¿Nadie opina sobre los problemas del PP?

[El City]

Camps es íntimo amigo del presidente del tribunal que lo juzgará
El auto del juez Baltasar Garzón que implica a Francisco Camps en una presunta trama de corrupción está viajando ya hacia Valencia. En unos días, los documentos que conforman la causa serán recibidos por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Dado que el presidente de la Generalitat es aforado, es este órgano el encargado de valorar los indicios que existen contra él, de decidir si se le imputa y de juzgarlo si hay evidencias suficientes.

La sala que se ocupará del caso se compone de cinco magistrados. Cuatro de ellos se turnan para instruir y juzgar los casos que van llegando al TSJ. Sólo uno de ellos, por razón de su cargo, tiene asegurada una plaza en todos los juicios y, por lo tanto, también en el que decidiría la suerte de Camps. Es el presidente del Tribunal Superior y su nombre es Juan Luis de la Rúa. Un magistrado al que todos en el mundo de la judicatura valenciana reconocen un gran prestigio profesional. Y un hombre del que toda la clase política y jurídica de la comunidad conoce, al menos, una amistad: la que le une al presidente Camps.

Las pruebas de la amistad

Hay varias muestras de esa amistad. La más importante es la propia declaración del presidente valenciano el pasado mes de septiembre, en el acto de toma de posesión de la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León: "Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta a la de amistad que resuma y defina la íntima y sentida colaboración entre De la Rúa y el president de la Generalitat". La respuesta del aludido no fue menos efusiva: "Me siento feliz de esa relación", afirmó.

Muestra de esa amistad es la presencia de De la Rúa en un acto electoral del PP. Fue en la precampaña de las autonómicas de 2007. El presidente del TSJ fue el invitado estrella de la presentación del programa del partido en materia de justicia. De la Rúa acudió al acto a pesar de que ostentaba la presidencia de la Junta Electoral. Desde el PP valenciano, justifican su asistencia: "En actos importantes siempre invitamos a representantes de la sociedad civil. Por poner un ejemplo, en el Congreso regional de octubre invitamos a representantes sindicales".

La excelente relación entre ambos presidentes ha sido glosada en la prensa regional. En los cinco años que Camps lleva al frente de la Generalitat -De la Rúa está desde hace diez a la cabeza del TSJ-, el protocolo institucional los ha llevado a coincidir en multitud de actos públicos. En uno de ellos, la colocación de la primera piedra del Palacio de la Justicia de Paterna celebrada en septiembre, el jefe del Ejecutivo autonómico agradeció la "compañía leal" de De la Rúa durante todo su mandato. La reunión estuvo plagada de elogios mutuos, según publicó el diario Las Provincias.

También De Rosa

Al acto también acudió Fernando de Rosa, protagonista de otro coqueteo del presidente valenciano con el Poder Judicial. De Rosa, vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces, fue hasta hace cinco meses conseller de Justicia a las órdenes de Camps. El 20 de febrero atacó duramente al juez Garzón, acusándolo de rozar la prevaricación en la instrucción del caso Gürtel. Ese mismo día, había mantenido una reunión con su antiguo jefe que en reiteradas ocasiones se ha negado a comentar.

La sintonía entre el posible imputado y el posible juzgador podría ser un motivo para que el propio De la Rúa se apartara del caso. La "amistad íntima o enemistad manifiesta" será "causa de abstención y, en su caso, de recusación", según la Ley Orgánica del Poder Judicial. El propio Partido Popular ha insistido en las últimas semanas en la necesidad de que los jueces guarden apariencia de imparcialidad. Incluso han pedido la recusación del juez Baltasar Garzón por coincidir en una cacería con el ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que se vio obligado a dimitir.

En el TSJ argumentaron ayer que De la Rúa mantiene una relación "institucional" y no personal con Camps "al igual que con el resto de instituciones de la Comunitat Valenciana". La oposición pidió el jueves en Las Cortes Valencianas que Camps explicara su relación con el presidente del TSJ. Él evitó hacerlo.
Crónica

Zaplanistas y campistas marcan distancias

Las implicaciones del caso Gürtel en Valencia han reavivado la guerra entre los partidarios de Eduardo Zaplana y los de su sucesor, Francisco Camps. Ante las informaciones que atribuían el inicio de las supuestas irregularidades en el período en el que Zaplana dirigía los destinos del PP de Valencia, su entorno ha comenzado a marcar distancias. Así, desde ese círculo se aclararó ayer que la relación entre la presunta trama de corrupción y el PP valenciano comenzó después de que Camps asumiera el control de las finanzas del partido. En concreto, recuerdan que el actual presidente valenciano fue nombrado secretario general en julio de 2002, un cargo entre cuyas competencias están las responsabilidades económicas, cuentas bancarias del partido y custodia de los pagos y recibos.

El primer congreso regional del PP en el que Garzón detectó irregularidades se celebró en septiembre de 2002. Zaplana era todavía en aquel momento presidente del PP regional. Pero desde el entorno del ex presidente recuerdan que “Camps, reunido con Olivas, asume directiva y personalmente la preparación del congreso regional”.

Las mismas fuentes recuerdan que no fue hasta julio de 2003 cuando se constituyó Orange Market. Y recalcan que ninguna de las sociedades y empresas que aparecen en el auto de Garzón trabajó para el PP ni la Generalitat antes de septiembre de 2002. Zaplana dirigió el PP hasta 2002.

Camps asumió el cargo en 2003. Desde entonces, el actual presidente se ha esforzado por modelar el partido a su medida y por sustituir a los leales a Zaplana por personas afines a él. Camps ha conseguido su objetivo en la mayor parte del País Valenciano. Sólo el PP de Alicante continúa gobernado por los zaplanistas. 

[El City]

El doble rasero del PP con sus 'ovejas negras'
Todos los partidos políticos tienen un código ético en el que establecen, entre otras cosas, los motivos para expulsar a un miembro de sus filas. Por ejemplo, que un juez le impute un delito. El PP también tiene el suyo, aunque a la vista de los últimos casos de corrupción en los que se ha visto envuelto, y de cómo ha respondido, ese código no es dogma de fe.

El artículo ocho del código ético del PP establece que sus miembros deberán "poner a su disposición el puesto público que desempeñaran, si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito". El artículo nueve dice que el partido asumirá "el compromiso de abrir en cualquiera de estos casos una investigación interna" y el diez, que constituirá "motivo de expulsión inmediata" la utilización "del propio nombre, posición o relación dentro del partido o en un cargo público, para obtener lucro, trato o favor personal o beneficio para sí o terceros".

La jurisprudencia de los populares en la aplicación de ese código, sin embargo, mantiene que Carlos Fabra, investigado por delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas y un presunto fraude fiscal, debe seguir, como sigue, en su doble cargo de presidente de la Diputación de Castellón y del PP en la provincia, al igual que el vicepresidente canario y presidente del partido en la comunidad, José Manuel Soria, imputado por un delito de prevaricación. En ningún caso el PP abrió una investigación interna.

Mientras, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, anunció ayer la suspensión de militancia de todos los cargos del PP implicados en la Operación Gürtel por el juez Baltasar Garzón. Todos, excepto el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el secretario del partido en Valencia, Ricardo Costa, y los tres diputados autonómicos de Esperanza Aguirre señalados en la trama: Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco. El PP, no obstante, mantiene la querella por prevaricación que ha presentado contra Garzón.

En el Ayuntamiento malagueño de Alhaurín el Grande, sin embargo, la imputación del alcalde, Juan Martín Serón, y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, por cohecho, prevaricación y blanqueo tampoco ha sido motivo de expulsión o investigación interna, sino todo lo contrario: el PP mantiene que son víctimas de una persecución del Gobierno, la fiscalía y la policía. Otros, como el ex teniente de alcalde de Palma de Mallorca Rodrigo de Santos, fueron obligados a renunciar a su cargo después de que el juez le imputara un delito de malversación de fondos.

En Galicia, Alberto Núñez Feijóo no quiso esperar a la justicia y retiró fulminantemente a su cabeza de lista por Ourense, Luis Carrera, cuando supo que podía haber cobrado 240.000 euros en comisiones de una cuenta del paraíso fiscal de las Islas Caimán.

Isabel Pedrote y Juan Manuel Pardellas.

elpais.es

[Puce]

Uyyy uyyyy uyyyyy, CAZADOR CAZADO?

Mira mira, dicen que Garzon hizo algo incorrecto?

Cobro que?

Uyyyyyyy

 

[amc]

Uyyy uyyyy uyyyyy, CAZADOR CAZADO?

Mira mira, dicen que Garzon hizo algo incorrecto?

Cobro que?

Uyyyyyyy

 

jajajaja
Qué pasa Puce que porque ahora salta esa noticia (te acuerdas de la palabra presención) resulta que todo lo demás del PP es falso o no ha pasado o podido pasar? jajajaja
Un saludo.