Descrédito de la justicia

[Bogart]

Después de las elecciones, el TC
EDITORIAL DE ABC

EL Gobierno ha logrado su primera victoria postelectoral en el Tribunal Constitucional, tres días después de renovar su mayoría parlamentaria, con la recusación de dos magistrados del denominado «bloque conservador», Jorge Rodríguez-Zapata y Roberto García-Calvo. De esta forma, queda expedito el camino para la probable confirmación de la ley que reformó en 2007 -de forma intempestiva, unilateral y por razones de conveniencia política- las reglas de funcionamiento de la presidencia del TC. Dicha reforma, en la práctica, garantiza la continuidad de la actual presidenta de este Tribunal hasta el final de su mandato como magistrada.

Sería una falta de respeto hacer juicios de intenciones sobre la futura actitud de María Emilia Casas en los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra las principales leyes de la anterior legislatura, pero, en lo que afecta al Gobierno, no cabe duda de que su intención al extender indefinidamente el mandato de la presidencia era garantizarse el voto de calidad de su titular en caso de empate a la hora juzgar los asuntos de su interés. Más que un flaco favor al crédito de este Tribunal y de su presidenta -jurista de auténtico prestigio-, aquella reforma fue una demostración inapelable del sentido partidista con el que el PSOE trata a las instituciones judiciales y el remate de una política de control de los núcleos del Estado de Derecho. Antes, ya se había visto con la reforma igualmente sorpresiva del Consejo General del Poder Judicial, cuyo objetivo era neutralizar a la mayoría «conservadora» en los nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo; y en el nuevo estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, hecho a la medida de un fiscal general subordinado a las directrices políticas del Ejecutivo.

La recusación de los magistrados Rodríguez Zapata y García-Calvo culmina un proceso de división interna del TC, promovido por el Gobierno socialista como réplica a la iniciativa del Partido Popular de recusar, con éxito y total fundamento, al magistrado Pablo Pérez Tremps, quien ha quedado excluido de la decisión final sobre el recurso planteado por los populares contra el nuevo estatuto de Cataluña.

A partir de entonces, el Tribunal Constitucional entró en un período de conflictos personales internos y disputas partidistas externas a los que el propio Tribunal ha contribuido con el retraso inaceptable que ha impuesto a la decisión de los recursos contra el estatuto catalán y contras las leyes más importantes de la política «social» del PSOE, como la de protección de la mujer contra la violencia de género o el matrimonio entre homosexuales.

Incluso la resolución de las recusaciones planteadas con motivo de la reforma de la presidencia del TC se ha producido con un procedimiento más que discutible, en términos legales, porque han sido decididas en bloque y no individualmente, como ordena la ley. Hay que recordar que el PP recusó a cinco magistrados del Tribunal Constitucional porque consideraba que habían manifestado verbalmente su apoyo a la reforma aprobada por el Gobierno mientras se tramitaba el proyecto parlamentario. Tales recusaciones fueron inadmitidas a trámite con el voto de los propios recusados y sin ser juzgadas de forma separada.

 Es probable que la moratoria electoral del TC dé paso a una rápida decisión en cadena de los recursos pendientes. No hay que prejuzgar la decisión de este Tribunal en ninguno de ellos por las maniobras partidistas del Gobierno -aunque indicios haya, por ejemplo, en la sentencia sobre el estatuto valenciano-, porque sería contribuir al desprestigio de una institución fundamental del sistema constitucional. Pero en cambio, sí cabe demandar a sus magistrados que no pierdan de vista que la institución a la que pertenecen no es un comodín de gobiernos, ni de oposiciones, sino el garante de la Constitución, más aún cuando resulta evidente que, como mínimo, están en juego principios determinantes del modelo de Estado, del modelo de sociedad y de la justicia penal.

¡¡Uy, yo también se subrayar en negrita!!

[Casual]

Esta situación tercermundista de evidente control político de las sentencias judiciales es culpa sin paliativos del PP y del PSOE, a partes iguales.

Se cargaron la separación de poderes porque a cada uno le interesó en su turno de poder, y así nos va.

Evidentemente los magistrados a sueldo de cada partido defenderán lo que les digan que tienen que defender, por encima de lo que el Derecho imponga como justo o adecuado. El trabajo de un jurista, a veces, consiste en defender lo indefendible con argumentos que resulten tan creíbles que incluso el propio jurista llega a creerse lo que no podía creer antes de empezar con sus razonamientos, así que toda mentira es susceptible de ser creída y amparada con base en argumentos jurídicos.

Pero ese no es el trabajo de un Juez, algo que se les ha olvidado a todos.

Lo que hacen los magistrados elegidos a dedo por los políticos no es juzgar, sino revestir de razones creíbles el sentido de una sentencia previamente encargada por "los capos" del cotarro (el Gobierno), lo cual se asemeja peligrosamente a la prevaricación y al cohecho.

Los jueces del TC no son ya jueces, sino abogados de parte que redactan las sentencias según éstas hayan sido encargadas por sus pagadores.

El Tribunal Constitucional ni es Tribunal ni es Constitucional, salvo en las formas. Es una puñetera VERGÜENZA.

Una más, claro.

[JCarlos2013]

 Tema complicado ..... como siempre que se hable de POLITICA