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« : 8 de Abril 2006, 15:14:31 » |
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Detienen a 15 personas en una operación contra las descargas ilegales en Internet
La Policía ha detenido a 15 personas, en su mayoría ingenieros informáticos y responsables de empresas proveedoras de servicios en Internet, y ha bloqueado 17 páginas web en una operación, que continúa abierta, contra la descarga ilegal de películas, música y juegos a través de la red.
Según informa la Dirección General de la Policía, las páginas web bloqueadas, que han recibido 615 millones de visitas, permitían la obtención de copias ilícitas de recientes estrenos en el mercado mediante enlaces a programas de intercambio de archivos P2P como Emule, Bittorrent, Edonkey o Azureus y proporcionaban a sus administradores unos beneficios anuales de 900.000 euros.
Esos ingresos procedían de los espacios publicitarios y los enlaces contratados con empresas líderes en el sector de la mercadotecnia de ámbito nacional e internacional, ya que las descargas ilegales y gratuitas servían de 'reclamo' para obtener un alto número de visitas y, gracias a ello, un beneficio económico derivado de la publicidad.
Proteger la propiedad intelectual
La investigación se inició el pasado mes de octubre a raíz de las denuncias presentadas en la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía por la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP), la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI).
La operación, bautizada como 'Descargas en la Red' y que según la Policía es la más grande de estas característica llevada a cabo en Europa, ha culminado con la detención de quince personas en Madrid, Puerto de Sagunto, Bilbao, Ponferrada, Mataró, Sant Adriá del Besós, Zaragoza, Palma de Mallorca, Alicante y Santa Cruz de Tenerife, a las que se ha imputado un delito contra la propiedad intelectual.
Cinco de los detenidos son titulares de empresas proveedoras de servicios en Internet que se amparaban en una práctica denominada 'hosting por publicidad', que consiste en alojar en sus propios servidores las páginas bajo datos de registro falsos o protegidos, a través de empresas intermediarias, con el fin de eludir las investigaciones policiales.
La ocultación de los datos que permiten la identificación de los administradores de las páginas ha llevado al arresto de los responsables de una de las empresas investigadas por un presunto delito de obstrucción a la Justicia.
La totalidad de las páginas investigadas se encontraban alejadas en servidores propios o alquilados en países extranjeros, aunque eran gestionadas desde España por los detenidos mediante simples contraseñas y claves de usuario.
Según la Policía, a raíz de esta operación se ha constatado el cierre de numerosas páginas de similar temática y estructura.
Mil millones de pérdidas al año La operación policial llevada a cabo es "una buena noticia" para las asociaciones que luchan contra la piratería en el sector, en el que se calculan unas pérdidas de 1.000 millones de euros anuales por estas actividades.
Pedro Farré, director de Relaciones Corporativas de la SGAE, y José Manuel Tourné, director general de FRAP, felicitaron a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad por la operación llevada a cabo.
"Nuestro país era el único en el que no se había producido todavía un operación de estas características, a pesar de que en España el fenómeno de la piratería está generando importantísimas pérdidas", declaró a Efe Pedro Farré, quien recordó que este tipo de operaciones son habituales en Francia, Estados Unidos, Japón, Noruega, y otros países.
El director de Relaciones Corporativas de la SGAE felicitó a la policía por esta acción y deseó que la misma "sirva para concienciar a la gente de la necesidad de preservar los derechos de autor y de que la piratería es un delito perseguido de oficio".
Farré recordó las tres medidas que defiende la Sociedad General de Autores y que contemplan la sensibilización de la opinión pública "para que tenga presente que sin derechos de autor no hay contenidos"; la necesidad de "dotar a los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como a los jueces, de mayores medios para poder perseguir penalmente estos hechos delictivos", y, finalmente, la reforma de las normas legales para que quede más claro que estas prácticas constituyen un fenómeno ilícito, un acto delictivo.
En términos similares se expresó José Manuel Tourné, para quien esta operación es fundamental para asimilar lo que está ocurriendo en el resto del mundo. "Es un paso muy importante que refleja la voluntad del Gobierno de combatir la piratería en todos sus frentes, ya que es la única manera de crear una sociedad de información útil para todos".
Tourné recordó la importancia de impulsar notificaciones a los usuarios con la advertencia de que se perseguirán este tipo de conductas.
El director general de FRAP destacó que la industria intelectual española está en una posición "crítica" por culpa de la piratería, al provocar pérdidas en el sector por valor de 1.000 millones de euros anuales, con una caída de un 32% del negocio de la música, un 27% en el del vídeo y el cierre de más de 600 establecimientos de vídeos club. "Estas cifras reflejan la situación gravísima que vive un sector que genera muchos empleos".
En este país no es delito intercambiar datos en la "web" siempre que no haya ánimo de lucro y la Justicia no se ha pronunciado sobre la legalidad de las páginas bloqueadas Críticas de la Asociación de Internautas Por su parte, el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, ha dicho que considera "muy poco seria y preocupante" la actitud de la Policía de bloquear varias páginas con enlaces a programas de intercambio de datos sin que el Juez haya sentenciado aún si la actividad era o no ilegal.
Para tranquilizar a los usuarios de Internet, aseguró que en este país, no es delito intercambiar datos en la "web" siempre que no haya ánimo de lucro, y añadió que todavía la Justicia no se ha pronunciado sobre la legalidad de las páginas bloqueadas en la operación "Descargas en la red".
Para Domingo, la nota de prensa de la Policía sobre esta operación en la que han sido detenidas quince personas y se han bloqueado 17 páginas web, es "una especie de marketing siniestro a favor de las tesis de los autores y editores".
Domingo criticó "la alarma social" generada por la Policía con su información sobre esta operación y añadió que "sólo el Juez" puede sentenciar qué es ilícito o no, pero nunca la Policía, ni la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ni un ministro.
Según explicó, las páginas bloqueadas no ofrecen más que "links" o enlaces a sitios y a redes de intercambio de datos, pero no ofrecen "ni trafican" contenidos de ningún tipo, y por tanto, recalcó, será el juez quien tendrá que determinar si los ingresos por publicidad de estas páginas implican actividad delictiva.
Para Domingo, la nota de prensa facilitada por la Policía resulta "inaceptable", aparte de "terriblemente confusa" respecto a las implicaciones de esta operación, de la que dijo que ya había conocimiento desde hace "algún tiempo" y algunas páginas ya estaban bloqueadas.
La actitud policial "no es responsable", insistió Domingo, tras explicar que la actividad de estas páginas bloqueadas era similar, en cierto modo, a la de "Google", que tiene "millones de enlaces", y a la de otros buscadores.
El presidente de la Asociación de Internautas acusó además a la Policía de facilitar información prácticamente imposible de confirmar sobre volumen de descargas ilegales en este país de intercambio de archivos, e invitó al cuerpo policial a demostrar sus cifras para verificar su rigor.
Las páginas bloqueadas ofrecen sólo enlaces dirigidos al intercambio de archivos y no todos protegidos por derecho de autor, pero tendrá que ser el juez quien decida si eso es o no delito, insistió Domingo.
Terra Actualidad - EFE
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