Grounge
PeterPaulistic@¹
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de Madrid al cielo
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« : 13 de Junio 2006, 11:01:00 » |
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Los comercios reciben una carta donde se les da un plazo de dos meses para aplicar la normativa.
Barcelona- El ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol elaboró una norma especialmente polémica el 7 de enero de 1998: la conocida Ley de Política Lingüística. Sin embargo, nunca se atrevió a aplicarla, porque esto suponía asediar a los comerciantes con importantes sanciones. Desde la llegada del tripartito al Gobierno de la Generalitat esta política cambió radicalmente, y las multas por no emplear el catalán se dispararon de forma espectacular. Sólo en el año 2005 la cifra ascendió a 119 multas, lo que supuso una recaudación de 122.050 euros para las arcas públicas del Ejecutivo catalán, según los documentos que ha ido recabando el diputado del Partido Popular, Daniel Sirera. En total el Gobierno, desde diciembre de 2003 hasta enero de 2006 se ha embolsado 212.450 euros (más de 35 millones de las antiguas pesetas).
Llegado a este punto, la implantación de la lengua catalana a golpe de multa se convirtió en un hecho, sin propósito de enmienda. Ni siquiera ahora, con la salida de Esquerra Republicana del Gobierno, se ha intentado enderezar la situación. Contra todo pronóstico, el uso y abuso de la Ley de Política Lingüística (1/1998) sigue siendo una práctica habitual del Gabinete catalán, ahora bipartito compuesto por los ecosocialistas (ICV) y socialistas (PSC).
Todo sigue igual con la salida de ERC. De hecho, unos días después de la salida de Esquerra del Gobierno, concretamente el 31 de mayo, la agencia catalana del consumo envió una misiva a varios establecimientos, a la que ha tenido acceso este diario, advirtiéndoles que «según el Estatut y el artículo 2 de la Ley 1/98, de Política Lingüística, la lengua propia de Cataluña es el catalán». Sólo ocho días antes un comercio se veía obligado a pagar un multa de 1.200 euros por documentos mercantiles y ofertas de servicios no escritos en la lengua vernácula.
La carta enviada es un requerimiento con plazo de dos meses que recuerda que la actual normativa establece que «la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios (cualquier documento empresarial que detalle las características de los productos o servicios, ya sean prestaciones, precios...) de los establecimientos abiertos al público deben ser redactados, por lo menos en catalán». De no cumplir con estas condiciones, se advierte de que en un período de dos meses, es decir el próximo 31 de julio, se iniciarán las actuaciones necesarias para corregir la infracción. Es decir, se procederá a multar a la empresa o establecimiento.
En los últimos años, el contenido de esta carta rubricada por el subdirector general de Disciplina de Mercado se ha aplicado al pie de la letra. Esto supone que cualquier documento o papel que este al servicio del público debe ser redactado por lo menos en catalán. En ningún caso se hace referencia a la obligatoriedad del castellano, salvo en el caso de los contratos de adhesión que se establece que «deberán estar a disposición de los consumidores en ejemplares separados en catalán y castellano.
Con todo, en Cataluña la aplicación de esta normativa ha llegado a límites exagerados. Tanto es así que en la relación de sanciones que el Gobierno catalán ha ejecutado desde diciembre de 2003 hasta la actualidad -solicitadas por el diputado popular, Daniel Sirera y a las que ha tenido acceso este diario- aparecen multas sorprendentes como la de una tintorería que tuvo que pagar 1.800 euros por no tener los tickets de caja en catalán. Ocurrió en junio de 2004, y meses más tarde el damnificado por los tickets en castellano era una empresa informática.
Así las cosas, parece que nada escapa a la capacidad sancionadora de la Generalitat, y el conjunto de multas aplicadas es especialmente revelador. Los comercios y empresas varias se han visto obligados a pagar por indicadores de «prohibido fumar» en castellano (1.200 euros), por un catálogo de oferta de productos (800 euros) o por carteles de carácter fijo (1.200 euros), documentación e información (850 euros), pólizas, presupuestos y facturas entre muchos otros. Los más controlados, sin embargo, son los carteles y rótulos, y el sector más perjudicado es el del comercio. Visto lo visto, no es extraño que el PP haya hecho de la cuestión convivencial entre catalán y castellano uno de los ejes de su campaña del «no» al Estatut. Los populares denuncian una vez más el intento de convertir el catalán en la lengua única de «la Cataluña oficial».
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