julio cuando el presidente de la patronal navarra, José Manuel Ayesa, denunció que asociados suyos estaban siendo objeto de este tipo de extorsión.
En ese momento, ni el Gobierno ni los máximos responsables del Ministerio de Interior quisieron afirmar con certeza que la banda estuviese detrás de estos intentos de chantaje y aseguraron que se había abierto una investigación para determinar cuál era su origen.
Por entonces, el Ejecutivo que preside Rodríguez Zapatero se encontraba inmerso en el denominado 'proceso de verificación' con el que intentaba establecer si la voluntad de ETA de detener su actividad era sincera y, por lo tanto, podía plantearse un diálogo con la banda «en ausencia de violencia», tal y como establecía la resolución del Congreso de los Diputados de mayo de 2005 que autorizaba al presidente a intentar contactos con ETA. En aquellas fechas se había producido ya el ataque de violencia callejera a la ferretería de un edil de UPN de Barañain, que el Gobierno central consideró ajeno a la actividad de la organización armada o de Batasuna y atribuyó a grupos de incontrolados.
Problemas económicos
Las cartas del mes de julio, por otra parte, llegaron un mes después de que una el Cuerpo Nacional de Policía desmantelase en Irún una red de cobro del 'impuesto revolucionario' que llevaba más de veinte años operando en el País Vasco. Esta trama tenía su centro en el bar Faisán de Irún, propiedad de Joseba Imanol Elosúa, por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska de dirigir al grupo de personas que se encargaba de enviar las cartas de extorsión y de canalizar más tarde los pagos hacia ETA. Durante la operación
se encontraron evidencias de que esta célula vinculada al 'aparato financiero' de la banda había continuado trabajando después del alto el fuego, en gran parte, gestionando el cobro del chantaje a algunos empresarios que habían aplazado los pagos de la extorsión.
El presidente de la patronal navarra, -que la pasada semana ya denunció la existencia en Navarra de una nueva remesa de cartas-, se preguntó ayer por qué «las fuerzas de seguridad, la Delegación del Gobierno o el Ministerio de Interior no admiten que se está produciendo esta extorsión». En opinión de José Manuel Ayesa, si él dispone de las cartas y no le cabe duda de que están llegando
«no me cabe en la cabeza que ni las autoridades judiciales, las políticas ni los medios policiales tengan la misma certeza que yo». «Que todo el mundo tenga la seguridad de que cuando nos decidimos a hacer una denuncia es porque tenemos la constancia real». 
