Más "gestos por la paz"

El Gobierno espera que el Constitucional deje sin efecto la «doctrina Parot»

N. C. MADRID.

abc.es
La validez de la llamada «doctrina Parot» está en manos del Tribunal Constitucional, en el que el Gobierno confía para que devuelva las cosas a la situación anterior a la sentencia del Tribunal Supremo, que el pasado 28 de febrero estableció un nuevo sistema para que el cumplimiento de las condenas fuera efectivo.
Aquella resolución, de la que fue ponente Julián Sánchez Melgar y que recibió el apoyo de la mayoría del Pleno de la Sala Segunda -sólo hubo tres magistrados que discreparon en un voto particular- se dictó no sólo pensando en los terroristas de ETA, sino también en presos comunes especialmente violentos (a los que ya se ha empezado a aplicar) e incluso a los autores del 11-M, atentado que segó de un plumazo la vida de 191 personas. El argumento en el que se basa el Supremo se sustenta en una idea tan sencilla como lógica: los asesinos múltiples no pueden recibir el mismo trato penitenciario que los autores de un único crimen.
El nacimiento de esta novedosa doctrina -según la cual los beneficios penitenciarios no deben aplicarse sobre el periodo de máximo cumplimiento previsto en la ley (30 ó 40 años según sea el Código Penal de 1973 o de 1995) sino de manera individualizada y sucesiva sobre cada una de las penas, empezando por la más grave- se produjo justo un mes antes de que la banda terrorista ETA anunciara el «alto el fuego», pistoletazo de salida del llamado «proceso de paz».
Ocho meses después, cuando en la agenda de posibles compromisos del Gobierno con ETA se encuentra la excarcelación paulatina de los presos, la bautizada como «doctrina Parot» supone un obstáculo para la negociación. De ahí que, según fuentes consultadas por ABC, el Ejecutivo confíe en que el Tribunal Constitucional eche abajo la sentencia del Supremo, algo que en dichos medios se ve como «más que probable». En este sentido, señalan que el nuevo sistema de cumplimiento de las condenas supone «un lastre» para la negociación. La decisión que sobre este asunto tome el Constitucional es pues «de vital importancia» para el Ejecutivo socialista.
El recurso que la defensa del etarra Henri Parot presentó en marzo contra la sentencia del Tribunal Supremo ha correspondido a la Sala Segunda del Constitucional, aunque aún no existe una decisión sobre su admisión a trámite. Es decir, el TC no ha emitido su opinión sobre si la demanda de amparo del terrorista tiene o no contenido constitucional «que justifique una decisión sobre el fondo de la misma» (artículo 50.1c de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional). En el caso de que no hubiera unanimidad respecto a la admisión a trámite, el TC pediría un informe al fiscal.
La aplicación de la «doctrina Parot» ha afectado ya a varios presos de ETA, que han visto cómo la fecha de su excarcelación se alejaba varios años, en numerosas ocasiones más de diez. Asimismo, el Supremo aplicó por primera vez este sistema a un preso común condenado por tres asesinatos y dos agresiones sexuales, entre otros delitos.