En defensa de la Constitución

• Oponerse, como hace el PP, a renovar la Carta Magna es uno de los mayores ataques a su estabilidad

JAVIER Pérez Royo
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla

En todas las democracias normalizadas, el instrumento de defensa de la Constitución son las cláusulas de reforma. Ése fue uno de los grandes descubrimientos del constituyente de EEUU en 1787.
Por primera vez se diferenció normativamente el poder constituyente de los poderes constituidos, se limitó la potestad de estos últimos para modificar el resultado del pacto constituyente actuando de manera ordinaria y se contempló un procedimiento para que se pudiera revisar de manera jurídicamente ordenada el contenido del mencionado pacto. La reforma se definió simultáneamente como el límite jurídico que impediría que se creara derecho anticonstitucional por los poderes constituidos, pero también como el cauce jurídico a través del cual la sociedad podría proceder a renovar, cuando fuera necesario, el pacto constituyente originario.
En esa combinación de límite y cauce radica el lugar de la reforma como instrumento de defensa de la Constitución. Debe impedir que sea vulnerada, pero debe también posibilitar que se adapte a los cambios que inevitablemente se producen en sociedades que son extraordinariamente dinámicas. A trancas y barrancas, el instituto de la reforma se fue imponiendo en el constitucionalismo europeo. En el día de hoy ya nadie discute que es el instrumento de defensa por excelencia de la Constitución democrática, en el que descansa su propio valor normativo.
Pero más importante que este consenso teórico es el consenso práctico que se ha ido produciendo en el uso de la reforma por todos los países democráticamente constituidos. Pues lo decisivo es esto último. Todos los países democráticamente constituidos se caracterizan porque reforman periódicamente sus constituciones. Son democráticos, se mantienen como países democráticamente constituidos, porque reforman sus constituciones; y reforman sus constituciones porque están democráticamente constituidos.
El uso de la reforma es uno de los mejores indicadores de la salud de la democracia, en la medida en que, a través de ella, se produce la renovación del pacto constituyente, la incorporación a éste de los ciudadanos que no pudieron participar en él. A través de la reforma se expresa la solidaridad intergeneracional, que es la única que puede dar estabilidad indefinida a una fórmula de convivencia. De ahí que, cuando un país no es capaz de reformar su Constitución, tenga problema muy serio.

ESTO ES lo que ocurre en España. Mejor dicho, esto es lo que ha venido ocurriendo en España desde que se inició la aventura del Estado constitucional a principios del siglo XIX. Éste es uno de los hechos diferenciales del constitucionalismo español respecto del constitucionalismo europeo occidental. Los demás países europeos han hecho uso en el pasado, y siguen haciendo uso en el presente, de la reforma. En España, por el contrario, nunca hemos sido capaces de reformar la Constitución, sino que periódicamente hemos cambiado de Constitución.
Seguimos sin ser capaces. Con la Constitución de 1978 hemos levantado muchas de las hipotecas que habían lastrado la posibilidad misma de estabilizar un régimen constitucional de nuestro país, pero nos quedan algunas por levantar. Y entre ellas destaca nuestra incapacidad para reformar la Constitución. Parece que los españoles únicamente somos capaces de ponernos de acuerdo para fijar nuestra fórmula de convivencia cuando no tenemos más remedio que hacerlo. Nuestros pactos constituyentes son resultado de la necesidad y no de un acuerdo voluntariamente alcanzado en condiciones de libertad.
Tras la muerte del general Franco, nos pusimos de acuerdo porque no podíamos no ponernos. Pero transcurridos 30 años desde entonces, y después de 27 años de vigencia ininterrumpida de la Constitución, somos incapaces de llegar a un acuerdo para introducir alguna reforma, a pesar de que todo el mundo coincide en que hay algunas, como la del Senado, que son imprescindibles. En España, el pacto constituyente ha sido siempre expresión de la necesidad y no de la libertad. Tenemos que demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de renovar nuestra voluntad de vivir juntos porque queremos y no porque no tengamos más remedio que hacerlo. Eso es lo que significa la reforma.

BAJO este signo empezó la actual legislatura. Frente al cierre constitucional progresivo del PP, que pasó de llevar la reforma constitucional del Senado en su programa electoral de 1996 a la anatematización de cualquier propuesta de reforma como un acto anticonstitucional desde que llegó al Gobierno, el partido socialista, como consecuencia de la renovación generacional de su dirección, ha convertido la reforma del bloque de la constitucionalidad --Constitución y estatutos-- en uno de los ejes vertebradores de su política.
No parece que el proyecto socialista vaya a abrirse camino. A menos que la posición del PP cambie de manera radical, las reformas que se hagan serán las que puedan hacerse sin contar con él, como previsiblemente ocurrirá con la reforma del Estatut y, muy probablemente también, con la del Estatuto andaluz.
Quiere decirse, pues, que estamos entrando en una fase de estancamiento constitucional preocupante. El cierre ante cualquier tipo de reforma, disfrazado de defensa de la Constitución, ejemplificado de manera elocuente por la concentración promovida por el PP este sábado en la Puerta del Sol, es un pésimo indicador del estado de salud de nuestro texto constitucional. Lo que formalmente se presenta como defensa de la Constitución es materialmente uno de los mayores ataques que pueden dirigirse a la misma. La evidencia empírica de que disponemos indica de manera concluyente que las constituciones que no se reforman mueren.

Leyendo la prensa, encontré este articulo.
Tal como está escrito, lo he pegado.