Bogart
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Quod non vetat lex, hoc vetat fieri pudor
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« : 13 de Marzo 2008, 10:25:16 » |
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Morín y sus ginecólogos troceaban con el bisturí los fetos vivos de más de 12 semanasJ. G. BARCELONA.
El sumario del caso Morín, a lo largo de sus más de 4.000 páginas, desvela día a día nuevos detalles escalofriantes. Ayer, Europa Press facilitaba nuevos elementos incluidos en el sumario, que dibujan una auténtica casa de los horrores. En sus declaraciones ante la juez del caso, Elisabeth Castelló, el ginecólogo y propietario del próspero y enorme entramado empresarial en que se había convertido su actividad abortista, reconocía, entre otras cuestiones, haber practicado abortos en niñas de 13 años.
A las trituradoras encontradas, a la larga suma de irregularidades detectadas a la hora de deshacerse de los fetos, a las interrrupciones practicadas en mujeres con más de siete meses de embarazo, a los falsos informes psiquiátricos... a todos estos escándalos se van añadiendo informaciones que ponen los pelos de punta.
En su declaración, Morín reconocía «haber atendido» en sus clínicas a «una gran población de menores», incluso a niñas («adolescentes», para él) «de 13 años». Sobre esta cuestión, los investigadores no descartan que se hubieran podido haber producido algunas interrupciones incluso por debajo de esa edad, lo que hubiera supuesto la posible ocultación de un delito de violación, que es como se considera penalmente la relación sexual con una menor de 13 años, independientemente de si es consentida o no.
Abortos de hasta 33 semanas
En cuanto a la edad de los fetos eliminados, Morín, ante la juez, sólo aceptó haber practicado abortos a embarazadas de siete meses y medio (29 semanas). Sin embargo, en los informes sobre escuchas telefónicas de médicos colaboradores de Morín figuran casos de abortos a mujeres encintas de más de 30 semanas y hasta de 33 semanas. Es decir, por encima de los ocho meses. Como se sabe, un bebé prematuro es viable, con un un altísimo porcentaje de éxito, a partir de los seis meses y a veces con menos.
Asimismo, el sumario confirma que el 97% de los casos de interrupción del embarazo de las clínicas de Morín se practicaron a partir del supuesto de grave perjuicio físico o psíquico para la madre que la ley del aborto permite más allá de la semana 22 de la gestación. Otro 2% de los abortos de estos centros se acogían al supuesto de malformación del feto y un 1% a casos de violación, de acuerdo a la declaración del ginecólogo.
Respecto al método utilizado para deshacerse de los fetos después de la intervención, la investigación revela que las clínicas no utilizaban los sistemas reglamentarios a los que obliga la ley para desprenderse de los restos humanos y fetos, sino que los tiraban en los contenedores de residuos sanitarios como si se tratara de material sanitario y biológico.
En este sentido, la normativa distingue entre residuos generales, biosanitarios asimilables a urbanos, biosanitarios especiales y restos humanos de entidad suficiente procedentes de abortos, mutilaciones y operaciones quirúrgicas. La normativa obliga a un transporte especial para deshacerse de este material orgánico.
La investigación pone de manifiesto que la empresa que realizaba el transporte de residuos de Morín no estaba autorizada para la destrucción de restos humanos y fetos y que a estos contenedores iban los restos de fetos de «más de 20 semanas», admitió Morín.
Métodos truculentos
Al respecto, también se mantiene abierta la investigación sobre las famosas trituradoras industriales localizadas en algunas de las clínicas y que se supone que, conectadas a las desagües, hicieron desaparecer toneladas de restos de los fetos de mayor tamaño.
Especialmente truculentos resultan los relatos del propio Morín sobre los sistemas utilizados para acabar con la vida de los fetos. Para realizar los abortos, los ginecólogos de las clínicas investigadas, del grupo TCB-Ginemedex, todas ellas situadas en la parte alta de Barcelona, utilizaban el sistema de la aspiración para los casos de menos de 12 semanas de embarazo, mientras que para los casos más avanzados, de la semana 13 a la 20, practicaban la dilatación y morcelación. Esto significa que se abría el canal del parto, según narra Morín, con un dilatador, «hasta el diámetro 20», precisó. Y luego se procedía a fragmentar, más bien a trocear, el feto o bien con un bisturí o con unas pinzas para luego extraer los restos de la carnicería. Morín señaló a la juez que toda esta «operación se completa con el feto vivo».
Más allá de las 20 semanas, aseguró que inyectaban en el corazón de las criaturas una sobredosis de digoxina, un fármaco que se utiliza para tratar insuficiencia cardíaca. De acuerdo con su declaración esta inyección paralizaba el corazón del bebé «para evitar el sufrimiento fetal». Sin embargo, otras fuentes médicas explicaron que con ese tiempo de gestación «se mata al feto para que no se mueva durante el parto», que en estos casos avanzados se provoca artificialmente.
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