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Darthwolf
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« : 23 de Octubre 2006, 10:47:24 » |
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El alcalde socialista de Níjar permitió construir cuatro veces más de lo legal
PALOMA CERVILLA
abc.es
MADRID. Las irregularidades urbanísticas que ABC está desvelando en municipios de la Comunidad de Madrid no son más que un botón de muestra de una situación que, desde hace años, se está produciendo en otras comunidades, como en Andalucía.
Concretamente, en la provincia de Almería y, en particular, en los terrenos aledaños al Parque Natural Cabo de Gata y los municipios cercanos, se han detectado una serie de ilegalidades que han motivado la interposición de querellas criminales contra la ordenación del territorio por parte de la organización Ecologistas en Acción.
Uno de los casos más emblemáticos es el que se ha producido en el Ayuntamiento de Níjar, tras las denuncias sobre un supuesto trato de favor del alcalde socialista, Joaquín García Fernández, con uno de sus ex concejales, José Cayuela Carrique, con el que firmó un convenio urbanístico que le permitió casi cuadruplicar la edificabilidad de una urbanización en la zona de Agua Amarga, a cambio de la cesión de un terreno para zona verde, que nunca se llevó a cabo, siempre según la querella interpuesta por Ecologistas en Acción, a la que ha tenido acceso ABC.
En su querella criminal por supuestos delitos contra la ordenación del territorio, que podrían haber sido cometidos por este concejal, esta organización relata una serie de irregularidades que van más allá del incumplimiento del convenio urbanístico.
El citado ex concejal no sólo consiguió una edificabilidad cuatro veces mayor, sino que, aunque el máximo de viviendas que le autorizaban las normas subsidiarias era de 56, llegó a 90. En la querella se afirma que «el señor Cayuela, en el periodo de exposición pública de las normas subsidiarias, pidió aumentar el volumen de edificabilidad. El cambio le fue autorizado en base a que iba a realizar grandes cesiones al Ayuntamiento».
A raíz de la querella interpuesta por Ecologistas en Acción, el ex concejal, según la versión de éstos, argumentó que sí había cedido al Ayuntamiento el solar de 1,5 hectáreas, «pero el Ayuntamiento no sabía donde se ubicaba. Se le solicitó al ingeniero municipal que la situara, pero éste argumentó que no podía hacerlo porque no existía cartografía de la finca».
Otra de las irregularidades cometidas por el ex concejal es la construcción de su urbanización no sólo en sus terrenos, sino ocupando también otros aledaños de propiedad municipal. Sobre esta cuestión, el Ayuntamiento, con el objetivo de ocultar esta irregularidad, «modifica la linde del solar en el registro de bienes municipales y las sitúa en la finca de al lado», según Ecologistas en Acción.
Igualmente, José Cayuela, «en abril de 1997 comienza la construcción de seis viviendas y locales, parte de las cuales invadían la calle Madagascar», según la querella. El ex concejal levantó la acera y la desplazó tres metros.
Pero el ex concejal fue más allá, entre la urbanización construida y la carretera que une Agua Amarga y Carboneras estaba obligado a dejar 15 metros de zona verde, pero sólo dejó nueve. En agosto de 2000, «levantó el asfalto de la carretera, la desplazó hacia el sur, redujo su tamaño e invadió un aparcamiento público disminuyendo también su extensión», según aseguran las fuentes consultadas. El alcalde, según la querella, reconoció que «las obras de modificación del aparcamiento carecen de proyecto», pero añadió que fueron aprobadas por el Pleno. Sin embargo, la querella recoge que «el alcalde de Níjar, en un intento más de proteger a su ex concejal, trata de engañar al Juzgado pues dicho pleno se limitó a aprobar la instalación de marquesinas en todo el término municipal». El ex concejal realizó una permuta falsa con el Ayuntamiento de Níjar. En la querella se asegura que «si resulta escandaloso permutar 1.600 metros cuadrados municipales por 800 de los querellados, aún resulta más escandaloso si la finca que dicen aportar los querellados no es de su propiedad, ni jamás lo ha sido y que la finca que realmente aportan a la permuta es otra diferente, rústica, situada en las afueras del pueblo, sin valor alguno».
Usurpación
En definitiva, Ecologistas en Acción afirma que se han cometido «un delito contra la ordenación del territorio por invadir la calle Madagascar, dos más por construir en zona verde pública y edificar en un solar municipal y cinco delitos de usurpación por haber alterado los linderos de la calle Madagascar, los de la carretera, los del aparcamiento público de Agua Amarga, los del solar municipal y los de la finca falsamente permutada al Ayuntamiento» y le piden al ex concejal una indemnización de unos dos millones de euros por el daño causado al Ayuntamiento
Esta querella también se amplió contra el alcalde, pero fue archivada y ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial. Este colectivo advierte que llevarán estas irregularidades a la Fiscalía Anticorrupción.
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