California y su respuesta a la crisis

No hay duda de que estar en la cárcel es duro, pero si uno está en una cárcel de California, la cosa se pone peor. Aunque para algunos presos la situación puede cambiar y convertirse en inesperadamente beneficiosa. Y es que el gran estado del Pacífico atraviesa por una situación financiera desastrosa y sus problemas económicos también están afectando a la población reclusa.

Durante décadas, los expertos han debatido cómo disminuir el número de personas encarceladas en EE.?UU. sin llegar a ninguna conclusión que se decidieran a aplicar. Pero a partir del año próximo, California va a excarcelar a unas 6.500 personas. La razón no puede ser más simple: no tienen dinero para mantener a todos los presos que hay en el estado.
California dedica un 11% de todo su presupuesto al sistema penal, lo que representa unos 8.000 millones de dólares anuales, una cantidad mayor que la que destina a educación superior. Y es que ese estado tiene a 167.000 personas encarceladas.
Y esos miles de personas literalmente ya no caben en las instalaciones carcelarias con las que cuenta California. El estado hubiera debido construir nuevas prisiones, pero lleva meses intentando evitar la bancarrota, por lo que su situación financiera no le permite acometer nuevas y costosísimas infraestructuras.
Como no hay nuevas cárceles que acojan a los nuevos reclusos, el estado ha optado por hacinarlos en las existentes. Algunas de ellas tienen un 100% más de presos que los que están preparadas para albergar. Todas las cárceles del estado han debido habilitar parte de sus instalaciones como celdas y los gimnasios, y otras salas de esparcimiento se han llenado de literas.

Cuanto más superpoblada está una cárcel, más violenta se vuelve. Eso, unido a que una sentencia judicial obliga al estado de California a acabar con el hacinamiento y a que el gobierno californiano no puede dedicar más proporción del presupuesto a construir nuevas penitenciarías, ha llevado a las autoridades a planear como solución las excarcelaciones masivas.
Para hacerlo realidad están cambiando las leyes de libertad condicional. Lo cierto es que hasta ahora esas leyes eran muy estrictas. Por ejemplo, una persona que estuviera en libertad condicional volvía a la cárcel si se saltaba una de las visitas a su agente de la condicional. A partir de ahora eso no será así. Solo en el caso de que sea nuevamente condenada por otro delito, esa persona volverá a prisión.
Además, las nuevas leyes buscan fórmulas para reducir condenas. En los casos de delitos relacionados con las drogas, se ofrecerá a los reclusos programas de rehabilitación y la realización de trabajo social para que puedan abandonar el presidio antes de cumplir la condena íntegra.
Uno de los aspectos que estudian las autoridades judiciales californianas es alguna fórmula que les permita reducir la tremenda tasa de reincidencia de los delincuentes en ese estado, que se encuentra en el 70%, la más alta de todo Estados Unidos.

Pero las medidas impulsadas por el gobernador Arnold Swarzennegger no cuentan con el apoyo de todos. Mientras los expertos en política penitenciaria de todo el país miran interesados la experiencia californiana, algunos de los legisladores de ese estado se oponen a las nuevas medidas con el argumento de que la excarcelación de los presos representa un peligro para la sociedad e incluso luchan por ampliar las penas para los delitos más violentos.
Sin embargo, los sindicatos que agrupan a los funcionarios de las prisiones alertan sobre una situación que está al borde de estallar. Denuncian que su trabajo se desarrolla en entornos que cada día tienen más riesgo físico y piden que las excarcelaciones sean mucho más amplias de lo que planea el gobernador. En concreto, piden que se ponga en la calle a 40.000 presos en los dos próximos años.

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California votará en noviembre una iniciativa para legalizar la marihuana. Hay organizaciones dispuestas a desembolsar millones de dólares para su causa y parte de la opinión pública se muestra favorable pensando en el dinero, vía impuestos, que reportaría al estado.

Lejos de una guerra entre 'hippies' y policías, los activistas de la legalización de la marihuana han logrado convencer a parte de la opinión pública de California que despenalizando y gravando el cannabis con impuestos al consumo ayudarán a llenar el profundo agujero fiscal del estado dorado.

También están seguros de que influenciarán al resto del país con su decisión.

"Debido a la recesión económica los votantes se dieron cuenta de que no pueden permitirse el lujo de malgastar el dinero privando a la gente de algo que es más seguro que el alcohol", dijo a la AFP Salwa Ibrahim, portavoz de la "Universidad Oaksterdam", en Oakland, al norte de California, instituto sin acreditación oficial dedicado a la enseñanza del cultivo y los beneficios medicinales de la marihuana.

Mucho dinero en juego
El fundador de Oaksterdam es Richard Lee, un conocido activista que además de haber fundado la escuela en 2007 -de la cual han egresado más de 5.000 estudiantes-, desembolsó 1,3 millones de dólares para patrocinar la campaña que permitió que la iniciativa fuera incluida en las elecciones de noviembre cuando California también elija al reemplazante del gobernador Arnold Schwarzenegger.

"La mayoría de los fondos vinieron de la enseñanza a los estudiantes y otros activistas que apoyan el control y el impuesto al cannabis", dijo Ibrahim al destacar las encuestas estatales que muestran que 56% de los electores de California apoyan la iniciativa.

"Cada día tenemos más adeptos. Las personas se han dado cuenta de que la violencia en México es causada por la prohibición al cannabis", apuntó Ibrahim, segura de que el apoyo a su causa proviene de gente "de todas las edades, razas y culturas".

Desde hace 14 años la marihuana en California es legal para uso médico pero la iniciativa contempla que su uso recreativo sea también legalizado.

Según las estimaciones de los activistas a favor, la legalización de la marihuana "puede aportar 1.500 millones de dólares de impuestos al consumo y arrojar otros mil millones en ahorros por gastos policiales y encarcelamientos".

Los contrarios no creen en el argumento económico
Pero los detractores no creen en ese argumento: "Esta medida virtualmente no tiene beneficios fiscales", dijo a la AFP John Lovell, miembro de la Asociación conservadora California Peace Officers, que reúne personal y organizaciones dedicadas a la protección policial y de la ley en el estado.

Según Lovell, la iniciativa "prohíbe al estado promulgar un impuesto sobre la marihuana y en realidad podría costar miles de millones en fondos federales a California".

La eventual legalización del cannabis "aumentará el uso de droga entre los chicos, aumentará las muertes en las carreteras, aumentará el crimen y el estado perderá miles de millones de fondos federales", apuntó Lovell.

Ambos grupos están seguros que en noviembre triunfarán, pero Lovell reconoció que aquellos que buscan convertir a California otra vez en el estado de vanguardia en Estados Unidos, cuentan con más dinero.

"Vamos a recaudar dinero suficiente para derrotar la iniciativa. Los que la propusieron recaudarán más, pero vamos a ganar", advirtió Lovell sobre la iniciativa, que permitiría a las personas mayores de 21 años poseer hasta una onza (casi 30 gramos) para uso personal y cultivar poco más de 2 metros cuadrados de marihuana por residencia o parcela.

En la actualidad la posesión de una onza o menos es considerada un delito menor que se multa con 100 dólares en California, el único estado del país que tiene dispensadores y promueve la venta del cannabis.