Wanagy
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Saluditos desde Tenerife
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« Respuesta #3 : 24 de Noviembre 2004, 01:58:41 » |
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Las obras en los puertos de Granadilla y Santa Cruz darán comienzo este año (22/07/04): Gobierno, Puertos, Cabildo, alcaldes y trabajadores alcanzan un acuerdo El documento fue firmado por los presidentes del Gobierno de Canarias y el Cabildo y la Autoridad Portuaria ?Adán Martín, Ricardo Melchior y Luis Suárez, respectivamente? los alcaldes de Santa Cruz y Granadilla, Miguel Zerolo y Jaime González Cejas, el presidente de la Fundación de Estudios Portuarios, Víctor Díaz, el presidente del comité de empresa de Sestife y el representante de los consignatarios, Eduardo Álvarez Hamilton. El documento habla de un sistema portuario integrado para Tenerife y da luz verde tanto al desarrollo del puerto de Santa Cruz como a la construcción de la nueva infraestructura de Granadilla. El acuerdo prevé que el puerto sureño funcione como complementario al de la capital, donde se realizarán actuaciones para aumentar la superficie de contenedores, de modo que puedan comenzar a realizarse operaciones de transbordo. Las obras se realizarán en la dársena del Este y El Bufadero. Para optimizar el rendimiento, también se mejorarán los viales de conexión entre el puerto y el Norte y el Sur de la Isla. Esta apuesta decidida por el aprovechamiento e impulso del puerto de Santa Cruz constituye la mayor novedad del documento y responde a la propuesta formulada por los trabajadores portuarios y planteada por el Cabildo con ocasión de la polémica suscitada acerca de si Granadilla sustituiría a Santa Cruz para que la capital quedase para tráfico de pasajeros y cruceros. El representante de los estibadores, Onésimo Noda, mostró su satisfacción por un acuerdo que permitirá "tener puerto para rato y crear empleo cualificado". Las obras de Granadilla también comenzarán este año y se espera que estén listas en 2011. La financiación procede de fondos europeos y de la Autoridad Portuaria. El proyecto del puerto sureño será el que pasó la declaración de impacto ambiental Según el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Suárez Trenor, explicó que el proyecto del puerto de Granadilla será el mismo que pasó la declaración de impacto ambiental, con una línea de atraque de unos 1.200 metros cuadrados y unas 60 hectáreas de superficie portuaria". Respecto a la ampliación del puerto de Tenerife, Suárez Trenor señaló que "nosotros nunca hemos dicho que no pudiese ganarse espacio, sino que no podían construirse más dársenas". González Cejas dice que la conexión con el aeropuerto deberá impulsarse en breve El alcalde de Granadilla, Jaime González Cejas, explicó que en los próximos meses deben desbloquearse en el Cabildo los expedientes relativos al sistema viario que debe conectar el puerto de Granadilla con el aeropuerto Reina Sofía, además de la rotonda y el enlace de San Isidro, prioritarios para el puerto. "Las infraestructuras sanitarias y educativas que necesitamos para ponernos al día empezarán el año próximo", dijo. Adán Martín anuncia la creación centro de observación y control del impacto ambiental El presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, comentó que el puerto de Granadilla tendrá todas las garantías ambientales y que, en ese aspecto, está a la vanguardia de España y tal vez de Europa. En ese sentido, anunció que en documento firmado ayer se incluye la creación de un centro multidisciplinar de observación y control del impacto medioambiental de la actividad portuaria. (La Opinión 22/07/04)
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Colectivos sociales se unen contra las obras que exigen los empresarios (14/07/04):
Grupos de toda índole preparan una gran asamblea para el próximo sábado. Colectivos de toda índole, desde pacifistas y ecologistas hasta profesores universitarios, asociaciones de vecinos, artistas y comerciantes, se han unido en una plataforma ciudadana para luchar contra las grandes obras exigidas por un grupo de empresarios para Tenerife, principalmente el puerto de Granadilla, el tendido aéreo de alta tensión del Sur y la segunda pista del Reina Sofía. El próximo sábado, día 17, está prevista una asamblea general en el instituto La Laboral, de La Laguna, en la que todos los colectivos y particulares contrarios a este modelo de desarrollo están invitados a exponer sus ideas sobre las futuras movilizaciones. Será a partir de las 10 de la mañana y se espera decidir el organigrama de un movimiento ciudadano que recogería el espíritu de la manifestación de Vilaflor del 23 de noviembre de 2002. Así se decidió en una preasamblea celebrada el pasado lunes en el colegio mayor San Fernando de la Universidad de La Laguna, con más de 150 representantes de agrupaciones y corrientes de muy diversa procedencia que adoptaron darle un contenido global a la reivindicación. Como explicó Mayte Bravo, de la Plataforma Ciudadana contra el Puerto de Granadilla, "se ha decidido plantear una oposición frontal a las exigencias de una minoría ciudadana, encabezada por los empresarios, que no representan, ni mucho menos, los intereses de la ciudadanía, sino los suyos propios". En esta reunión del colegio San Fernando estuvieron profesores universitarios, representantes de colectivos ecologistas (Ben Magec, ATAN, TEA...), asociaciones vecinales (Plataforma contra el Puerto Deportivo de Valleseco, Asociación de Vecinos de El Médano), pacifistas (Plataforma contra la Guerra de Irak y colectivo contra el radar de Malpaso), comerciantes, periodistas, artistas, sindicalistas, abogados, etc. Hubo unanimidad a la hora de lamentar la ofensiva empresarial escenificada hace dos semanas con la cumbre del Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife y, sobre todo, la presencia en ese foro de representantes políticos de las instituciones tinerfeñas.
Se prepara una manifestación:
Esta plataforma planteará un plan de acciones, con un calendario definido, que incluye una campaña de información sobre las razones por las que se oponen a lo que denominan como "una nueva estrategia especulativa", con documentos y estudios que censuran el tremendo impacto ambiental de estas infraestructuras, algunos elaborados por las propias administraciones. Además, se preparan movilizaciones de diferente calado entre las que se baraja una manifestación en Santa Cruz entre octubre y noviembre, y un programa para hacer públicas las alternativas de obras que sí consideran urgentes para el bien común: aumento del desarrollo de las energías renovables, ampliación del puerto de Santa Cruz, construcción de los hospitales del Norte y del Sur y un notable incremento en los presupuestos sociales y culturales. Por lo pronto, se ha confirmado la asamblea del próximo sábado, día 17; una cena de recaudación de fondos de la Plataforma Ciudadana contra el Puerto de Granadilla, el 23 de julio en el Porís de Abona; y una concentración de protesta en la playa de El Médano, el 26 de agosto.
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Parar el puerto de Granadilla llevaría a Tenerife a la "decadencia económica":
Así lo aseguran los máximos responsables de la Cámara de Comercio provincial y de la patronal Facca, que ayer expresaron de manera pública su apoyo a la demanda de la CEOE-Tenerife de que se inicien cuanto antes las obras de construcción de una infraestructura que consideran vital para el futuro de la Isla. La Cámara de Comercio de Tenerife y la Federación de Alimentación y Artículos de Consumo de Canarias (Facca) compartieron ayer la tesis de la CEOE-Tenerife de que sólo si se construye el puerto de Granadilla será factible acabar con el agravio comparativo que supone el sobrecoste en el transporte marítimo de mercancías que sufren los importadores de la provincia de Santa Cruz de Tenerife en relación a los de Las Palmas. Ambas organizaciones empresariales dejan claro que es "una absoluta discriminación que no sólo afecta a los empresarios, sino que repercute directamente en el bolsillo de los consumidores". La escasa participación del Puerto de Santa Cruz en el negocio de la distribución internacional de mercancías y el asentamiento de los tráficos internacionales en el puerto de Las Palmas están provocando un mayor coste de aprovisionamiento a los empresarios importadores de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. "El incremento en el coste del traslado de la mercancía incide no sólo en los importadores, sino en los distribuidores, comercios minoristas y, en definitiva, en el consumidor. De hecho, en estos momentos, la cesta de la compra es más cara en Tenerife que en Las Palmas y no digamos en el resto de las islas de la provincia", en palabras del presidente de Facca, Eulogio Hernández. Asimismo, considera que "una de las soluciones prioritarias que se debe abordar es la mejora de la infraestructura y de los servicios portuarios, tanto con la ampliación del Puerto de Santa Cruz como con la inmediata construcción de un gran puerto como el de Granadilla, porque esto abarataría en gran medida los costes que hoy soportamos los empresarios". Para el presidente de la Cámara de Comercio, Ignacio González Martín, "esta situación de discriminación es otro de los motivos que debe llevar tanto al Gobierno regional como al Cabildo insular y a la Autoridad Portuaria de Tenerife a dejarse de titubeos y desarrollar cuanto antes la anunciada ampliación del Puerto de Santa Cruz y el inicio inmediato de las obras del puerto de Granadilla, así como el acondicionamiento de instalaciones especializadas en el resto de las Islas". En este sentido, insiste en que Tenerife "no podrá conformar una sólida estructura empresarial, con proyección comercial y presencia en los mercados internacionales, mientras no se desarrolle una infraestructura portuaria de primer orden". Considera que "la ampliación del Puerto de Santa Cruz y la puesta en marcha del Puerto de Granadilla, con su alianza estratégica con el aeropuerto del Sur y con el Polígono Industrial, configurarían una oferta logística integrada y orientada a la promoción y comercialización de Tenerife como plataforma logística atlántica". Advierte de que "la inadaptación de las instalaciones portuarias a las nuevas formas de organización y trabajo va a acarrear, sin duda, la decadencia y la pérdida de competitividad de nuestras Islas, que se puede traducir en una situación de deterioro económico, ya que gran parte de la actividad económica insular depende del transporte marítimo y, por ende, de la actividad de las instalaciones y los servicios portuarios". (El Día 07/05/04)
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Una investigación necesaria. Por Carlos E. Rodríguez (22/07/04):
Fue muy importante, el pasado viernes, la salida a escena del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (SEPCA), denunciando el secuestro de información medioambiental a los canarios y en concreto, la suplantación de informes que afectan al futuro Puerto de Granadilla. En la situación que atraviesa el Gobierno canario, el papel de los empleados públicos cobra singular relieve, porque les alcanza el compromiso moral de ser custodios de la honestidad administrativa. Un modesto funcionario necesita, a veces, mucho valor personal, porque los tentáculos de la corrupción son poderosos e implacables. Si las acusaciones lanzadas por el portavoz del SEPCA, Luis Ladeveze, son ciertas, y hay que suponer que nadie imputaría hechos tan graves sin disponer de datos y pruebas al respecto, estaríamos ante un motivo de exigible crisis de gobierno. ¿Es cierto o no que, en relación con el Puerto de Granadilla, la viceconsejería de Medio Ambiente hizo caso omiso de un informe de sus propios técnicos y envió al Ministerio de Medio Ambiente otro informe, de conclusiones contrarias, firmado por la propia viceconsejera y no por un técnico? Si es cierto ¿no sería razonable la intervención de la Fiscalía? Desde la trinchera de enfrente, las declaraciones del político Ángel Llanos son la prueba del nueve de que la upenización avanza, al menos en determinados órganos, como el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz. Al amparo del tibio pretexto de que el PSOE puede retirar inversiones ya acordadas por el PP a Tenerife, para favorecer compromisos de Zapatero "con partidos independentistas de otras regiones" -analice el lector la peculiar construcción semántica del argumento-, Llanos, que es portavoz del PP en el Cabildo, oficia espléndidamente de portavoz de los intereses de ATI, con lo que deja confirmado el papel de apéndice de ATI asumido por el actual PP tinerfeño. Nada dice Llanos de las procelosas cuentas halladas por Solbes en Fomento y que obligarán necesariamente a replantearse las inversiones del Estado, de los 5.600 millones de deuda de Renfe, de los 6.360 millones aportados al órgano gestor de la red ferroviaria (GIF), de los 1.540 millones dotados a las sociedades estatales de aguas, de los 6.000 millones de deuda de una AENA que ha comprometido un plan de infraestructuras de 13.000 millones hasta 2007... De momento, Solbes ya advertido que en este año 2004 habrá que añadir un 0,78% del PIB al déficit previsto del Estado, por supuesto sin contar Comunidades autónomas ni Ayuntamientos. De momento, la situación obligará al Gobierno a incorporar la transparencia a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, incluyendo los avales concedidos y los compromisos de gastos adquiridos con cargo a futuros ejercicios. En estas circunstancias, si el Estado tiene que replantear inversiones en Tenerife, o en cualquier otro sitio, no será para atender compromisos con partidos independentistas, como pretende Llanos, sino para establecer prioridades de recursos que no son ilimitados. Pongamos un ejemplo sencillito. ¿Qué es más importante y conveniente para Tenerife? ¿El cierre del anillo insular por autovía o el capricho de ese tranvía entre Santa Cruz y La Laguna que probablemente traerá más problemas que utilidades, si es que tiene alguna? En puridad democrática, la denuncia del SEPCA debiera obligar a una investigación parlamentaria a fondo en torno a temas como el puerto de Granadilla, la segunda pista al norte del aeropuerto de Tenerife Sur y el dichoso tranvía. La cuestión principal a dilucidar no es si son infraestructuras necesarias -la segunda pista de TFS no lo es, se mire por dónde se mire- o convenientes, sino en qué medida responden a intereses generales de Tenerife, incluyendo la necesaria protección medioambiental de la isla, o a expectativas de negocio de intereses particulares vinculados a la política. Iniciativa tan demagógica y con tantos indicios de haber sido promovida desde un concreto núcleo de intereses particulares, como la plataforma política-empresarial de apoyo a las infraestructuras, es natural que suscite las peores sospechas. ¿Acaso los que reclaman actuaciones no letales para el medio ambiente, o piden transparencia en todo lo que rodea las decisiones, son unos cernícalos que se oponen al progreso y las infraestructuras? Si la denuncia del SEPCA contra la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio resultase cierta, habríamos pasado de las sospechas lógicas a los indicios racionales de corrupción. (Carlos E. Rodríguez)
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