Aumenta el escándalo de la operación Julio Iglesias

Durante años lo ha venido contando este periódico con abundancia de documentos y testimonios. Hubo después que esperar a la presentación de una querella por parte de la oposición en la Generalitat Valenciana, del grupo socialista en las Corts para que el caso empezara a ser investigado con rigor. Y, finalmente, las pesquisas del juez instructor de la sala 19 de Valencia van revelando más detalles de la trama que se urdió en torno a los conciertos de Julio Iglesias para la promoción de la Comunidad Valenciana en el ancho mundo, por decisión personal de Eduardo Zaplana.

Ya está claro, tras la documentación que el Arab Bank ha remitido al citado juzgado, que dicha entidad era el canal elegido para materializar los ingresos a una cuenta secreta en el paraíso fiscal de las Bahamas. Los ingresos eran cheques a nombre de la empresa irlandesa Midway librados contra la cuenta del IVEX (el Instituto Valenciano de la Exportación, dependiente de la Generalitat) en Bancaixa y en concepto de costes de organización de los mencionados conciertos del cantante. Iglesias, por lo demás, cobraba también los emolumentos pactados, de lo que se deduce que al cantante (o a las sociedades que señaló su representante) se le pagaron «otras» cantidades que por lo que se ve en el juzgado no casan con los costes reales de los conciertos.

Está por ver si tal práctica incurre además en delito fiscal, pero lo que resulta obvio a estas alturas es que una administración pública no puede permitirse este tipo de prácticas que vulneran los principios de igualdad y transparencia tributaria. La propia Generalitat debería entonar ya el mea culpa y, cuanto menos, colaborar con la instrucción y no seguir encubriendo unas acciones inadmisibles. El propio Julio Iglesias, por lo demás, haría bien en pedir públicas disculpas y en regularizar sus cuentas con la hacienda española como mínimo.

Fuente:LEVANTE