Grandes empresas médicas y farmacéuticas financian las campañas electorales en la gran potencia. Es lo que impide que se realice una reforma sustancial que universalice un sistema público de sanidad El proceso de las primarias de los partidos Demócrata y Republicano de Estados Unidos que termina este agosto ha sido presentado por gran número de comentaristas que escriben en las páginas de opinión de medios de información españoles como un indicador de la vitalidad, madurez y calidad democrática de aquel país. Ni que decir tiene que tal proceso ofrece muchas enseñanzas positivas que explican que se haya convertido en un punto de referencia internacional. Varios partidos en España y en Europa han introducido prácticas de gobierno interno claramente inspiradas en las primarias de los partidos mayoritarios estadounidenses.
Ahora bien, en el análisis de aquella experiencia de Estados Unidos hay dos hechos que no reciben suficiente atención crítica. Uno es que el sistema electoral no es proporcional, sino mayoritario. Es decir, el número de escaños que se asignan a un partido no es proporcional al número de votos que recibe. El sistema electoral favorece el bipartidismo, el cual requiere unas primarias que permitan conocer la fuerza de las distintas sensibilidades existentes en cada partido. En un sistema proporcional, tales sensibilidades probablemente serían partidos políticos.
El otro hecho que merece subrayarse y que disminuye la calidad democrática de las primarias (y de cualquier proceso electoral en Estados Unidos) es la financiación primordialmente privada del proceso. Los candidatos requieren grandes cantidades de dinero para tener acceso a los medios de información, de los cuales los medios televisivos son los más importantes. Las televisiones, todas ellas privadas, venden su espacio al mejor postor, sin límites y sin estar sujetas a ningún tipo de regulación en cuanto al contenido, al espacio o al tiempo de exposición.
Así, antes de comenzar la campaña de las primarias del Partido Demócrata, los dos candidatos más importantes, Barack Obama y Hillary Clinton, tenían ya recogidos más de 100 millones de dólares que provenían en gran parte de empresas financieras (como la banca y las compañías de seguros), empresas comerciales (como cadenas de supermercados), empresas manufactureras (como la industria farmacéutica), asociaciones profesionales (como la Asociación Médica Americana) y otros intereses económicos y profesionales (conocidos todos ellos en el lenguaje popular como componentes de lo que se llama en Estados Unidos la Corporate Class). Tales fondos proceden también de aportaciones de personas que pertenecen sobre todo al 40% de renta superior del país. Esta privatización en la financiación del sistema electoral discrimina a aquellos candidatos -en su mayoría voces críticas del sistema económico y político, con sensibilidad de izquierdas o centro-izquierda, tales como Kucinich y Edwards- que no pudieron conseguir fondos de la Corporate Class, y por lo tanto tienen muchas menos posibilidades de acceder al público.
Esta privatización del sistema electoral tiene enormes repercusiones en la configuración de las políticas públicas de los candidatos, incluidas las políticas que configuran el escasamente desarrollado Estado de bienestar. Un ejemplo de ello es la sanidad. El hecho de que los candidatos más importantes en las primarias de ambos partidos recibieran fondos de las compañías de seguros sanitarios privados (525.188 dólares Hillary Clinton, 414.863 Barack Obama y 274.729 John McCain), explica que ninguno de ellos haya propuesto una financiación pública del sistema sanitario que se caracteriza por una financiación privada gestionada por tales compañías de seguros. El aseguramiento privado es la forma más común de financiación de la atención sanitaria y se realiza bien mediante las aportaciones de los empleadores y de los empleados de las empresas a las compañías de seguros (que contratan la provisión de servicios con las instituciones sanitarias mayoritariamente privadas) o bien individualmente, siendo en este último caso difícil conseguir tal aseguramiento cuando la persona tiene una enfermedad crónica. El Gobierno Federal financia el aseguramiento sanitario de los ancianos, cubriendo cerca del 50% de sus gastos sanitarios.
Tal sistema es enormemente costoso. Estados Unidos se gasta un 16% del PIB en sanidad, calculándose que alcanzará el 20% en 10 años. Como contraste, España se gasta el 5,8% del PIB en sanidad pública, ofreciendo cobertura sanitaria completa a todos sus ciudadanos, y garantizando el derecho humano de tener acceso a los servicios sanitarios en tiempo de necesidad, un derecho no existente en aquel país.
Cuarenta y siete millones de habitantes no tienen ninguna cobertura sanitaria y no son suficientemente pobres para beneficiarse del programa federal Medicaid, un programa para personas pobres que es financiado conjuntamente con los Estados, y que atiende a menos del 20% de la población que se llama "indigente médica" (es decir, que no pueden pagar sus facturas médicas), porcentaje que varía de Estado a Estado, pues son los Estados los que definen el nivel de indigencia médica. Según el doctor David Himmelstein, profesor de Health Policy de la Universidad de Harvard, más de 100.000 personas mueren al año por no poder tener acceso a los servicios sanitarios por causas económicas. Esta dificultad para pagar las pólizas de seguros, copagos y facturas médicas es un problema generalizado y alcanza dimensiones de gran dramatismo humano: el 48% de las personas con una enfermedad terminal expresó en una encuesta reciente que estaba preocupado de cómo ellas o sus familiares pagarían sus facturas médicas. La imposibilidad de pagar las facturas médicas es la primera causa de bancarrota de las familias estadounidenses.
No hay duda de que Estados Unidos tiene excelentes centros médicos y la calidad del personal sanitario es elevada. Pero la inseguridad que crea en la población tal sistema de aseguramiento y financiación privada, su gran carestía y su enorme ineficiencia (el 28% del gasto sanitario total lo absorbe la Administración del sistema) es la causa del gran descontento de la población hacia la organización y financiación del sistema sanitario. El 69% de la población está insatisfecha con la financiación de la atención sanitaria (la población estadounidense es la población de la OCDE que está más descontenta con su sistema sanitario), lo cual explica que la reforma sanitaria se haya convertido en uno de los temas más importantes en las campañas de las primarias y presidenciales (para mayor detalle de las propuestas de los candidatos, ver
www.vnavarro.org, sección Estados Unidos).
En respuesta a esta insatisfacción, los candidatos están proponiendo políticas públicas que respondan a esta demanda de cambio. En realidad, el 62% de la población desea que el Gobierno Federal garantice el derecho de acceso a los servicios sanitarios a través de una financiación pública, tal como existe en la gran mayoría de países de la UE-15. Pero ninguno de los candidatos está haciendo propuestas que permitan alcanzar tal deseo. Y ello se debe a la enorme influencia que los grupos económicos, financieros y profesionales que dominan el sector tienen en la vida política, como consecuencia de la privatización del sistema electoral. Una influencia de la que la mayoría de la población es consciente y que explica la animadversión que gran parte de la población tiene hacia la clase política (un 74% de la población señala que el Congreso de Estados Unidos no representa sus intereses).
De ahí que todos los candidatos, Obama, Clinton e incluso McCain, se tuvieran que presentar durante las primarias como anti Washington (el centro de la clase política) y anti Corporate Class, siendo Barack Obama el que más se ha beneficiado de este sentimiento popular al haber estado en Washington sólo un par de años y haber expresado su oposición a la intervención en Irak cuando Washington apoyó tal medida. Ahora bien, es altamente improbable que en caso de salir presidente (hecho que favorezco), universalice el derecho de acceso a la sanidad por parte de la población, tal como en la práctica ocurre en España y en la mayoría de países de la UE-15. En realidad, una reforma sustancial de la sanidad y de otros servicios del Estado de bienestar estadounidense no tendrá lugar a no ser que haya un cambio muy profundo del sistema electoral.
(Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra, España, y profesor de Políticas Públicas y Sociales en la Johns Hopkins University, Estados Unidos. EL PAIS 06 de agosto de 2008)
