El Gobierno de José María Aznar, durante la época en que Federico Trillo era ministro de Defensa y Ángel Acebes ministro de Interior, envió a funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía a Guantánamo entre el 21 y el 26 de julio de 2002 a interrogar, sin autorización de ningún juez español, a una veintena de presos, entre ellos a Hamed Abderramán, Hmido, un ceutí detenido en Afganistán, y a otros ciudadanos marroquíes, según fuentes oficiales.
Los viajes, sin orden judicial, se hicieron cuando Trillo era ministro de Defensa, y Ángel Acebes, ministro del Interior
El Tribunal Supremo consideró la base de EE UU "un limbo en la comunidad jurídica" de "imposible justificación"
Los funcionarios españoles viajaron desde Madrid en compañía de agentes de la CIA para investigar a marroquíes
Era el segundo viaje que funcionarios españoles realizaban a la base de Guantánamo, donde estaban encarcelados en condiciones infrahumanas 598 personas de 34 nacionalidades distintas. Por el complejo militar de 117 kilómetros cuadrados, en la isla de Cuba, los presos caminaban con grilletes en muñecas, pies y cintura, con los rostros tapados y envueltos en monos de color naranja. En el primer viaje, funcionarios de la embajada española en Washington se desplazaron a Guantánamo para identificar a posibles detenidos españoles.
El segundo viaje se produjo el 21 de julio de 2002, cuando funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, acompañados por agentes de la CIA, viajaron desde España hasta la base estadounidense para practicar una veintena de interrogatorios a otros tantos presos, la mayoría de ellos ciudadanos marroquíes.
La operación policial fue coordinada por Rafael Gómez Menor, uno de los jefes de la Unidad Central de Información Exterior, e intervinieron otros tres policiales. Esa unidad investigaba desde hacía años a la célula del sirio Abu Dahdah, supuesto jefe de Al Qaeda en España, que ha sido condenado por pertenencia a banda terrorista.
Con autorización de Estados Unidos, los funcionarios españoles interrogaron a 20 personas, entre ellas al ceutí, Hamed Abderramán, y a Lahcen Ikassrien, marroquí residente en España que fue detenido en 2001 en Afganistán y enviado a Guantánamo con una pulsera con la inscripción "animal número 64".
Ikassrien declaró a este periódico en torno a estos hechos: "Me pidieron permiso para grabar el interrogatorio y les dije que hicieran lo que quisieran. Les conté mi verdad, pero ellos querían que les dijera que era un terrorista y que me entrené en Afganistán, algo que no era verdad". Ikassrien asegura que les dijo a los policías españoles que él era marroquí y no le podían interrogar. "Ellos respondían que querían ayudarme y yo les dije: 'Cada vez que venís me torturan los americanos", explicó a EL PAÍS. El entonces preso en Guantánamo -ahora vive libre en Madrid- sostiene que los policías españoles le ofrecieron dinero y le prometieron que le darían la condición de testigo protegido si colaboraba con ellos. Los agentes españoles le mostraron fotografías de radicales marroquíes, como Amer el Azizi y Jamal Zougam, uno de los supuestos autores materiales del 11-M al que entonces ya vigilaban, y otro islamista que después fue detenido y encarcelado en Marruecos por el atentado de Casablanca.
La misión policial formaba parte de las investigaciones en curso sobre la presunta trama española de Al Qaeda.
Hubo un tercer viaje, que se produjo del 20 al 24 de enero de 2003, cuando funcionarios de la embajada española en Washington visitaron al ciudadano español Hamed Abderrahaman Ahmed para gestionar su traslado a España. En febrero de 2004, Estados Unidos entregó a Hamed a las autoridades españolas, que lo pusieron a disposición judicial. El Tribunal Supremo ha declarado que los interrogatorios de los policías españoles a Hamed "se hicieron sin previa información de derechos, sin asistencia letrada y sin autorización ni mandato de la autoridad judicial española competente". "La detención de cientos de personas, entre ellas el recurrente, sin cargos, sin garantías y por tanto sin control y sin límites, en la base de Guantánamo, custodiados por el ejército de los Estados Unidos, constituye una situación de imposible explicación y menos justificación desde la realidad jurídica y política en la que se encuentra enclavada". "Bien pudiera decirse", continúa el Supremo, "que Guantánamo es un verdadero limbo en la Comunidad Jurídica que queda definida por una multitud de Tratados y Convenciones firmados por la Comunidad Internacional, constituyendo un acabado ejemplo de lo que alguna doctrina científica ha definido como Derecho Penal del Enemigo".
Respecto a Lahcen Ikassrien, fue extraditado por Estados Unidos a España, donde la Audiencia Nacional le absolvió de todos los cargos y no aceptó las pruebas y testimonios obtenidos durante los interrogatorios de la policía española en Guantánamo.
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