Bogart
Veteran@
Karma : 223
Sexo: 
Mensajes: 725
Quod non vetat lex, hoc vetat fieri pudor
|
 |
« : 2 de Junio 2008, 19:59:02 » |
|
A los últimos escándalos padecidos en la administración de justicia se une éste que afecta, nada menos, a la Presidenta del Tribunal Constitucional; aunque bien mirado no es de extrañar tampoco, dada la poca operatividad real de un tribunal por sus constantes polémicas y problemas creados con sus resoluciones; sin contar con la politización de sus miembros y el dirigismo gubernamental.
María Emilia Casas habló de violencia machista con la abogada que le pidió consejo
C. M./N. C./P. M. MADRID.
Las grabaciones de la conversación que la presidenta del Tribunal Constitucional mantuvo con una abogada contienen frases de María Emilia Casas que hacen referencia a la violencia machista. Dolores Martín, que en abril de 2007 estaba siendo investigada por ordenar el asesinato de su ex marido, al parecer habría relatado a la presidenta del TC que sufrió malos tratos. Miguel Ángel Salgado Pimentel había sido asesinado por un sicario el 14 de marzo de 2007, un mes antes de que la abogada Martín hablara con Casas y horas después de que un juez le diera la custodia de su hija.
Fuentes judiciales aseguran que del contenido de la conversación no se desprende responsabilidad penal alguna de María Emilia Casas. De hecho, el Tribunal Supremo se inclina por archivar las diligencias, conforme al criterio expresado por la Fiscalía, aunque la Sala aún debe determinar la conveniencia de que la presidenta del TC preste o no declaración. En un caso anterior, que afectaba al hoy fallecido Roberto García-Calvo, el Supremo tenía claro que debía citar al magistrado. Finalmente no fue así porque el querellante no ratificó la denuncia.
Las mismas fuentes también descartan que las palabras de la presidenta del Constitucional pudieran comprometer su imparcialidad para juzgar la ley de violencia de género, en esos momentos objeto aún de las deliberaciones del Tribunal, «pues cualesquiera que fueran los comentarios que hizo, se produjeron en el ámbito de una conversación privada».
Pese a ello, esas mismas fuentes creen que Casas, dado el cargo que ocupa, tiene que extremar las precauciones para evitar encontrarse en situaciones como la provocada por la grabación de la conversación y su posterior remisión al Tribunal Supremo ante la posible existencia de «indicios de delito». Por esta razón insisten en que su actuación es «éticamente reprochable y, en un país normal, habría desembocado en su dimisión». «Como representante de una alta institución del Estado, debe dar ejemplo», añadieron. Otras fuentes se inclinaron por considerar este episodio como una «simple imprudencia, una anécdota lamentable que sólo contribuye a empeorar la ya desgastada imagen del TC».
Cambio de actitud
La conversación de Casas con la letrada ahora en prisión se produjo a instancias de una conocida. El grueso de la misma transcurrió antes de que Martín revelara a la presidenta del TC que ella misma estaba siendo investigada por la Guardia Civil como sospechosa en el crimen de su ex marido. En ese mismo momento, Casas cambió de actitud, le facilitó el teléfono de un abogado y dio por concluida la comunicación.
Las fuentes judiciales consultadas mostraron también su «sorpresa» por algunas críticas a la actuación de la juez de Valdemoro y de la Guardia Civil en relación con este asunto y que ayer fueron recogidas por algún medio de comunicación. Los expertos consultados consideran que la instructora actuó «de la mejor forma posible, dado lo delicado del asunto» y con «absoluta discreción» sobre la actuación de la aforada. De hecho, en el momento en que se resolvió el crimen y antes de levantar el secreto de sumario -lo que da acceso a las diligencias a todos los abogados personados- elevó su escrito motivado al Tribunal Supremo para que fuera éste quien decidiera si existía algún indicio de delito en la actuación de Casas.
«Cuando ocurren este tipo de cosas, la situación de los jueces de instrucción es muy delicada, ya que deben decidir sobre algo que afecta a una persona aforada, lo que no es de su competencia -explican los citados medios-. Si archivan el asunto por su cuenta y luego trasciende algo se pueden ver en apuros, y si por el contrario lo envían al TS deben hacer una exposición motivada sobre posibles indicios de un delito que afecta a una persona a la que no pueden investigar. En estos casos, se les exige un análisis más profundo que el que tienen que hacer cuando se trata de admitir o no a trámite una querella sobre la que sí son competentes».
Sin valoraciones jurídicas
Aún más sorprendentes, según fuentes jurídicas y de Interior, son las críticas a la Guardia Civil por haber enviado el contenido de las cintas a la juez de Valdemoro, pues la conversación no afectaba a su investigación. «Tenemos que informar a la autoridad judicial de todo lo relevante que aparece en las intervenciones telefónicas, pues es ella la que debe valorar los hechos -sostienen responsables de los Cuerpos de Seguridad con muchos años de experiencia-. En este caso es aún más obvio, dado el cargo de la persona que aparece en la cinta. Naturalmente, lo que no se hace son valoraciones jurídica, que le corresponden al instructor».
En realidad, el caso es muy parecido al que afecta en el mismo sumario a Ana García Obregón. También los agentes encargados del caso informaron de esa conversación a la juez que, como hizo con la cinta de la presidenta del Tribunal Constitucional, aparcó el asunto hasta que estuvo resuelto el crimen por encargo.
|
