¿CRISIS INSTITUCIONAL?

He leido en la prensa este artículo sobre la citación por el Congreso al Presidente del Tribunal Supremo. ¿Que os parece?

La citación de Hernando agrava la crisis institucional entre el CGPJ y el Congreso
NIEVES COLLI

La nueva «llamada» de la Mesa del Congreso y la firme respuesta de Hernando reaviva la polémica en el seno del Consejo del Poder Judicial
MADRID. El Congreso de los Diputados y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) viven uno de los momentos de mayor tensión institucional de su historia. El último episodio de la difícil relación que mantienen desde el cambio de Gobierno, en marzo de 2004, ha sido la citación por la Cámara Baja -a propuesta del Grupo parlamentario socialista- del presidente del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo, Francisco Hernando, para «informar de la aplicación de la ley en el cumplimiento de penas por delitos de terrorismo», y la decisión de éste de no acudir a la llamada dando un inédito «plante» a los diputados. La nueva cita que Hernando tiene pendiente el próximo día 15 no pone fácil una rebaja del actual clima de crispación.

Los portavoces de todos los partidos, a excepción del socialista, hablaron ayer de la existencia de un «conflicto» entre los poderes Legislativo y Judicial, agudizada por este último episodio, aunque no coincidieron en la identificación de sus causas. El PP acusó al Gobierno y al PSOE por su pretensión de ejercer sobre el presidente del Supremo un «control político» que «está rompiendo la división de poderes y la independencia judicial».

CiU, PNV e IU cargaron la responsabilidad sobre Hernando, cuya decisión, dijeron, ha contribuido a «ahondar» un posible conflicto entre poderes, ha supuesto una «inflexión» en las relaciones institucionales y es un ejemplo de «rebeldía» que abre una «crisis» entre el Congreso y el CGPJ.

Desde el PSOE, se acusó al presidente del Consejo y del Supremo de demostrar con su «espantada» que es un «ariete del PP», pues lo que no habría tenido más remedio que contar en su comparecencia iba «en contra de la campaña emprendida por el PP de forma vergonzosa». La iniciativa de llamar a Hernando -así como al fiscal general del Estado, que acudirá esta tarde a la Cámara- partió del Grupo parlamentario Socialista para demostrar que el Gobierno no ha intervenido en la excarcelación de miembros de ETA.

Hernando comunicó el pasado viernes al presidente del Congreso, Manuel Marín, los motivos que desaconsejaban su comparecencia ante la Comisión de Justicia. La Mesa del Congreso acordó ayer por la mañana mantener la citación aunque con la precisión de que su objeto no era otro que «conocer y poner de manifiesto el normal funcionamiento de las instituciones», así como que «el Poder Judicial, en la aplicación de la ley sobre el cumplimiento de las penas por delitos de terrorismo, nunca ha visto perturbada ni menoscabada su independencia».

Ya por la tarde, Hernando hizo llegar al Congreso una nueva comunicación en la que hacía ver a la Cámara que, pese a sus precisiones, «el objeto de la comparecencia permanece inalterado». Por esta razón, según el presidente del CGPJ y del TS, se mantenía la imposibilidad de ofrecer la información que le pedían «sin hacer valoraciones que le están vedadas». «No se alcanza a comprender -indica el escrito- cómo las materias sobre las que la comparecencia habría de versar pudieran ser ajenas a ese contenido jurisdiccional».

Hernando asegura que su decisión responde de manera exclusiva a su «deber constitucional de defensa de la independencia judicial» así como a su deber de preservar su propia «imparcialidad» como presidente de la «Sala del 61» del Supremo.

«El Poder Judicial en la liza política»

Hernando señala también que no existe cauce alguno en el ordenamiento jurídico para «exigir» su comparecencia -salvo el previsto para presentar la Memoria anual del CGPJ-, y ello porque «el constituyente ha querido que el Poder Judicial permaneciera al margen del debate político como garantía de la sujeción «única» al imperio de la ley». El presidente del Supremo rechaza que el principio de «colaboración» invocado por la Mesa incluya «comparecencias parlamentarias cuyo final efecto fuera la incursión del Poder Judicial en la liza política y la erosión de aquella independencia».

Los vocales de la minoría progresista del CGPJ hicieron público un comunicado en el que expresan su «absoluto rechazo» a lo que califican de «incumplimiento sin precedentes» del deber de informar al Parlamento que la Constitución impone a «cualesquiera autoridad».