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« Respuesta #36 : 1 de Abril 2008, 13:22:31 » |
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Publicado en EL MUNDO el 09.03.2001
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LOS EXPERTOS
Aquella calurosa mañana de comienzos de otoño, el cincuentón con barba de tres días llegó a la Facultad de Ciencias montado en bicicleta y cargando a la espalda una mochila de la que rezumaban libros y apuntes. Pero el bedel ni se inmutó al verlo aparecer; y tampoco le sorprendió que el voluminoso paquete que le entregó viniera acompañado de una carta con membrete del Ministerio de Medio Ambiente: «Don Francisco Javier Martínez Gil. Catedrático de Hidrogeología. Universidad de Zaragoza». Al fin y al cabo, debió pensar el funcionario, se trataba de uno de los más reputados expertos del país en esa rama del saber. Y en cuanto a su montura y su aspecto desaliñado... no acertaba a recordar cuándo fue la primera vez que le vio pedaleando por el campus mientras sorteaba a golpe de manillar los coches de sus alumnos.
El paquete contenía un ejemplar del proyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN), y la carta estaba firmada por Pascual Fernández, secretario de Estado de Aguas y Costas y número dos del ministerio que dirige Jaume Matas: una amable invitación para elaborar un informe personal sobre el PHN. Ese mismo día, 132 hidrólogos, geólogos, ingenieros, economistas, juristas y sociólogos de toda España recibieron idéntico mensaje; y todos, Martínez Gil incluido, dieron por sentado que su opinión de expertos sería tenida en cuenta antes de que el Consejo de Ministros bendijera el proyecto.
Dos meses más tarde, el pasado 10 de diciembre, Martínez Gil remitió su dictamen al Ministerio de Medio Ambiente. Y ministro y secretario de Estado debieron dar un respingo en los sillones de sus despachos del paseo de La Castellana, porque el documento, al cabo de 60 páginas, concluía así: «Dicho lo que antecede, procede exigir la retirada del presente proyecto de Plan Hidrológico Nacional».
Ni que decir tiene que Matas no siguió el consejo del catedrático aragonés, porque el pasado 9 de febrero acudió al palacio de La Moncloa con su plan bajo el brazo, y salió de él con la aprobación del Consejo de Ministros a un proyecto de cuatro billones de pesetas, ocho años de ejecución, casi un centenar de embalses y pantanos y un faraónico trasvase que detraerá 1.050 hectómetros cúbicos anuales del río Ebro (más de 100.000 millones de litros), a un coste de 52 pesetas el metro cúbico, para distribuirlos por las sedientas tierras de Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería.
«El coste final del agua que llegará a los consumidores mediterráneos nunca serán esas 52 pesetas por metro cúbico calculadas en el PHN; sería la primera vez que las cuentas públicas de un proyecto hidráulico de tamaña envergadura y nivel de indefinición salieran bien», argumenta Martínez Gil. «Quien da esa cifra juega con la ventaja de la impunidad que le asiste, porque sabe que jamás será perseguido por la Justicia, por grande que llegue a ser su torpeza; de forma que puede equivocarse en el doble o el triple, si así conviene a sus propósitos. La historia de nuestro quehacer hidrológico está llena de grandes errores, desvíos presupuestarios y obras que ni siquiera llegaron a funcionar, y ahí está como ejemplo el grave error del trasvase Tajo-Segura».
Pedro Arrojo, profesor titular del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, dice muy serio, pero sin poder disimular la sorna, que, tras repasar la memoria económica del PHN, no dudaría en suspender a los planificadores ministeriales que la han elaborado si fuesen alumnos suyos. «No es exagerado decir que incurren en una prevaricación técnica, porque deforman deliberadamente la metodología coste-beneficio, y eso altera gravemente el resultado final. Su análisis estima el coste medio en 52 pesetas el metro cúbico, en vez de distribuirlo tramo por tramo del trasvase, porque en ese caso el agua le costaría al agricultor murciano y almeriense más de 150 pesetas el metro cúbico».
Arrojo fue uno de los 82 expertos (de los 132 consultados) que aceptaron la invitación del Ministerio de Medio Ambiente para evaluar el PHN. A cambio recibió 200.000 pesetas y la promesa de que su informe, y el de sus colegas, sería remitido al Consejo Nacional del Agua para que este órgano consultivo del Gobierno tomase en consideración sus propuestas antes de emitir su veredicto definitivo. Pero el secretario de Estado, tras estudiar detenidamente los 82 informes, decidió guardarlos en un cajón. Lo cual no es de extrañar, porque, en vista de que el ministerio decidió no divulgarlos públicamente, 62 de los consultados se reunieron el pasado 5 de febrero en Madrid, en la sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, para cotejar sus propuestas. Y todos, salvo uno, coincidieron en sus críticas demoledoras al PHN.
«Me da vergüenza ajena escuchar estos días a nuestros políticos diciendo disparates sobre los problemas del agua; yo les diría que, si cuando están enfermos acuden al médico, ¿por qué no consultan a los expertos antes de hacer un plan hidrológico de esta magnitud? Pero, claro, prefieren recurrir al tópico de la solidaridad interterritorial, de que a Aragón le sobra agua y a otras regiones le falta, antes que elaborar una estrategia seria de gestión de la demanda en esas zonas supuestamente deficitarias», acusa Arrojo. Y añade: «Este es un plan del hormigón que sólo beneficiará a las grandes empresas constructoras que harán las obras hidráulicas del trasvase, a las compañías hidroeléctricas y a los especuladores urbanísticos, para quienes aguardan suculentos negocios en todo el litoral mediterráneo».
El argumento recurrente de Arrojo, de Martínez Gil y de todos los expertos aragoneses consultados (y con ellos la aplastante mayoría de la comunidad científica) es que no se puede ofertar agua ilimitadamente, sino que hay que gestionar de forma más eficiente la demanda, muy sobrevalorada en todo el arco mediterráneo: se utilizan técnicas de riego obsoletas (casi el 50% del regadío murciano emplea el sistema de inundación, el más despilfarrador); los sistemas de conducción están en un pésimo estado de conservación, lo que provoca cuantiosas pérdidas de agua, tanto en las canalizaciones agrícolas como en el abastecimiento urbano (entre el 30% y el 40% del agua que llega a las redes de una ciudad como Zaragoza se pierde por fugas); la mayor parte de las explotaciones agrarias son de pequeño tamaño, mientras que la concentración parcelaria permitiría un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos; hay grandes zonas de regadío ilegales que escapan al control administrativo (el 70% del regadío existente en Levante y Andalucía es ilegal o alegal)...
«Llevar agua al Mediterráneo es como darle droga al drogadicto», afirma Martínez Gil. «Toda la que llegue allí siempre será poca, porque hay un descontrol absoluto. El Gobierno dice que en Levante y Andalucía hay un déficit estructural de agua, y que esa realidad justifica el trasvase; pero lo que no explica es que esa situación es la consecuencia lógica del desorden administrativo y de la permisividad que reina en esas zonas, donde la Administración hidrológica lleva décadas siendo incapaz de contener la demanda y alimentando una espiral de insostenibilidad que ha deteriorado o destruido recursos hídricos no sólo propios, sino también ajenos».
«Un uso eficiente del agua, la reestructuración del tamaño de las explotaciones agrarias, la modernización de los sistemas de conducción y regadío, la depuración y reutilización de las aguas residuales, el empleo de técnicas como la desalación de agua de mar o el desmantelamiento de los regadíos ilegales tendrían un coste económico y un impacto social y ambiental notablemente inferiores al del trasvase del Ebro. Pero el PHN ni siquiera se plantea esas alternativas. Y tampoco explica cómo lograr que ni una gota del agua trasvasada vaya a nuevos regadíos, como promete el proyecto de ley. ¿Cómo se controlará lo que hasta ahora fue incontrolable?», añade el catedrático de Hidrogeología.
Otro de los argumentos esgrimidos por el Gobierno para justificar el trasvase, y también uno de los más contestados por los científicos, es que el 44% de los 1.050 hectómetros cúbicos anuales que se detraerán del Ebro servirá para abastecer de agua potable de calidad a las zonas urbanas del Mediterráneo. «¿Para qué demonios queremos agua de alta calidad en las ciudades si luego la usamos para tirar de la cadena del inodoro, para fregar los platos, para lavar el coche o para regar el jardín?», se pregunta el catedrático de Termodinámica Antonio Valero. «¿Y por qué el agua que utilizamos en la bañera no la reutilizamos luego en el inodoro? ¿Por qué empleamos agua de calidad para usos que no requieren esa calidad?».
Cuando se refieren a los usos del agua, los expertos distinguen ya entre cuatro productos diferentes, que requieren, también, calidades diferentes: el agua agrícola, el agua urbano-industrial, el agua para usos higiénicos y el agua alimento o agua de boca. Y esta última apenas representa el 1% del consumo total en los domicilios, porcentaje que continúa decreciendo de forma imparable, en beneficio del agua embotellada. «Si los usuarios de Levante y Andalucía sólo se van a beber una parte ínfima del agua que les llegue del Ebro», insiste Valero, «¿para qué quiere el Ministerio de Medio Ambiente trasvasar casi 450 hectómetros cúbicos de agua potable de calidad?».
A Narcis Prat, catedrático de Ecología, se le llevan los demonios cuando escucha a algunos políticos argumentar que al Ebro «le sobra agua» para trasvasar. El cálculo de ese sobrante, consagrado en el PHN, se basa en el volumen de agua que aquél vierte al Mediterráneo una vez deducido el llamado caudal ecológico, es decir, la circulación mínima de agua necesaria para conservar la vida de un río. Y, según el PHN, todo vertido del Ebro al mar que supere los 100 metros cúbicos por segundo se considera agua excedente. Prat, en cambio, asegura que el caudal mínimo de sostenibilidad del Ebro está por encima de los 300 metros cúbicos por segundo, y que un caudal ecológico de 100 metros cúbicos sólo podría ser soportado por el río «de forma eventual y en periodos de corta duración».
«El Ebro forma parte de un ecosistema, y el agua que llega al Mediterráneo cumple unas funciones ecológicas y económicas. Si no lleva suficiente caudal, la cuña salina avanzará de forma inexorable, es decir, que el mar le irá ganando terreno al río, con la consiguiente salinización de los terrenos adyacentes. Y eso, unido al exceso de nutrientes del agua, procedentes de los cultivos actuales y futuros, tendrá como consecuencia que las aguas saladas de la parte inferior de la cuña sean totalmente pútridas», señala Prat, que alerta de la amenaza que esa situación supondría para los habitantes del tramo bajo del río y del delta, cuyas economías giran en torno al cultivo del arroz, a las pesquerías del marisco y a la producción mejillonera.
LOS POLíTICOS
«Los aragoneses no somos ni una tribu de galos irredenta y fanática ni los guardianes del botijo. Nosotros también creemos que hay que resolver el problema del agua, en el Mediterráneo y en toda España, pero estamos convencidos de que hay fórmulas más rápidas, más económicas y más ecológicas que las que plantea el PHN, que sólo contempla las técnicas trasvasistas de hace 100 años, o sea, la de coger agua aquí y llevarla allá».
El socialista Marcelino Iglesias, presidente de Aragón, está parapetado tras dos botellas de agua mineral que, casualidad o no, reposan sobre su mesa, y que acaricia de cuando en cuando, como para reforzar sus argumentos. «Hay que optimizar y modernizar los regadíos, porque consumen más del 80% del agua de este país». Lleva entonces su índice casi hasta el cuello de la botella, y afirma: «Esto es regadío, y esto otro», añade, deslizando el dedo hasta el tapón, «es abastecimiento de ciudades. Pero si aplicamos mejores técnicas de regadío, regando por goteo en vez de por inundación, entonces podremos ahorrar hasta el 50% de este caudal de agua, y con los mismos rendimientos».
Está convencido Iglesias de que el PHN que el Gobierno acaba de enviar al Parlamento jamás se pondrá en marcha. Y no porque confíe en que la fuerza de sus argumentos doblegará la voluntad de José María Aznar y Jaume Matas, sino porque vendrán otros gobernantes, socialistas, por supuesto, que lo tumbarán. «El que quiera resolver el problema del agua tendrá que pactarlo, pero no imponerlo y enfrentar a unos territorios contra otros. Y tiene que saber que no podrá hacerlo antes de 20 años, porque construir uno solo de los embalses previstos en el valle del Ebro llevará al menos una década, entre proyectos, expropiaciones, estudios de impacto ambiental, la propia construcción, el llenado... Y para entonces no es previsible que esté ni el mismo Gobierno ni el mismo ministro de Medio Ambiente».
Cuando se le recuerda que el PHN incluye el compromiso de llevar a cabo las obras hidráulicas, nunca iniciadas, del llamado Pacto del Agua de Aragón, firmado en 1992 para regular la cuenca del Ebro y apadrinado por el entonces ministro de Obras Públicas, José Borrell, Iglesias no descompone el gesto: «Todas esas obras que Matas nos ha prometido como compensación ya estaban contempladas en el Pacto del Agua. Así que nos está vendiendo dos veces la misma mercancía. Por un lado, nos dice que este plan es bueno para todos, y también para Aragón; y por otro, que nos quiere compensar. Pues yo le digo que, si nos quiere compensar, es porque no será tan bueno, porque ambas cosas a la vez no tienen sentido».
Víctor Longás, consejero de Medio Ambiente, se lamenta de que el PP haya roto la unidad del Fuenteovejuna aragonés frente al PHN. «Muchos dirigentes y alcaldes del PP están absolutamente convencidos de que este plan hidrológico perjudica gravemente los intereses de Aragón, pero lo apoyan única y exclusivamente por una férrea disciplina de partido», asegura el también secretario general del Partido Aragonés (PAR), socio del PSOE en el Ejecutivo autonómico.
«Aquí somos pocos, menos de 1.200.000 habitantes», añade, «y si se llevan el agua aún tendrán que irse muchos más. Pero el Gobierno y el PP están dispuestos a perder el voto de miles de aragoneses, porque saben que los recuperarán con creces en Murcia y la Comunidad Valenciana; el PHN servirá para regar los votos del PP en el arco mediterráneo».
Manuel Jiménez Abad, presidente del PP de Aragón, sabe que su partido se ha quedado solo en defensa del PHN, y asume el coste político de esa posición. Pero no se cansa de repetir que Iglesias y los socialistas aragoneses «están jugando irresponsablemente con los sentimientos de los ciudadanos, al transmitirles la idea de que el PHN priva a Aragón de un agua que necesita para dársela a otras regiones; eso es rotundamente falso, porque el plan del Gobierno garantiza, con las obras del Pacto del Agua, que tendremos cubiertas nuestras necesidades presentes y futuras. Y el trasvase se plantea exclusivamente con las aguas sobrantes, es decir, con las que no vamos a necesitar».
«Cuando gobernaba el PSOE y Borrell presentó su plan hidrológico», añade, «Iglesias era un firme partidario de los trasvases, y más concretamente del trasvase del Ebro. Eso hay que recordárselo al señor Iglesias, porque no se puede cambiar permanentemente de opinión en función de que uno esté en el Gobierno o en la oposición».
Para Bizén Fuster, presidente de la Chunta Aragonesista, el PHN «atenta contra los principios constitucionales de reequilibrio territorial, porque agudiza los desequilibrios en beneficio de zonas más pobladas, en las que ya no hay desarrollo, sino puro y simple desarrollismo».
En su opinión, el PHN «se resume en trasvasar agua del Ebro a Levante; todo lo demás es un relleno para justificar el trasvase y consagrar un modelo hidráulico decimonónico y caduco».
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7 años después seguimos con lo mismo... Y desde el otro lado también. Quién tiene razón? Yo no tengo ni puñetera idea del tema, así que no me pronuncio ni a favor, ni en contra del trasvase. La política de los trasvases me recuerda a la política de las subvenciones.
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