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« : 22 de Marzo 2009, 15:10:23 »

El PP pide que se retire el POTA por tener paralizados los PGOU del 80% de los ayuntamientos
Culpan a la Junta de aplicar un “intervensionismo desmesurado” en la autonomía municipal

NURIA PÉREZ CAMPAÑA. SEVILLA
Actualizado Martes, 10-03-09 a las 12:36

El PP de Sevilla pidió ayer a la Junta que derogue el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) por su “intervensionismo desmesurado” en la autonomía de los municipios y haber paralizado los PGOU del 80 por ciento de los ayuntamientos de la provincia. Así lo apuntó ayer la parlamentaria andaluza popular y vicesecretaria de Ordenación del Territorio del PP-A, Alicia Martínez, tras reunirse con los alcaldes populares de Pilas y Bollullos de la Mitación, José Leocadio Ortega y Antonino Gallego, así como el primer teniente de alcalde de Espartinas, Javier Jiménez; el portavoz del PP en Dos Hermanas, Manuel Alcocer; y el vicesecretario de Ordenación del Territorio del PP de Sevilla, José Miguel Luque, entre otros.

Martínez reclamó al Gobierno autonómico que “rectifique” su posición después de que el Tribunal Superior de Justicia haya dada la razón al Ayuntamiento de Burguillos, que vio como en mayo de 2006, la administración autonómica le obligaba a excluir de su PGOU dos sectores de suelo para levantar hasta 2.300 viviendas. La parlamentaria acusó a la Junta de ser “la única responsable del caos y descontrol urbanístico” pues “no ha sido capaz de aplicar políticas eficaces, sino sólo de poner trabas a los municipios en materia de desarrollo y promoción económica”. Subrayó así que tan solo siete municipios -Lora, Olivares, Pruna, La Rinconada, Tomares, Sevilla y Villanueva del Ariscal- tienen aprobado su PGOU conforme a la Ley de Ordenación Urbanística del 2002, y que otros siete lo tienen en aprobación provisional, mientras que el resto “están pendientes de tener un instrumento legal que les permita hacer ciudades sostenibles”.

Para Martínez, lo ocurrido en Burguillos “que se dotó de un instrumento legal para construir viviendas”, sucede “con todos los alcaldes y portavoces que redactaron sus proyectos de ciudad desde la autonomía municipal cumpliendo con lo que era la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)”. “En medio del proceso -agregó-, la Junta aprobó el POTA –en diciembre de 2006- como instrumento de intervención y limitación de dicha autonomía encorsetando a los ayuntamientos a los que no se les permitió crecer en la medida de sus posibilidades”.

La parlamentaria del PP culpó igualmente a la Junta de la repercusión del POTA en el paro ante los datos “graves” registrados en la provincia de Sevilla y que cifró en 180.719 desempleados, de los que 33.297 proceden del sector de la construcción. Responsabilizó así al Gobierno autonómico de que “no haya suelo para construir viviendas protegidas” a causa de “esas sucesivas normas que ha ido imponiendo y que ha provocado la asfixia económica y que la demanda de vivienda no tenga respuesta en los ayuntamientos”.

Martínez recordó que el momento en el que se aprobó el POTA, “se recurrió” e incluso se pidió una medida de suspensión cautelar del plan en un proceso “que seguirá adelante”. Por su parte, el alcalde de Pilas, cree que a la Junta le corresponde, tras el fallo del TSJA, paralizar la aplicación del POTA porque “sabe que es un error” de ahí que “ni siquiera haya recurrido la sentencia”. Recordó al respecto que en 2006, el Gobierno autonómico suspendió el desarrollo de Burguillos “a sabiendas de que estaba incumpliendo la ley pero imponiéndole el modelo que ellos entiende de crecimiento” y que ahora, “debe dejar a los municipios avanzar en nuestro planeamiento porque sabemos lo que queremos para nuestros habitantes”. Acusó así a la Junta de crear “una confusión e inseguridad de tal calibre” que “muchos ayuntamientos no sabemos en qué estado de planeamiento nos encontramos”.

Mientras, Jiménez lamentó que la mayoría de los municipios “llevan casi tres años con sus planes generales paralizados por culpa del POTA” y advirtió de que “ha tenido que ser el PP quien salga a defender a todos los ayuntamientos” ya que “los alcaldes socialistas no se atreven a llevarle la contraria a su partido”. También el regidor de Bollulos criticó la intervención desmedida de la Junta en la autonomía municipal en tanto que “nos corresponde a los responsables políticos el diseño de las ciudades”. “No se puede tratar a un municipio de la costa como a uno de la sierra norte en base a criterios antiguos”, agregó Gallego que abogó porque “haya un control de ordenación, pero por parte de las comisiones de urbanismo”.

El PP-A ya ha pedido la comparecencia del consejero del ramo, Juan Espadas, ante el “carrusel” de delitos urbanísticos y el “intervencionismo sectario” de la Junta frente a lo que debería ser “un apoyo incondicional a los municipios”.
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