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• Envía el informe a la Generalitat y al Ministerio de Industria por ser competentes en licencias de radio

MARC ANDREU
BARCELONA

La COPE vulnera los límites constitucionales de la libertad de información y expresión e incumple gravemente sus obligaciones como concesionaria radiofónica. Al menos en sus programas estrella La mañana y La linterna, que dirigen Federico Jiménez Losantos y César Vidal, respectivamente. Así lo entiende el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) en un duro informe acordado el lunes por el pleno de este organismo independiente y hecho público ayer.

Todos los partidos catalanes, menos el PP, manifestaron su respeto y adhesión al texto. ICV-EUiA pidió incluso que la Generalitat actúe con "contundencia" y sugirió que vería "bien" la retirada de las concesiones radiofónicas a la COPE. Sin embargo, el conseller primer, Josep Bargalló, descartó por ahora emprender ninguna acción contra la COPE.

La actuación del CAC, motivada por varias denuncias ciudadanas recibidas desde el pasado mes de marzo, ha sido elaborada a partir de la escucha de varias ediciones de los magacines La Mañana y La Linterna entre junio y octubre del 2005, de los cuales se han extraído y analizado 24 fragmentos. Todo ello ha dado como resultado un informe de 68 páginas argumentado jurídicamente con citas de la legislación vigente en España y la Unión Europea y referencias a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

INCUMPLIMIENTOS

El CAC hizo llegar su acuerdo a la COPE la noche del martes con la advertencia de que la cadena, propiedad de la Conferencia Episcopal, está incurriendo en "una vulneración de los límites constitucionales al ejercicio legítimo de los derechos fundamentales a la libertad de información y de expresión, lo cual supone un incumplimiento grave del régimen concesionario" al que están sujetas las sociedades a través de las cuales la COPE emite en Catalunya.

El CAC constata que la línea editorial de la COPE responde a "las ideas de una parte representativa de la ciudadanía" y manifiesta su "voluntad de garantizar" la contribución que la emisora hace "en términos generales, al pluralismo". Sin embargo, el consejo concluye que la actitud de la COPE "responde, esencialmente, a la voluntad de descrédito público de terceros sobre la base de gravísimas acusaciones" sin una mínima comprobación.

También constata que los programas de Jiménez Losantos y Vidal se orientan "hacia el insulto o la vejación pública" y tienen intención de "crear un estado de opinión pública de animadversión hacia representantes democráticos de la ciudadanía", así como el objetivo de "ofrecer una imagen denigrada de las instituciones catalanas".
El departamento de Presidència de la Generalitat y el Ministerio de Industria también han recibido el informe, pues el CAC estima que deben tenerlo en cuenta como administraciones competentes en la regulación de las concesiones radiofónicas --en frecuencias de FM la Generalitat y de OM el ministerio.

REITERACIÓN Y SANCIONES

A ello se refirió el conseller primer cuando dijo que ha hecho llegar el informe a los servicios jurídicos de la Generalitat pero que descarta por el momento emprender alguna "actuación ejecutiva" contra la emisora, porque debería haber "una reiteración" en su forma de actuar constatada mediante otro informe del mismo CAC.
Al margen de ello, cuando próximamente entre en vigor la nueva ley del audiovisual, aprobada el martes por el Parlamento catalán, el propio CAC tendrá capacidad sancionadora para imponer multas o suspensiones temporales de emisión en casos como el denunciado en el informe.

Precisamente sobre la aplicación de esta nueva ley en el caso de la COPE versaron las reacciones que suscitó el informe. PSC, ERC, CiU e ICV lo suscribieron, y los dos últimos grupos pidieron a la Generalitat que tome medidas. El PP no acepta otras acciones contra la cadena episcopal que las querellas individuales y, además de rechazar el informe, dijo que se lo esperaba y que por ello votó contra la ley del audiovisual.

Ante la demanda foreril, aqui está el informe.

Pero donde ha ido a parar la libertad de expresion de este pais,es decir de una nación un pueblo llamado España,porque que yo sepa hasta la fecha Cataluña es una comunidad dentro de una Nación llamada España,y que yo sepa desde que tengo uso de razon que fue alla por el 76 u 77 tengo libertad de expresión porque ya existia recientemente nuestra amada constitución,y ahora el señor zapatareo y sus amigos nacionalistas se quieren cargar este pais y esta amada constitución con una ley dictatorial contra las libertades de expresión de una cadena u emisora de radio?¿esto no se puede permitir por favor -cabezon

Iranzo, no confundas libertad de expresión con insultar, vejar, difamar o mentir (OJO, no digo que la COPE lo haga).

Yo no puedo (?)/debo salir en ningún medio de comunicación diciendo que me has robado el coche, que has pegado a mi vecino y que por las noches bebes la sangre de pollos vírgenes para mantenerte joven, salvo que sea una información contrastada ( :P :P )

Cierto, pero para eso están los Tribunales. Que el Poder Político sea quien determine qué está bien dicho y qué no lo está es inasumible por cualquiera que crea en el Estado de Derecho, porque convierte al Poder político en juez y parte.

Si la COPE, o quien sea se pasa cuatro pueblos ( como en el caso de Evo Morales ), denuncia al juzgado y asunción de responsabilidades. Lo otro es inadmisible para cualquier demócrata.

El CAC tiene las competencias sobre las emisiones de FM. Este organismo, sólo ha hecho el estudio.

Y lo ha realizado en base a denúncias públicas, y ahora es la Generalitat la que tiene que definirse si lo lanza a tribunales o no.

Por lo menos, eso es lo que yo tengo entendido. Si no es asi, espero que sin atizarme mucho, me corrijáis.  :P

Y que alguien ponga el texto de la Ley para ver que dice... :)

Esto de los nuevos tribunales de censura... si alguien se siente ofendido por lo que la Cope, la Ser, Onda Cero, Telecinco o Pepito Pérez diga, una denuncia al juzgado por difamaciones, por injurias, o por lo que proceda, vamos, es lo como creo que debe ser...

Y que conste Dr. que estoy de acuerdo en lo de los tribunales...

Aquí os dejo más información (Gaceta de los negocios - OCP)

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La Federación de la Prensa pide recursos de inconstitucionalidad contra la Ley


X. G. Barcelona. La Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) instó ayer al Gobierno y partidos políticos a presentar recurso de inconstitucionalidad contra parte de la nueva Ley Audiovisual de Cataluña, aprobada por el Parlamento catalán el martes con los votos del triupartito y CiU y sólo la oposición del PP. La FAPE cree que esta ley “resucita” la censura del pasado y supone una “clara restricción” en el ejercicio de las libertades de información.

La Federación de Asociaciones de Prensa recordó en un comunicado que estas libertades están garantizadas por la Constitución, y consideró la ley, que otorga poderes sancionadores en materia que afectan al ejercicio de las libertades de expresión y de información, significa un “retroceso peligroso” en los derechos de los ciudadanos.

A juicio de la FAPE lo que establece la ley supone “resucitar una forma de censura que ya conocimos en el pasado”, así como facultades administrativas que se entrometen en los contenidos de los medios y que conculcan el mandato constitucional.

La Federación de Asociaciones de Prensa instó al Gobierno, a los partidos políticos y a los organismos con capacidad para ello, a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra varios aspectos de esta Ley, a fin de que el Tribunal Constitucional, garante de la norma básica, establezca si esta restricción de libertad de información y de crítica se ajustan a la Ley fundamental.

Contendido de la ley

El Parlamento catalán aprobó esta ley el martes, con los votos a favor de todos los grupos menos el PP, que en comisión había apoyado el texto. La Ley Audiovisual de Cataluña exige que la información que difundan los medios “sea veraz” y prevé que las licencias de emisión sean dadas por el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) y no por el Gobierno. Es la primera ley española que prevé que un organismo no gubernamental conceda licencias.

La ley fue aprobada con el apoyo de más de dos tercios de la Cámara, aunque bastaba la mayoría absoluta, y los grupos elogiaron su contenido. No obstante, el PP criticó que “no garantiza suficientemente la pluralidad lingüística y religiosa” y que el CAC (Consejo Audiovisual de Cataluña) pueda emitir informes negativos respecto a la “veracidad” de la información de los medios, si bien ha admitido que “nadie puede dudar de la pluralidad del CAC”, que es quien otorgará las licencias. El CAC es un organismo independiente, cuyos miembros elige el Parlamento catalán, y de estructura autónoma que actúa como autoridad reguladora y que ahora aumenta sus funciones.



El PP justifica su voto contrario por la dificultad de “calibrar la veracidad”


El presidente del PP catalán, Josep Piqué, justificó ayer el voto negativo del PP a la Ley del Audiovisual pese a estar de acuerdo con ella en la ponencia y en la comisión parlamentaria. Aunque admitió “aspectos positivos”, dijo que “es muy difícil calibrar la veracidad de las informaciones y la capacidad sancionadora de un organismo que no deja de ser de contenido político”.

El líder popular, en declaraciones a Catalunya Radio, defendió que eso “hay que dejarlo en el ámbito de los tribunales, del Código Penal”, mientras que “al final ha quedado (en la ley) un aspecto que lleva a la ambigüedad y a una cierta incerteza jurídica desde el punto de vista de calibrar la aplicación del artículo de la Constitución sobre libertad de expresión”.

Piqué negó que traten así de defender a la Cadena Cope. “Ni protegemos ni dejamos de proteger a una radio ni a otra. A veces nos gustan determinadas informaciones y a veces nos desagradan”, dijo, e hizo notar que la Cope “es muy crítica respecto a la estrategia del PP de Cataluña”. En cualquier caso, constató que los medios “deben poder expresarse como lo crean conveniente”, y “quien se sienta ofendido por informaciones que sean calumniosas u ofensivas tiene los tribunales para acogerse”.


Contenido

■ Art. 4 Libre Elección. “Todos los ciudadanos tienen derecho a recibir información veraz y a escoger libremente los servicios audiovisuales que quieren recibir”.

■ Art. 7. Veracidad Informativa. “La información difundida (...) debe ser veraz. Se entiende por información veraz la que se fundamenta en hechos que se pueden someter a una comprobación diligente, profesional y fidedigna”.

■ Art. 76. F. Principios Básicos Reguladores de los Contenidos Audiovisuales. Límites: … hacer una separación clara entre informaciones y opiniones, y respetar el principio de veracidad en la difusión de la información. Se entiende por información veraz la que es el resultado de una comprobación diligente de los hechos.

■ Art. 109. Naturaleza del CAC. “El CAC actúa como autoridad reguladora y ejecutiva dotada de plena independencia en relación al Gobierno …”

■ Art. 128. Infracciones muy graves. Son infracciones muy graves: el incumplimiento de los principios básicos de la regulación de los contenidos audiovisuales. (art. 76. F)

■ Art. 132.2. Sanciones. Las infracciones muy graves se sancionarán con una multa de 90.001 a 300.000 euros y la suspensión de la actividad por un periodo máximo de tres meses. … En el caso de comisión reiterada en un año de dos infracciones muy graves el CAC puede acordar el cese definitivo de la prestación de los servicios audiovisuales por parte del responsable.

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 :o :o

Y... Funciona ??

No lo sé, se lo tienes que preguntar a Iranzo ( :P  :P )

Ves que fácil es empezar un rumor?

Cierto, que decidan los tribunales, y que pongan la sancion o esculpen tal como vengan las pruebas y las sentencias...

Totalmente de acuerdo. Seguro que hay alguna otra asociacion que opine lo mismo de la SER, pues esa tambien a los tribunales, menos zarandajas y si hay tanta indignacion y tanta ofensa que denuncien, que para eso estan y dejen de maniquear unos y otros tocandonos las bolas.

 >:(  >:(

La polémica que el informe del Consell del Audiovisual de Catalunya (CAC) sobre la COPE generó ayer en medios políticos y periodísticos de Madrid ha causado sorpresa en el organismo. El PP de Madrid denunció la "deriva antidemocrática" del CAC, que dice que ha pasado a convertirse en un "órgano represor", y el líder de los socialistas madrileños, Rafael Simancas, abogó por "evitar el riesgo de la censura" contra la emisora de la Conferencia Episcopal Española.

 La Asociación de Usuarios de la Comunicación, en cambio, defendió el derecho del CAC a sancionar a los medios que incumplan la ley.

El presidente del CAC, Josep Maria Carbonell, negó que haya intención de cerrar ninguna emisora de radio. También lo negó el secretario de Difusió Audiovisual de la Generalitat, Santiago Ramentol, que recordó que el Govern "aplica" lo que dice el Tribunal Supremo en la concesión de frecuencias de radio.

Carbonell defendió que su informe, aunque "excepcional", forma parte de las tareas "habituales" de sus entes homólogos "de Francia, Alemania y Gran Bretaña". Según Carbonell, quizá el hecho de que España no disponga ni de un consejo ni de una ley audiovisuales propios "explica en parte" las reacciones.

En tono institucional, Carbonell explicó que, a diferencia de otras comunidades, en las que la supervisión de las concesiones de licencias radiofónicas corresponde a los ejecutivos autonómicos, en Catalunya esa tarea depende del CAC. Así pues, y aunque lo tildó de "excepcional porque un operador la COPE ha vulnerado de forma reiterada los principios de concesión de un servicio público", su informe es una simple "actuación ordinaria de una entidad administrativa independiente".

APOYO POLÍTICO UNÁNIME
Además, Carbonell resaltó que el CAC, con informes como el del tratamiento informativo del 11-M, ha demostrado ser "garante del derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz". Así lo entienden todos los partidos políticos catalanes, que ayer reiteraron su apoyo al CAC.

Incluso el PPC, en desacuerdo con el informe y que el martes votó en contra de la ley del audiovisual, contemporizó con el CAC. Opuesto como liberal a cualquier regulación, su portavoz parlamentario, Francesc Vendrell, dijo que prefiere que el control del audiovisual lo ejerza un ente como el CAC y no el Govern.

En fin, empiezan las reacciones a favor y en contra. . .

Denunciar puede hacerlo cualquiera

solo es necesario decir lo que sucede y que tenga una cierta base juridica

si el acto de delictivo 

EL UNICO con poder suficiente es un juez

el resto es una pantomima o una ilegalidad

              O0................. O0

Sin entenderlo demasiado, mucho me temo que hay un vacío legal y de competencias en todo este tema.

sogtu

haya un vacio legal o no

lo q tengo clarisimo q el unico q puede dar o quitar si de libertades hablamos

  es la judicatura  lo demas podria empezar a estar  en una linea muy muy peligrosa

Si javi, entiendo y comparto tu idea.


Pero frases como estas me dan a entender que las sanciones en estos casos, supongo que después de una sentencia firme, no está en manos del poder judicial.

Hay algún punto en el que me pierdo, y no se cual es.

Bueno, ejemplos de esto existen en todo... Sin ir más lejos, las sanciones de tráfico. Supongo que aunque el CAC sancione siempre existirá el recurso de acudir a los tribunales...

En cualquier caso, lo de "plena independencia en relación al Gobierno" siempre me ha resultado curioso y, de paso, no me lo creo... Los Gobiernos (sean del color que sean) siempre intentan manejar los resortes para que determinados organismos (me da igual el CAC, que el CGPJ) les favorezcan en las decisiones.

repito q hablar de libertad de expresion y q algo o alguien q no sea la judicatura  decida q es bueno o no.Me da mucho repelusssssssss

pero mucho muchooooooo  antes  como se llamaba?  Censura?

          O0,,,,,,,,,,,,,, O0

Pues toma dos tazas...

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Un consejo audiovisual estatal vigilará la "veracidad" de las informaciones 

El organismo podrá revocar las concesiones de radio y televisión por el contenido de sus programas

No sólo el Consejo Audiovisual Catalán (CAC) tendrá capacidad para cerrar y suspender emisiones. El Gobierno se dispone a aprobar una ley para crear un Consejo Estatal de los Medios Audivisuales que tendrá como misión, entre otros, velar por el "pluralismo" (incluido el lingüístico), la "veracidad" y el respeto al honor en las informaciones. El incumplimiento de esta obligación puede acarrear, por infracción muy grave, hasta la revocación de la licencia de radio o televisión. Por su parte, el presidente del CAC, Josep María Carbonell, afirmó ayer que, pese al demoledor informe emitido contra los contenidos de la Cope, su institución opta por el diálogo y jamás cerraría la emisora.
ROSARIO G. GÓMEZ  -  Madrid
EL PAÍS  -  Sociedad - 23-12-2005
         

El Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales que ha diseñado el Ministerio de Industria, dirigido por José Montilla, tendrá competencias para controlar, inspeccionar y sancionar a los operadores de radio y de televisión. Las faltas muy graves, como la vulneración del "pluralismo" y la "veracidad" de las informaciones acarrearán una multa de hasta un millón de euros y la posible revocación de la concesión. Las resoluciones del consejo podrán ser recurridas ante los tribunales.

El Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales, según figura en el anteproyecto de ley, tendrá menos competencias que el Consejo Audiovisual Catalán (CAC), ahora mismo envuelto en la polémica por su informe sobre la Cadena Cope, en el que concluye que la emisora incumple el régimen de concesión porque sus programas La mañana y La linterna vulneran el honor de las personas y ejercen la "denigración pública". A diferencia de la autoridad autonómica, la estatal no tendrá potestad para adjudicar licencias de radio o de televisión. Esta prerrogativa continuará en manos del Ejecutivo.

Incumplir las obligaciones en defensa del pluralismo (incluido el lingüístico) y de los derechos de los ciudadanos se considerarán faltas muy graves, así como vulnerar los principios de objetividad y veracidad de las informaciones, la no separación entre informaciones y opiniones, la vulneración del derecho al honor, la fama y la intimidad personal y familiar y la protección de la infancia y la juventud.

Los siete miembros del consejo serán designados por una mayoría de dos tercios por el Congreso. Su mandato será de seis años, superior a la duración de una legislatura.

En materia de contenidos audiovisuales, este organismo vigilará los principios establecidos en la Ley General Audiovisual. Este texto fija un catálogo de sanciones muy graves, entre las que figuran la emisión de programas que que infrinjan "de manera grave y reiterada" los principios y valores constitucionales y del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Mención expresa se hace a aquellos contenidos que incluyan programas, escenas o mensajes "que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores" o aquellos otros que "fomenten el odio, el desprecio o la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social". En el mismo caso se encontrará el operador que haya incumplido de forma reiterada las circulares y resoluciones vinculantes dictadas por los órganos de control y supervisión.

La ley prevé también la suspensión "temporal" mediante la emisión de una imagen en negro que ocupe toda la pantalla en los casos en los que las televisiones cometan una infracción muy grave que afecte a los contenidos audiovisuales. El tiempo de esta sanción será variable. Podrá ser equivalente a la duración del espacio en el que se cometió la infracción o prolongarse durante tres días.

La ley penalizará la emisión de mensajes cifrados o subliminales o aquellas señales de identificación que sean falsas o engañosas, así como la "negativa, resistencia u obstrucción" que impida o dificulte la difusión de los comunicados o declaraciones que el Gobierno o la autoridad correspondiente considere necesario difundir a través de los medios de comunicación.

Las sanciones serán públicas,según establece el anteproyecto de ley, y llevarán aparejada la obligación de difundir las resoluciones que las motiven. Se podrá suspender temporalmente la difusión de canales o de un programa concreto durante un mes, aunque en los casos más graves se llegará al precinto de los equipos y de los aparatos de emisión. En casos de urgencia, las medidas disciplinarias podrán ser acordadas antes de la incoación del expediente sancionador.

 :-\\\\ :-\\\\

Ya se van perfilando las competencias de los consejos.

De todas maneras, esto no es una invención de nuestros politicos. Parece que en Europa ya funciona de una forma parecida.

Clifor, no seas tan incrédulo. Cuando un organismo es independiente, es independiente.  -cabezon

¡¡¡ Me lo quiero creeeeerrrrr !!!  8)

 -juasjuas        -juasjuas          -juasjuas              -juasjuas

tu di mucho la palabra independencia  y ya te digo donde terminas

como poco en  LA MODELO ¡¡¡¡¡¡¡¡
aleeeeeeee  a meditarlo .................................  O0

Sssssssssssshhhhhhhhhhhhhhhttttttttttttttttttttt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

No grites tanto que te van a oir y la liamos.  ;)



 -juasjuas

El punto 4 ya viene de lejos, no es precisamente nuevo y además es normal, cada uno es responsable de lo que se hace con su vehículo, no sé dónde ves el problema. El punto dos ha sido así siempre, quién tiene que otorgar las licencias si no?.

Sobre el punto 1, ningún comentario porque es simplemente falso.

Sobre el punto 3, transformar el consumo de tabaco en una cuestión de libertades y democracia me parece un poco traído de mano...

Esto se puede prolongar eternamente así que mira bien que las resoluciones del consejo podrán ser recurridas ante los tribunales, con lo que, en última instancia, la decisión corresponderá a un juez.

Lo que pasa es que de la noticia anterior tú infieres que el Gobierno decide de la veracidad de la información, que el gobierno decide quien emite y quien no, y además, aprovechas para decir que si los hosteleros y que si la abuela fuma... y volvemos a las churras y a las merinas.

Que quede claro que a mi no me gustan este tipo de leyes, pero que ni me la he leído en profundidad ni sé cuáles son los motivos para hacerla (que seguro que hay alguno, oscuro o no). Y que desde luego, por esta ley no puede hablarse de, por ejemplo, la regulación del espectro radioeléctrico, aspecto del que por profesión debería saber más y del que, desgraciadamente, desconozco mucho.

Por último, denunciar al que incumple una ley tiene que ver más con el civismo que con "delatar" a nadie. Supongo que si tú ves hacer una burrada en la carretera, por ejemplo, ir en sentido contrario en una autovía, te molestarás en denunciar a quien lo hace, no? Porque parece que el problema no está en quien incumple una ley o normativa, si no en quien tiene que pillarte, y así nos luce el pelo.

aH pero entonces que volvemos otra vez a la censura?¿ que yo sepa estos temas sobre libertad de expresion y comunicacion la lleva el tribunal

A mi me extraña esto, ¿no debería ser al revés?