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El PP y los jueces critican a Garzón por “remover la historia” de la represión.
El PP respaldó en 2002 la reapertura de fosas, pero ahora Rajoy la rechaza

El juez Baltasar Garzón recibió ayer una respuesta contundente de sus colegas: no debe seguir tratando de investigar los desaparecidos del franquismo. Aún más directo fue el ataque del líder del PP, Mariano Rajoy, y de algunos dirigentes de este partido, como Jaime Mayor Oreja: “Soy partidario de no abrir las heridas del pasado, porque no conduce a nada”, sentenció el jefe de la oposición.

Preguntado sobre el significado de esa respuesta tajante, y sobre si se puede interpretar que el PP está en contra de la reapertura de fosas que llevan a cabo decenas de familias y asociaciones –ya hay casi 4.000 desenterrados, sin que se haya registrado ningún conflicto en los pueblos afectados-, Rajoy no contestó.

“Ya dije en el debate de la ley de memoria histórica que lo mejor de la Constitución de 1978 es que los españoles nos pusimos de acuerdo en mirar hacia el futuro y construir juntos un mejor futuro para todos. No soy partidario de reabrir las heridas del pasado, lo haga quien lo haga”, zanjó el líder del PP.

Un poco más lejos fue Mayor Oreja, que consideró “un error” la iniciativa de Garzón. “Todo eso me parece un disparate. España siempre ha tenido la tragedia de la división, de la confrontación y todo lo que significa ahonda en eso es recuperar la peor historia de España” declaró a Servimedia.

Este endurecimiento de la posición del PP contradice su línea política. En 2002, con el PP en el Gobierno con mayoría absoluta y en medio de una gran presión social porque se abrían fosas por toda España sin apoyo de las administraciones, José María Aznar ordenó a los suyos pactar la única condena por unanimidad del franquismo que ha realizado el Congreso.

Se votó el 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Franco. Esa declaración, inspirada en la frase de Azaña, “paz, piedad, perdón” y apoyada por el PP, reafirmaba “el deber de proceder al reconocimiento moral de las víctimas de la Guerra Civil, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista” “Instamos”, decía el Congreso, “a que cualquier iniciativa promovida por las familias que se llevan a cabo en tal sentido, sobre todo en el ámbito local, reciba apoyo de las instituciones”. Esa declaración de respaldo oficial incluía la reapertura de las fosas. La iniciativa de Garzón recibió también el rechazo de Antonio García, portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), y de Lorenzo del Río, de la Francisco de Vitoria, que consideran la reapertura de fosas debería ser gestionada por la vía administrativa y no penal. Incluso Miguel Ángel Jimeno, de Jueces para la Democracia, criticó a Garzón porque cree que ésa es tarea del Ejecutivo, aunque defendió el derecho de las victimas a saber “donde se encuentran sus muertos”.

La fiscalía, dependiente jerárquicamente del Gobierno, se ha opuesto a la iniciativa de Garzón. Mientras, el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, mostró su “respeto” a la decisión del juez. Amnistía Internacional aplaudió a Garzón y pidió al Ejecutivo que “asuma su responsabilidad” y desarrolle la Ley de Memoria Histórica.

JUSTICIA TIENE LISTO EL REGLAMENTO PARA RECONOCER A LAS VICTIMAS DEL FRANQUISMO.

90 personas han pedido ya al ministerio la declaración como represaliados.

Ocho meses después de la aprobación de la polémica Ley de Memoria, el Gobierno empieza a desarrollarla. Sobre todo en uno de sus puntos más novedosos, el de la creación de una declaración solemne de reparación y reconocimiento personal para todas las víctimas de la Guerra Civil y de la posterior represión franquista.

El Ministerio de Justicia tiene ya redactado el reglamento que desarrolla la ley en este punto (su artículo 4) y lo enviará en las próximas semanas al Consejo de Estado para su aprobación definitiva, según un portavoz de este departamento.

Este documento oficial, que implica un reconocimiento que han reclamado muchas víctimas, debe ser expedido por Justicia, según la ley. El Gobierno quiso crear un tribunal de cinco notables que lo expidiera tras una investigación, pero ante la polémica creada, y tras la oposición del PP, que podría bloquear la creación de este órgano, decidió que sea Justicia quien lo de casi automáticamente, tras una pequeña investigación de los datos aportados por la víctima o cualquiera de sus familiares.

A pesar de que en las asociaciones de represaliados hay bastante confusión al respecto de quien expide este documento y como pedirlo, el Gobierno no ha hecho ningún tipo de publicidad. Justicia asegura que ya lo han solicitado 90 personas.

Para muchos represaliados supervivientes- ya muy ancianos en su mayoría- y sobre todo para los familiares de los asesinados, el reconocimiento oficial de los injusto de su condena, aunque no implique ninguna compensación económica- la ley las excluye- es importante. Al contrario de lo  que sucedió en otras dictaduras, la Transición española se realizó sin ruptura legal con el régimen anterior, de manera que, por ejemplo, la sala de lo Militar del Tribunal Supremo rechaza sistemáticamente la revisión de juicios sumarísimos del franquismo, realizados sin ninguna garantía legal, porque considera que se realizaron según la legalidad vigente y por tanto son legítimos. Las familias de Julián Grimau o Salvador Puig Antich se han topado con este muro.

Este reconocimiento oficial no equivale a la nulidad de las condenas que reclamaban y reclaman las asociaciones, pero es el primer documento de un Gobierno de España que sirve como reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista.

El Gobierno, sin embargo, tal y como ha denunciado Joan Herrera, diputado de ICV y uno de los principales artífices de la Ley de Memoria, apenas ha desarrollado esta normativa. No sólo no ha elaborado el mapa de fosas a la que le obliga el artículo 12). Tampoco ha redactado ningún reglamento ni medida de presión para cumplir el artículo 15), que anima a la desaparición de símbolos franquistas en ayuntamientos e iglesias. El color político marca, como siempre, la decisión. Mientras en A Coruña la nueva administración socialista cambia calles y hospitales dedicados a la falangistas, las estatuas de Francos siguen en pie en Santander-pendiente de unas obras de aparcamiento- o Melilla y no hay noticia de iglesias que hayan retirado la conocida placa de “caídos por Dios y por España”.

Lo que la ley dice:

Art. 4 Declaración de reparación y conocimiento.
4.1. Se reconoce el derecho a obtener una Declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil y la dictadura padecieron los efectos de las resoluciones a que se refieren los artículos anteriores.
4.4. Las personas o instituciones previstas en los apartados anteriores podrán interesar del Ministerio de Justicia la expedición de la Declaración. A tal fin, podrán aportar toda la documentación que sobre los hechos o el procedimiento obre en su poder.
4.5. La Declaración a que se refiere esta ley será compatible con cualquier otra fórmula de reparación prevista en el ordenamiento jurídico y no constituirá título para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración Pública.

LA MEMORIA DE LA GUERRA LLEGA AL PUEBLO LEONES DE IZAGRE

Durante 35 años, las viudas, hijos y hermanos de nueve hombres y una mujer fusilados el 9 de octubre de 1936 en Izagre (León) pagaron a los dueños de una finca para que dejara sin cultivar un rectángulo del ancho de diez cuerpos. Ayer, la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica inició la exhumación de esa fosa.

Una pareja de campesinos encontró los diez cadáveres al día siguiente del fusilamiento, al borde de una carretera. Sus verdugos ni siquiera habían intentado esconder los cuerpos. Según recuerdan los labradores, movieron a los fusilados hacia el campo, excepto a uno. “Como era mujer, no la tocamos”, explicó casi una vida después a los investigadores uno de los hombres que descubrió los cadáveres. Tras dar aviso en el pueblo, un grupo de vecinos los enterró en una finca.

María Alonso Ruiz, de 33 años, llevaba el pelo rapado y una gorra cuando los campesinos, por pudor, decidieron no mover su cadáver. “era la particular forma de castigo que los falangistas empleaban con las mujeres: les rapaban la cabeza, para humillarlas”, explica el investigador José Cabañas. Sus vecinos la enterraron con la gorra cubriéndole el rostro y sus gafas sobre el pecho.

En los años 70, la concentración parcelaria –proceso por el que se eliminaron las pequeñas fincas agrarias- se llevó por delante el rastro de aquel rectángulo de diez cuerpos de ancho que había permanecido intacto durante casi 35 años. Para entonces, solo la familia de uno de los fusilados, Juan María Vergué Arjona, registrador de la propiedad había rescatado el cadáver de su pariente. Lo desenterraron en los años 50 y lo reconocieron porque sabían que sus vecinos lo habían enterrado con su estilográfica, aunque uno de ellos se había apropiado de su alianza de boda.

La concentración parcelaria borró la huella de la tierra, pero no el la memoria de os familiares y vecinos, que nunca olvidaron que en aquel campo había algo suyo. Hasta ayer.

“¡Los hemos encontrado! ¡Dios bendito!”, gritaba ayer al otro lado del teléfono el investigador José Cabañas, eufórico casi diez horas y cinco años después de haber empezado a buscarlos. Cuando termine la exhumación, el próximo viernes, si todo va bien y la memoria de los suyos no les ha fallado. María Alonso Ruiz podrá ser reconocida por sus gafas. Para Josefina habrán sido 72 años de espera. La última vez que vio a su hermana María, en la cárcel de San Marcos, donde ella también estaba presa, pensó que nunca más volvería a tener noticias de ella.

(Natalia Junquera/Carlos E. Cué. El País, 3 de septiembre de 2008)

http://www.rtve.es/noticias/20080902/una-busqueda-dos-fosas-historias/149087.shtml

GARZÓN DA 15 DÍAS A LAS PARTES PARA QUE LE INFORMEN SOBRE LOS DESAPARECIDOS

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dado hoy un plazo de quince días a las asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo que han presentado denuncias en su Juzgado para que le faciliten una relación de los desaparecidos y ubicación posible de las mismas.

En una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 fija este plazo con el fin de poder determinar, "con la mayor rapidez posible", si es competente para investigar estos hechos para que le hagan llegar un listado de las personas desaparecidas que hubieran sido localizadas, así como los lugares y fechas de su hallazgo.

Garzón pidió ayer al abad del Valle de los Caídos, al Archivo General de la Administración, a la Conferencia Episcopal y al Centro Documental de la Memoria Histórica, así como a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid que le informen sobre el número de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

Solicitó también a las partes personadas -hay un total de ocho asociaciones de familiares de desaparecidos- que aportaran los datos que dispongan sobre las personas que estén realizando exhumaciones de víctimas de desapariciones forzadas con el fin de que estas actuaciones puedan ser controladas por su Juzgado "tanto en su ejecución como en su resultado una vez que se resuelva sobre la competencia".

La petición del juez también se extiende a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid, que deben notificarle el nombre de las personas enterradas en fosas comunes de sus localidades -también fecha y lugar de su nacimiento, residencia y filiación- a partir del 17 de julio de 1936 "como consecuencia directa del denominado 'alzamiento nacional' y la situación de Guerra Civil que provocó y la posguerra bajo el mandato del nuevo régimen en España".
Se dirigió además al Archivo General de la Administración para que le emita un informe o le identifique el organismo que pueda dictaminar sobre la cifra de desaparecidos, y al Centro Documental de la Memoria Histórica le pide que le haga llegar los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo de los que disponga.

Asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo han presentado hasta ahora ocho denuncias en el Juzgado de Garzón por diferentes casos en Navarra, Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia, Andalucía y un caso individual de un diputado socialista, y, de forma genérica, han denunciado la desaparición de unas 30.000 personas durante esa época.

(EFE 2 de septiembre de 2008).

CÓRDOBA COLABORARÁ "EN TODO LO POSIBLE"
IU, PSOE Y PP CLONAN LA DISPUTA NACIONAL EN TORNO AL AUTO DEL JUEZ.[/b]

El Ayuntamiento de Córdoba colaborará "en todo lo posible" con la investigación impulsada por Garzón. Así lo manifestó ayer la regidora, Rosa Aguilar, quien indicó que ofrecerá al poder judicial todo los datos que el Consistorio tiene sobre los fusilados y todos los que conoce en cuanto llegue la notificación formal del juez. La alcaldesa insistió en que se trabajará con normalidad y afirmó que no cree que la iniciativa judicial abra heridas: "No pretende mirar atrás ni ajustar cuentas", ya que los familiares de los desaparecidos en la Guerra Civil "tienen el derecho a recuperar los restos". En la misma línea se pronunció el primer teniente de alcalde socialista, Rafael Blanco, quien explicó que el equipo de gobierno ha acordado dar "todo tipo de facilidades".
Por su parte, el concejal del PP Miguel Ángel Torrico manifestó el respeto de su grupo municipal por la decisión judicial, aunque insistió en que "no es prioridad" de este Ayuntamiento este tipo de investigaciones y que hay problemas, como el paro, mucho más preocupantes en la ciudad de Córdoba.

(I.Marzo. Diario Córdoba. 03 de septiembre de 2008)

LA IGLESIA DICE QUE NO DISPONE DE LAS CAUSAS DE LAS MUERTES

La iglesia católica trata de lavarse las manos ante el requerimiento de Garzón para que facilite el acceso a los archivos de las 22.827 parroquias donde pueden estar recogidos los nombres de personas secuestradas y fusiladas al acabar la guerra sin informar a sus familias.

Fuentes de la Conferencia Episcopal Española (CEE) aseguraron que no se había recibido la petición y consideraron que la notificación debería remitirse directamente a los arzobispados, competentes en esta materia, ya que la CEE es un órgano colegiado. No obstante, la providiencia judicial podría ser objeto de análisis en la próxima reunión de comité ejecutivo, prevista para el 11 de septiembre. Medios eclesiásticos apuntaron que en los libros de difuntos no constan las desapariciones ni las causas de la muerte de las personas. Este dato, o al menos la fecha, si puede figurar en los registros civiles.

VALLE DE LOS CAIDOS: Anselmo Álvarez, abad del Valle de los Caídos, aseguró que allí existe un registro de 34.000 fallecidos, pero matizó que todos “de uno y otro bando” perecieron “durante la guerra y en acción de guerra”. Álvarez dudó de que sea de utilidad para Garzón, cuya solicitud no ha recibido. Dos familiares de muertos en ese periodo denunciaron ayer que sus antepasados fueron llevados al Valle en 1959 desde fosas comunes y figuran en columbarios sin nombre.

(Antonio María Yagüe- Diario Córdoba. 3 de septiembre de 2008)

Córdoba sufrió una de las mayores represiones tras la Guerra Civil Se calcula que 8.545 personas murieron en la contienda y 3.036 fueron fusiladas en la posguerra.[/b]


"20 de agosto de 1936. 25 fallecidos. Varones. M.V.". El libro de muertos del cementerio de la Salud apenas despacha en una línea el fusilamiento de unos hombres sin nombre ni apellidos para la historia oficial. Apenas dos iniciales, M.V, corroboran que fallecieron de muerte violenta. Elaborar un censo de muertos es una tarea ardua porque están doblemente desaparecidos: "El silencio de los verdugos cae sobre estas desapariciones físicas y documentales", afirma el historiador Francisco Moreno, que presentará en octubre 1936. El genocidio franquista en Córdoba. Moreno tiene documentada la muerte de 11.581 cordobeses. Una cifra "incompleta" porque los registros civiles están salpicados de irregularidades y silencios. "Los familiares de los fusilados estaban aterrados. ¿Cómo iban a registrar a sus muertos al Registro Civil?", pregunta Moreno.

Desde hace años, varios asociaciones se han dedicado a investigar este asunto. José Manuel Mariscal, parlamentario andaluz por IU y miembro del Foro de la Memoria, ensalza este trabajo aunque critica las dificultades económicas para culminar las pesquisas. De hecho, explica que la Universidad de Barcelona tiene paradas muchas pruebas de ADN de muertos en Córdoba por falta de financiación.

Las cifras son aproximadas, advierte Mar Téllez, presidenta del Foro Ciudadano para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía. Este foro investiga, con al apoyo de la Junta y el "empuje ciudadano", lo relacionado con la recuperación de la memoria. La elaboración de un mapa de fosas andaluzas es su proyecto más ambicioso. En Córdoba se han hallado 82 fosas, que contienen los restos de 7.625 víctimas de la guerra.

Los muertos de Franco están en las cunetas y en las fosas comunes de los cementerios. Los libros de los camposantos, los registros civiles y el de la prisión provincial, así como el Tribunal Militar Territorial 2 de Sevilla, son las teselas que quiere reunir Garzón para censar a los muertos. Moreno manifiesta sus dudas acerca de que la Iglesia, que fue "cómplice", disponga de datos documentales: "El capellán de la Salud registró en cuadernillos los enterrados en su cementerio --explica Moreno--. Pero lo hizo a título particular y los cuadernos están desaparecidos desde 1985".

Durante la guerra, en la capital murieron 4.000 personas y 4.545 en los pueblos; en la posguerra, 3.036, de los que la cifra de fusilados asciende a 1.600 personas; 220, en el maquis; 160, por la Ley de Fugas; 300 murieron en campos nazis; 756, en la prisión, sobre todo de hambre. En cuanto a los muertos leales a Franco, Moreno tiene contabilizados 2.329.

(Irina Marzo. Diario Córdoba. 03 de septiembre de 2008)

EL MIEDO AL CONOCIMIENTO HISTÓRICO

La reacción de algunos políticos a la providencia del juez Garzón para censar a las víctimas del franquismo quiere cerrar las puertas al conocimiento histórico y les niega a los muertos la honra debida

La providencia hecha pública por el juez Baltasar Garzón ha tenido efectos fulminantes. No es para menos. A los 33 años de que el general Francisco Franco pasara a ese estado en que sus responsabilidades como gobernante habrán sido juzgadas por Dios, aunque todavía no por la Historia, Garzón ha emplazado a la maquinaria administrativa a que dé los pasos que permitan estimar si procede abrir algún tipo de procedimiento llamado a arrojar luz sobre el capítulo más sórdido del anterior régimen.

Las reacciones de algunos cualificados representantes del principal partido de la oposición han sido negativas. No hay que "abrir las heridas del pasado". No hay que "echar piedras sobre nuestro propio tejado". Son argumentos que para cualquier historiador, y para un segmento significativo de nuestra sociedad, resultan aberrantes. ¿Qué tiene el pasado español para que su escrutinio deba permanecer cerrado a cal y canto? ¿Qué debe ocultar una democracia que tanto se enorgullece de serlo? ¿Pueden ponerse puertas al viento o encadenar el conocimiento? ¿No tenemos un precepto evangélico que afirma que la verdad nos hace libres? ¿Habrá que transmutarlo en un remedo del obsceno lema nazi de que el trabajo, en los campos de concentración o de exterminio, era lo que "liberaba"? Yo me quedo con la advertencia -que tomo prestada a Hilari Raguer- de alguien a quien nuestra derecha política y judicial probablemente no considerará como un izquierdista travestido: León XIII. La primera ley de la historia es no osar mentir. La segunda no tener miedo a decir la verdad.

Debemos abrir el pasado por, cuando menos, tres razones. La primera es de naturaleza técnica. Las otras dos traducen una valoración axiológica que no debería ser desconocida para nuestra derecha. En lo que se refiere a la primera conviene señalar que es precisamente en estos últimos años cuando han empezado a crearse las condiciones materiales precisas para poder abordar científicamente, desapasionadamente nuestro pasado. Aunque subsisten excepciones -de las que este periódico se ha hecho eco el pasado mes de agosto- relacionadas con los archivos que dependen del Ministerio de Defensa y en los que se remansan los expedientes de miles y miles de causas judiciales, de Consejos de guerra y, por ende, los datos macabros de la represión efectuada por el aparato militar, en general tanto en España como en el extranjero la apertura de fondos sobre la guerra civil ha alcanzado un grado notable. Con lo que ya hay disponible cabe triturar la mayor parte de las interpretaciones aducidas por los servidores de la dictadura y el nunca añorado Ministerio de (des) Información sobre su génesis y desarrollo. Ha llegado, pues, el momento de aprovecharlos.
La segunda razón estriba en evitar hacer el ridículo como país, como Estado, como colectividad, como españoles. ¿Es que acaso tenemos genes que nos hagan incapaces de afrontar nuestro pasado? Los sudafricanos, los chilenos, los argentinos, los rusos, por poner unos cuantos ejemplos, han dejado ya en pañales a quienes nos enorgullecíamos de una transición presentada como modélica.

El juez Garzón ha co-escrito un libro sobre la represión argentina. Me tocó presentarlo hace unos meses en Bruselas. Saltó a la fama mundial con su acoso al nunca lamentado general Pinochet (un alma de la caridad en comparación con Franco). Supongo que es sensible a la experiencia comparada. En esta dirección, ¿sabe nuestra derecha política y judicial algo de los avances que en los últimos 20 años se han hecho, por ejemplo, en Rusia para lidiar con los horrores del estalinismo? Con dificultades, sí, pero sin pausa. Me atrevo a afirmar que el nivel de su conocimiento, tanto allí como en Occidente, gracias a la labor de investigadores rusos, británicos, norteamericanos, franceses, alemanes, japoneses, etcétera, es muy superior al que los españoles tenemos sobre los horrores del franquismo.

Utilizo conscientemente el término de "horrores" en los dos casos no porque sean similares en número e intensidad (las más recientes estimaciones sobre los muertos en la Unión Soviética en el período de las grandes purgas, años 1937-1938, los cifran en torno a un millón de personas) sino porque responden al mismo intento de liquidar físicamente al mayor número posible de presuntos oponentes.

Habrá, sin duda, lectores de buena fe que se escandalicen ante tal afirmación. ¿Cómo atribuir tal propósito a un soldado católico, adicto al palio y al nacionalcatolicismo? Cabe demostrarlo. No, desde luego, con páginas entresacadas de sus inexistentes diarios sino, como en el caso de Stalin, por sus acciones mismas, esas que no se reflejan en los discursos ni en los periódicos pero que dejan huellas en el secreto de los archivos. Precisamente el tipo de fuentes que nuestra derecha política y judicial parece querer mantener cerradas bajo el lema de no ahondar las heridas del pasado. Franco no condujo la guerra con criterios esencialmente militares, como hubieran hecho muchos de sus generales, sino siguiendo postulados estrictamente políticos. Que se sepa no era asiduo de Clausewitz pero sí consciente de que la guerra era una forma de política que se llevaba a cabo por otros medios. Desde el primer momento se preocupó de poner en práctica lo que eufemísticamente denominó la "purificación" de España. Es difícil que tuviera el menor remordimiento cuando el cardenal primado, Isidro Gomá, y siguiendo sus instrucciones máximo inspirador de la Carta Colectiva del Episcopado español, podía escribir que "los rojos matan por sistema. Nosotros matamos, a pesar de nuestros deseos contrarios, obligados por la justicia".

Sólo que en el caso de Franco la referencia a esta última sobraba. Un soldado que alargó deliberadamente "su" tipo de guerra, sin tener en cuenta lo que la prolongación implicaba en términos de víctimas y de destrucción, tanto en las filas contrarias como en las propias, no iba a detenerse ante tales escrúpulos que probablemente eran, además, espurios.

La tercera razón tiene que ver con el precepto de honrar a los muertos. Es algo que suele hacerse en todo tipo de sociedades, también en las católicas. Si los nombres y cadáveres de las víctimas del terror que la sublevación militar desencadenó en zona republicana han sido honrados desde el final de la guerra, un número indeterminado, pero muy significativo, de los ejecutados sumariamente en la franquista todavía yace en fosas olvidadas, en rincones perdidos, en lugares ignotos. Es más, a juzgar por lo que se afirma en un libro reciente sobre las víctimas de la represión en Valencia, en ocasiones ha habido que recurrir al Juzgado ante la posibilidad de que pudiera ocurrir algo con las pruebas documentales sobre las inhumaciones en el cementerio municipal. Se estima que más de 26.000 personas fueron sepultadas en fosas comunes desde el 1 de abril de 1939 hasta el 31 de diciembre de 1945 en la ciudad del Turia. Es un número que se acerca al de las víctimas de la dictadura argentina. Que haya que utilizar tales procedimientos para que no se "pierda" el reflejo del pasado es, pura y simplemente, una vergüenza.

El deseo de querer cerrar las puertas al conocimiento es pueril. No lo ha logrado ninguna sociedad. Los horrores del nazismo, del fascismo, del comunismo se han documentado, aunque sea con lagunas. La Alemania de Adenauer intentó parar el proceso durante algún tiempo. Desde De Gaulle a Mitterrand se quiso echar el cerrojo sobre la complicidad del Estado francés en la Shoah bajo el régimen de Vichy. Los análisis internos sobre el terror estalinista no salieron a la luz en los años cincuenta del pasado siglo. Más tarde se convirtieron en una pieza fundamental para desentrañarlo. ¿No habrá aprendido nada nuestra democracia? ¿Acaso temblarán sus fundamentos porque se documenten la extensión y profundidad de la represión franquista en la guerra civil y en el montaje de la dictadura? La respuesta es negativa. Nos merecemos otra cosa.

(Ángel Viñas. Historiador. El País. 05 de septiembre de 2008)

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La doctrina oficial es más o menos la siguiente: en España, hasta hace muy poco, no se pudo escribir y casi ni hablar de la Guerra Civil o de la posguerra desde el punto de vista de los vencidos. Primero fue la represión franquista; luego el así llamado "pacto de silencio" de la Transición, por culpa del cual, y en nombre de una dudosa concordia democrática, se suprimió la memoria de los perdedores. Por fin, sólo hace unos pocos años, algunos libros empezaron a romper el silencio, algunas películas, gracias al Gobierno de Zapatero. Se estrena Los girasoles ciegos y un oyente llama a la radio para expresar su alivio, su alegría: "Por fin se puede hablar sin miedo".

Es una doctrina confortable. Permite el sentimiento halagador de estar participando, sin mucho esfuerzo ni peligro, en la reparación de una larga injusticia, en el descubrimiento de lo escondido durante muchos años. También de estar al día: de recibir, de algún modo, la legitimidad de los derrotados, hasta de alzarse en rebeldía contra el fascismo o la dictadura, con la ventaja no desdeñable de que esa rebelión virtual sucede en el espacio clemente de una democracia. Los libros, las películas de moda ofrecen una memoria tan gustosa de saborear como un caramelo, con ese aire en el fondo tan acogedor que tiene el pasado en el cine de época: los automóviles, los peinados, los sombreros, los pupitres de madera, la lluvia, la nieve acogedoras; cuando no el heroísmo igualitario: chicos y chicas con uniformes impolutos de milicianos, haciendo una guerra que se parecería mucho a una fiesta o a un domingo de excursión si no fuera por esos malvados de bigotito fino y camisa azul o de sotana negra que lo estropean todo. Los buenos, los nuestros, son poéticos, inocentes, entrañables, soñadores, no sexistas. Los otros no sólo son opresores y canallas: también son feos, groseros, machistas, maníacos sexuales, maltratadores de animales. La moda la empezó probablemente Ken Loach en Tierra y libertad, donde ya se insinuaba algo que viene teniendo mucho éxito en las patrias periféricas gobernadas inmemorialmente por una mezcla curiosa de nacionalistas y ex socialistas o ex comunistas cuyo principal rasgo ideológico es volverse más nacionalistas todavía que sus socios: los malvados de esta nueva memoria oficial, aparte de opresores, canallas, feos, groseros, machistas, maníacos sexuales, son algo todavía peor, si cabe: son españoles. En estas patrias, unánimes por definición, la Guerra Civil no es posible, porque no puede haber conflicto interno en una comunidad idílica. La Guerra Civil, el franquismo, fueron en realidad una invasión española, en la que los autóctonos, por el hecho de serlo, estuvieron libres de toda complicidad, y además fueron y siguen siendo víctimas.

El resultado de esta sentimentalización y oficialización de la memoria es el olvido de aquello mismo que se pretendía recordar. Quien dice que sólo ahora se publican novelas o libros de historia que cuentan la verdad sobre la Guerra Civil y la dictadura debería decir más bien que él o ella no los ha leído, o que los desdeñó en su momento porque no estaban de moda, en aquellos atolondrados ochenta en los que la doctrina oficial del socialismo en el poder era la contraria: con lo modernos que ya éramos, qué falta hacía recordar cosas tristes y antiguas.

No hubo que esperar a la Transición y ni siquiera a la muerte de Franco para leer por primera vez una novela antifranquista sobre la Guerra Civil publicada en España: Las últimas banderas, de Ángel María de Lera, ganó hacia finales de los años sesenta el Premio Planeta. Probablemente no era gran literatura, pero yo me acuerdo de la emoción de leer el drama de los últimos días de la República en Madrid, la urgencia y el miedo, el sentimiento de derrumbe. Por aquellos años cayó en mis manos otro de esos libros que se quedan impresos vivamente en la imaginación adolescente y resultan igual de iluminadores cuando uno vuelve a leerlos mucho tiempo después: Tres días de julio, de Luis Romero, que tiene la inminencia trágica de lo que todavía casi no ha sucedido y ya es irreparable. Hablo de libros que estaban al alcance de cualquiera y que fueron decisivos en mi educación de ciudadano y de escritor, en mi descubrimiento temprano y todavía indeciso de los mundos literarios que yo querría indagar en mi propia ficción.
Pero no sólo libros: aún no había muerto Franco y la gente llenaba los cines para ver La prima Angélica, de Carlos Saura, que retrataba con sarcasmo y crudeza a los vencedores de la guerra y exploraba un tema que fue crucial para los que empezamos a escribir novelas en los primeros años ochenta: el vínculo entre el presente y el pasado, la necesidad de saltar sobre el paréntesis de plomo de la dictadura para vincularnos a una tradición literaria, política y vital que se había roto con la guerra.

Qué insulto, qué injusticia para Max Aub decir que sólo en los últimos años se ha escrito de verdad sobre los vencidos: en los primeros ochenta Alfaguara había publicado ya todos los volúmenes de El laberinto mágico, que sigue siendo el gran ciclo de novelas sobre la Guerra Civil y la diáspora. También por entonces se reeditaban los tres volúmenes de La forja de un rebelde, de Arturo Barea, el último de los cuales está el testimonio atroz, contado por un socialista intachable, de los crímenes sin justificación que se cometieron en Madrid entre el verano y el otoño de 1936. La misma angustia moral de Barea, ajena a todo sectarismo, atenta al desgarro de la experiencia humana concreta, está en Días de llamas, de Juan Iturralde, que es del final de los setenta, o en los relatos insuperables de Largo noviembre de Madrid, de Juan Eduardo Zúñiga, que combinan la poesía y la ternura, la vaguedad espectral de la fábula con el severo testimonio del sufrimiento, el heroísmo y el despilfarro de las vidas humanas. En los primeros ochenta estrenó Fernando Fernán-Gómez Las bicicletas son para el verano y al principio nadie le hizo ningún caso. Aprendiendo de aquellos maestros, recordando lo que nuestros mayores nos habían contado, algunos de nosotros empezamos publicando ficciones alimentadas por la memoria de la Guerra Civil y la derrota de la República: yo no me olvido de la impresión que me hizo leer en 1985 Luna de lobos, de Julio Llamazares, donde está el coraje de la resistencia pero también la lenta degradación de quien se ve reducido por sus perseguidores a una cualidad casi de alimaña.

España es país muy propenso a las coacciones de la moda literaria o política, de modo que yo no voy a poner en duda el mérito de Los girasoles ciegos ni de ninguna de las ficciones sentimentales sobre la guerra y la posguerra que han tenido tanto éxito en los últimos años. Lo que sugiero, tan sólo como un ejercicio, es que se lean intercaladas con algunos de aquellos libros que no tuvieron el reconocimiento que merecían por el simple hecho de no haber sido escritos teniendo a favor los vientos caprichosos de la moda.

(Antonio Muñoz Molina. Escritor y académico de número de la Real Academia Española, sillón u. El País. 06 de septiembre de 2008)

LOS ESPAÑOLES QUE PIDEN AUXILIO A GARZÓN

Familiares de desaparecidos hace 70 años temen morir sin haberles encontrado

Crecieron en hogares rotos en los que nunca se habló del que faltaba. Muchos sólo guardan de aquel fantasma una fotografía vieja del tamaño de un pulgar y el recuerdo de un par de caricias. Callaron y esperaron mucho tiempo -a que terminara la guerra, a que muriera Franco, a que llegase un Gobierno democrático- para reclamar su cuerpo y su memoria. Han tardado 70 años en superar el miedo a hablar de sus desaparecidos y ahora necesitan encontrarlos. A la mayoría no les queda mucho tiempo. Tres de los nombres que hay detrás de las denuncias que Garzón medita admitir a trámite explican a quién están buscando y por qué. Insisten en que no desean revancha. No quieren sentar en el banquillo a los culpables. Le piden a la Justicia que asuma la investigación y localización de más de 30.000 desaparecidos. Lo que el juez Garzón tiene sobre la mesa de su despacho es, explican los denunciantes, su única y última oportunidad de devolver la dignidad a los que murieron de espaldas, y "cerrar la herida".

MANUEL MUÑOZ (Hijo y hermano de desaparecidos): "Lo que me quede de vida voy a gastarlo en encontrarle”

De su padre sólo tiene una fotografía y un recuerdo: "Cuando volvía de trabajar en el campo, yo le limpiaba el barro de las botas mientras él me iba metiendo almendras en la boca, me acariciaba el pelo y me decía: 'rubio, qué malo eres", recuerda Manuel Muñoz, de 77 años. No es mucho, pero es suficiente para no olvidar que Miguel Muñoz existió. Aunque su familia no sepa aún donde está su cuerpo. Aunque durante años los registros y las instituciones a las que preguntó por él le dijeran: "No nos consta". Aunque su madre no cobrara nunca una pensión de viuda

Los falangistas fueron a buscar a Miguel Muñoz una madrugada de marzo de 1937 en Comares (Málaga). "Le ataron las manos con alambre y no le dejaron darle un beso a sus hijos", cuenta Manuel, que entonces tenía cinco años. A los tres meses, volvieron a por otro hombre con el mismo nombre. "Se llevaron a mi hermano para luchar con ellos en el frente. Un niño de 17 años, ¡pegando tiros junto a los asesinos de su padre!". No aguantó. "Se escapó y le cogieron enseguida. Le dijeron que si se entregaba a la Guardia Civil no le pasaría nada, pero lo mataron de una paliza".

En aquella casa aún recibirían una visita más. "La encarcelaron por ser mujer y madre de ocho rojillos. Deshicieron mi hogar en sólo 100 días. Se acabó el colegio, las caricias, la familia..."

Hoy, Manuel ha conseguido reunir un dossier sobre su padre y su hermano "que pesa un kilo". Lo tiene listo para el juez Garzón: "Voy a gastar lo que me quede de vida en devolver la dignidad a mi familia".

FILIBERTO GÓMEZ (Hijo de desaparecido): "Es de mi sangre, me duele que esté tirado en cualquier parte”

"Cuando lo encuentre, va a ser como conocerle y despedirme a la vez", explica Filiberto Gómez Fernández, de 72 años. "Tenía dos años cuando lo mataron con otros siete obreros del pueblo. No me acuerdo de él. Pero es mi sangre, y me duele que esté tirado en cualquier parte. Quiero enterrarle en el pueblo, con mi madre. ¿Quién no entiende eso?"

Filiberto trabajó durante 20 años como enterrador en el cementerio de La Almudena (Madrid) y cuando llegue el momento, le gustaría poder rescatar a su padre con sus propias manos. "Espero ser capaz. He inhumado y exhumado cuerpos millones de veces, pero no son lo mismo tus muertos que los de los demás", explica

No habría podido olvidarle aunque hubiese querido. "Empecé a trabajar en el cementerio en 1976 y los empleados más viejos hablaban de cómo por las mañanas tenían que echar cubos y cubos de arena en la tapia para tapar la sangre de los fusilamientos. En el banco se habla de dinero, y en el cementerio, de muertos”.

Fue al colegio por primera vez con 58 años, como conserje, tras dejar el cementerio. Su madre no pudo llevarle. También la condenaron a muerte, con su hermano recién nacido en brazos, aunque luego conmutaron la pena. "Vivíamos en un pajar, comíamos bellotas del campo", recuerda

"Me he preguntado muchas veces lo que pensaría mi padre mientras le apuntaban con el fusil sabiendo que dejaba cuatro hijos y otro en camino. Y si los que dispararon podrían mirar a sus hijos de la misma manera que antes. Pero no siento odio, ni pretendo vengarme”

JAVIER JIMÉNEZ CORCHO (Nieto de desaparecido): "Sabía que iba a morir”

"Pendenciero, en constante persecución de los elementos de derechas. Cooperó con el mayor entusiasmo por el triunfo marxista durante el dominio rojo. Se sabe que era comunista antes de la iniciación del Movimiento Nacional", se lee en la sentencia de muerte de Pedro Corcho, jornalero. A su nieto, Javier Jiménez, le costó nueve meses hacerse con el documento, pero en poco más de un año ha conseguido reconstruir los últimos días en la vida de su abuelo, un hombre al que no conoció y del que apenas oyó hablar en casa, excepto por la abrumadora amargura de su abuela, "una mujer que siempre tuvo la cara triste y el pelo blanco", incluso de joven.

"Sé que estuvo en la cárcel de Yeserías y en Porlier, aquí en Madrid. Y tengo un documento del 18 de marzo de 1940 en el que dice 'entregado al piquete de ejecución", cuenta Javier Jiménez mientras saca multitud de documentos de una voluminosa carpeta que parece un acordeón. De uno de los pliegues, sale un dibujo. "Mi tía consiguió sacarlo de la cárcel después de que le asesinaran". Pedro Corcho ha dibujado cinco blocs de notas: en uno se leen los nombres de su mujer y sus hijas. En otros tres, la fecha de su nacimiento, detención y juicio. En el quinto ha dibujado un signo de interrogación. "Sabía que iba a morir, pero no qué día iban a fusilarle". En el margen, Corcho, de 29 años se despide de su mujer: "Fui feliz, mas el destino cruel me apartó de la cadena de tus brazos". Su nieto siente, 70 años después, "la obligación" y el deseo de volver a juntarles.

(Natalia Junquera. El Pais 07 de septiembre de 2008)

DESDE LA BOTA DE EMILIO HASTA LA AUDIENCIA NACIONAL

Más de 4.000 cuerpos han sido recuperados en 167 fosas en ocho años
"Aquí hay algo", dijo el arqueólogo Julio Vidal, el 28 de octubre del año 2000, a las once de la mañana, casi al mismo tiempo que el cazo de la excavadora sacaba una bota sobre la que habían llovido 70 años. A Emilio Silva le temblaron las piernas. Su abuelo Emilio estaba allí, en el paseo del corro (llamado así porque los chicos, que habían oído que allí había muertos, lo atravesaban corriendo), tal y como le habían indicado.

Entonces, Emilio Silva, ahora presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, todavía pensaba que estaba "resolviendo un problema familiar"; enterrando a su abuelo con Modesta, que antes de morir había hecho inscribir en su lápida funeraria el nombre de su marido. Pero alrededor de aquel agujero en la tierra empezó a aparecer gente con historias similares y mucho miedo. "Te llevaban a su casa, cerraban las ventanas y bajaban las persianas. Y entonces empezaban: 'Es la primera vez que hablo de esto...", recuerda Silva. Desde entonces, se han exhumado en España 167 fosas y se han recuperado 4.041 cuerpos.

Estos ocho años han trabajado entre amigos, con un ejército de voluntarios y sin la intervención del Estado. Desde hace dos reciben una subvención de Vicepresidencia del Gobierno (unos 120.000 euros anuales) para financiar algunas de las exhumaciones que hacen. En cada fosa no hay nunca menos de 15 personas trabajando, pero la asociación sólo tiene una persona contratada. Éstos son algunos de los expertos y voluntarios que han participado en muchas de las exhumaciones.

FRANCISCO ETXEBERRIA, forense "A veces no hay sitio para tantos voluntarios"

"¿Cómo iba a decir que no?", pregunta Francisco Etxeberria, médico forense de la Universidad del País Vasco. Desde que le llamaron para la exhumación del abuelo de Silva ha participado en casi un centenar más. Explica que la primera vez acudió porque sabía hacer lo que necesitaba Silva -ayudar a rescatar el cuerpo, identificarlo y averiguar cómo había muerto- y que luego continuó "atrapado por la dimensión humana". "La gente se va a pasar unos días con otros familiares para dejarnos la casa mientras estamos trabajando. Recuerdo a una mujer que nos contó que durante años estuvo convencida de que el asesinato de su padre estaba justificado y que se dio cuenta de que la habían engañado al ver que su madre evitaba encontrarse en la calle con las mujeres de los falangistas, que la abofeteaban cuando la veían. He hablado con muchísimas familias y no están pensando en que se impute a nadie, y eso que muchos saben quiénes fueron los asesinos. Esa dimensión humana es lo que nos atrapa".

"Al principio éramos muy pocos, ahora a veces tengo que decirle a la gente, voluntarios, estudiantes... que ya somos muchos. Me escriben expertos de todos los rincones del mundo que han participado en exhumaciones en Chile o Argentina y que quieren participar". En una exhumación en Lerma (Burgos), en agosto del año pasado, incluso participó un japonés de 69 años, Toru Arakawa, que cruzó medio mundo para ayudar.

JOSÉ M. ROJAS, investigador "He visto a ancianos de 85 años llorar como chicos"

Había leído muchísimos libros de la Guerra Civil, hasta que se dio cuenta de que "en todos faltaba algo". Así fue como José María Rojas empezó a llamar puerta a puerta, pueblo a pueblo para entrevistar a la gente mayor. "Lo primero que me impresionó fue el miedo: cerraban ventanas, contraventanas... antes de empezar a contarte. Y después, el dolor. No sé explicar cómo se siente uno viendo a un anciano de 85 años llorar como un niño. Yo no he visto ninguna herida cerrada. Pensé en dejarlo, porque no sabía si iba a ser capaz de aguantar tanto dolor". Pero Rojas siguió y le compensaron. "Decirle a alguien: 'éste es el cuerpo de tu padre' y ver cómo llora de felicidad, es muy emocionante". Por eso sigue gastando cada rato libre que le deja la droguería en la que trabaja en ir a archivos y recoger testimonios. Ha participado ya en 15 exhumaciones.


G. MARTÍNEZ, familiar agradecido "A los míos los sacó Paco"


"Donde va, Paco [Francisco Etxeberria] me llama. A los míos también me los sacó él". Así explicaba Gonzalo Martínez, agricultor de 50 años, su presencia, en septiembre de 2006, en una fosa en Lerma donde no tenía enterrado a ningún familiar. Desde que recuperó el cuerpo de su tío, ayuda en todas las exhumaciones en las que puede. "A la gente que sabe dónde pueden estar las fosas se le acaba la vida o la memoria. Yo intento recoger testimonios que nos ayuden a encontrarlas. Y luego ayudo cribando la tierra". A veces pasa momentos malos. "Siento una necesidad terrible de sacarlos a todos, de ponerles nombres y apellidos, de devolverlos a su familia. Cuando no los encontramos es muy frustrante. Pero si tenemos suerte, es lo más emocionante del mundo".

GUILLERMO FOUCE, psicólogo, 70 años sin cerrar el duelo.

En todas las tragedias en las que ha acompañado a familiares -el 11-M, el accidente de Spanair...- hay algo en común: "Sin cuerpo, el duelo no se cierra. Reconocer el cadáver es el primer paso para asumir la pérdida", explica Guillermo Fouce, coordinador de Psicólogos Sin Fronteras en Madrid. Los familiares de víctimas de la Guerra Civil llevan 70 años buscando los cuerpos para cerrar esa herida. "Tratamos de ajustar sus expectativas, pero en general las exhumaciones son momentos felices para ellos".

(Natalia Junquera. El País. 07 de septiembre de 2008)

El pueblo de Grazalema guarda la historia de 15 mujeres asesinadas en la Guerra Civil

Siempre era de noche cuando las detenían. Una a una. "Isabel ha desaparecido"; "se han llevado a Teresa", se escuchaba en las calles del pueblo. Estuvieron encerradas tres días en dependencias policiales, las mismas que ahora ocupa el Ayuntamiento de Grazalema, en la sierra de Cádiz. En una madrugada de finales de verano de 1936 metieron a las 15 en una furgoneta. El camión de la muerte recorrió unos diez kilómetros hasta alcanzar una curva en la carretera de Ronda. Las bajaron y las obligaron a recorrer a pie 500 metros más. Muchas se tambaleaban y tenían que apoyarse las unas en las otras. Ya estaba listo un agujero para ellas. Un hueco en la tierra que sirvió para enterrarlas y que hace tres semanas, 72 años después del horror, ha vuelto a abrirse.

La historia de estas mujeres ha sobrevivido al miedo y al silencio que han imperado mucho tiempo en Grazalema. Una investigación que comenzó en 2006 y ha durado dos años ha permitido localizar la fosa, abrirla y extraer los huesos que testimonian una macabra agonía. El siguiente paso ha sido publicar los nombres y apellidos: Salud Alberto Zarzuela, Catalina Alcaraz, Cristina Carillo Franco, Teresa Castro Ramírez, Ana Fernández Ramírez, Isabel Gómez, Josefa Gómez,  Gómez, Teresa Menacho, María Nogales Castro, Antonia Pérez Vega, María Rincón Barea, Jerónima Rincón Barea, Isabel Román Montes y Natividad Vílchez.

Las identidades han sido reveladas por las autoridades locales con la esperanza de que sus familiares se pongan en contacto con ellas para reclamar sus cuerpos y poder organizar así un homenaje. También para completar sus historias. La fosa de Grazalema se ha abierto sin que medie ninguna petición familiar, algo inusual. Han sido las administraciones, fundamentalmente el Ayuntamiento de Grazalema y la Diputación de Cádiz, con los colectivos de la memoria histórica, los que han impulsado esta excavación.

Las mujeres tenían entre 20 y 30 años cuando fueron asesinadas. Cuatro de ellas se encontraban en avanzado estado de gestación. Isabel y Josefa eran hermanas.  era sobrina de ambas. María y Jerónima, también hermanas. Las demás no tenían relaciones familiares directas, pero se conocían. Eran campesinas, obreras de la tierra y del ganado. Ninguna estaba afiliada a ningún partido político, no tenían actividad pública. Entonces, ¿por qué las mataron?

Para responder a esa pregunta, el concejal socialista Joaquín Ramón Gómez, responsable de coordinar esta investigación, recuerda la presencia en la zona de dirigentes como Fernando Zamacola o el cabo Juan Badillo Cano, que se distinguieron por su dureza y crueldad. "Badillo fue condenado en consejo de guerra por las atrocidades que llegó a cometer", recuerda Gómez. Los historiadores Fernando Romero y Francisco Espinosa han relatado las vivencias de los dos militares en la sierra gaditana, donde dejaron un reguero de sangre.

Grazalema, con 4.000 habitantes al comienzo de la Guerra Civil, era uno de los pueblos más importantes de la sierra de Cádiz. Sufrió una represión más intensa que otras zonas cercanas. Una de las razones, según Romero, fue la fuerte resistencia que encontró el bando franquista. "Los republicanos ocasionaron 19 muertes y eso no se olvidó", detalla el investigador. Según relata, Grazalema fue ocupada finalmente por los franquistas el 15 de septiembre de 1936. Una primera fiebre de fusilamientos y asesinatos dejó decenas de muertos: fue la etapa más dura. Después, ya con resoluciones de consejos de guerra en la mano, cayeron 59 republicanos más.

Muchos hombres, los más activos políticamente, escaparon hacia Málaga. Cecilio Gordillo, de CGT, recuerda que en las grandes ciudades, las mujeres perseguidas sí tenían un destacado papel político. Les ocurrió a las jóvenes asesinadas en el Madrid del 39, las conocidas como las 13 rosas. "En los pueblos se las mató por ser novias, esposas, hijas o hermanas", explica. Ellos huían, ellas pagaban. "Si no hemos podido cogerle a él, sufrirás tú", solían decirles.

Fernando Romero añade otro dato escalofriante. En realidad, las 15 mujeres de la fosa de Grazalema no han fallecido oficialmente. Nunca se inscribió su defunción en un registro civil. En el pueblo de Grazalema hubo esos años 150 muertes, según un informe del Ayuntamiento de 1940, pero sólo 30 estaban inscritas en el registro civil. Las otras se añadieron por intuición. Se agregaban los nombres de los hombres con hijos que habían quedado huérfanos, pero sólo se hacía lo mismo con la madre si el padre también había muerto. "Por eso, muchas mujeres quedaron olvidadas", explica el historiador.

A ellas se les rapaba el pelo, les daban purgantes para avergonzarlas, las paseaban sin ropa en carretas tiradas por burros. El informe forense adelanta que las 15 mujeres de Grazalema fueron torturadas con atrocidad, hasta que murieron junto a la fosa que les estaba destinada. No hubo tiro de gracia, según la investigación. También fue asesinado un adolescente de no más de 14 años, el nieto de La Bizarra, una conocida mujer del pueblo, al que se le ordenó excavar un agujero que, sin saberlo, se terminaría convirtiendo en su tumba.

Grazalema alberga otras siete fosas ya localizadas, con más de 250 cuerpos. No hay papeles que hablen de ellas. No hay registros civiles ni archivos parroquiales. Las señalan los relatos orales de los vecinos, y también marcas que dejaron personas que no querían que se olvidara a los muertos. Plantaron pinsapos, pintaron piedras, colocaron cruces con rocas, como en la fosa de las mujeres.

Muchos escenarios del horror se confunden ahora con los atractivos turísticos de la serranía gaditana. El acantilado de Grazalema es ahora un mirador, pero durante los peores años sirvió para arrojar a los muertos. Los refuerzos de cemento han tapado los agujeros de bala de la plaza de toros de la pedanía de Benamahoma, lugar de numerosos fusilamientos. Un muro blanco en el cementerio viejo impide ver los cinco estratos con huesos de los que fueron cubiertos con cal viva.

En la principal plaza de Benamahoma, un cartel prohíbe ahora jugar a la pelota, pero por allí cruzaron las balas durante la guerra. Así lo recuerda Pedro Román. "El tiroteo lo tengo aquí metido como si fuera hoy", dice, mientras se señala a la cabeza. Entonces tenía 6 años. Su compañero de banco, Aldamacio Rodríguez, tampoco los ha podido olvidar, porque uno de esos disparos se llevó a su madre. "Ni era republicana ni nada. Cogían a los que veían en la calle". Fue enterrada en el municipio vecino de El Bosque. La localizaron en una fosa abierta hace dos años y que permitió organizar el primer entierro en esta comarca de víctimas de la Guerra Civil. Una placa en el cementerio de Benamahoma recuerda a los 17 fusilados cuyos restos se recuperaron.

Grazalema quiere rendir un homenaje similar a las 15 mujeres y al adolescente. Se hará con los familiares. Ellos concretarán cómo quieren que sea la despedida. Un adiós, tantos años después.

(Pedro Espinosa. 07 de septiembre de 2008)

Garzón busca desaparecidos de la guerra porque los delitos son permanentes mientras las víctimas no aparezcan.
 
Nunca hubo paz para los vencidos. Hubo dolor en los dos bandos, pero sólo uno fue el vencedor. Y los vencedores escribieron la historia y ajustaron cuentas. Ahora, los que defendieron la legalidad frente a los golpistas reclaman justicia.

La iniciativa de Garzón pidiendo datos a cuatro ministerios, a otros tantos ayuntamientos y a la Conferencia Episcopal sobre desaparecidos y fosas comunes de la época de la Guerra Civil y de la posguerra ha originado un gran revuelo. Y eso que todavía todo está en una fase muy preliminar, en la que, por medio de dos providencias, el juez trata de obtener información antes de pronunciarse sobre si es competente o no para investigar la denuncia presentada por 13 asociaciones para la recuperación de la memoria histórica por crímenes contra la Humanidad atribuidos al régimen del general Franco.

El PP, con Rajoy a la cabeza, reprocha a Garzón que quiera "reabrir las heridas del pasado", mientras las asociaciones judiciales le critican por considerar que la localización de víctimas y la apertura de fosas es una tarea que corresponde al Ejecutivo y que debe ser gestionada por la vía administrativa. Las invectivas se extienden a que la Audiencia Nacional no tiene competencias para investigar genocidios o crímenes contra la Humanidad, salvo que se hayan cometido en el extranjero, y a que, como alegó el fiscal en el escrito en el que se oponía a la apertura del proceso, los posibles delitos cometidos están prescritos o amparados por la ley de Amnistía aprobada por las Cortes en 1977.

Varias de estas críticas tienen buena parte de razón, aunque, por el momento, Garzón está haciendo sus deberes.

Resulta que, por aplicación de la jurisdicción universal, con la bendición del Tribunal Supremo y el Constitucional, en la Audiencia Nacional existen procesos abiertos por genocidio o crímenes contra la Humanidad, terrorismo y torturas por hechos ocurridos en lugares tan dispares como Guatemala, China, Tíbet (dos causas), Palestina, Sáhara Occidental y Ruanda (a pesar de que hay un tribunal internacional para juzgar el genocidio en ese país). También se persigue a cuatro nazis por su participación en las matanzas en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, y ya se han cerrado causas por las atrocidades cometidas en las dictaduras argentina y chilena.

Precisamente desde que, con la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, la justicia española se convirtió en el perseguidor de los genocidios en todo el mundo, los países implicados han criticado que no hiciera en casa lo que con tanto entusiasmo hace fuera.

La crítica no es del todo justa, porque lo cierto es que la Audiencia investigó y castigó los crímenes de Estado de los GAL de 1982 a 1986, pero otros atentados anteriores, como el asesinato del dirigente etarra José Miguel Beñarán, Argala -uno de los ideólogos de ETA, que murió en Anglet (Francia) en diciembre de 1978 por la explosión de una bomba en su vehículo cinco años después de que él hubiera activado el artefacto explosivo que hizo volar por los aires el coche en el que viajaba el entonces presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco-, nunca se persiguieron en España. Tampoco lo había sido la represión del régimen franquista. Hasta ahora.

Los juristas habrán advertido que Garzón reclama especialmente datos sobre desaparecidos. Es lógico, porque la legislación internacional sobre Derechos Humanos reconoce que las desapariciones forzosas constituyen un delito permanente mientras las víctimas continúen en paradero desconocido. Ésa es la base por la que actualmente el juez Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional, investiga la desaparición del dirigente de ETA Eduardo Moreno Bergareche, Pertur.

De las providencias de Garzón se deduce que el juez busca elaborar una lista de desaparecidos en toda España de la que se pudiera inferir la existencia de un plan sistemático para eliminar a los disidentes políticos, lo mismo que en 1976 hicieron los milicos argentinos y que sirvió para condenar en España al capitán de corbeta Adolfo Scilingo por crímenes contra la Humanidad.

Pero los desaparecidos son sólo el aspecto menos polémico del caso. En la represión que siguió a la guerra hubo otras conductas: torturas, asesinatos, incautaciones de bienes, adopciones por los vencedores de hijos de republicanos represaliados, o persecuciones políticas de profesores y otros trabajadores disidentes. Hoy en día esos actos constituirían delito de crímenes contra la Humanidad.

Pero, y esa es otra de las objeciones que se plantean, según la Constitución y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito por España, nadie puede ser condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Y los hechos a investigar ocurrieron a partir del 17 de julio de 1936, mientras que la mayoría de la legislación internacional sobre derechos humanos parte de los juicios de Nuremberg contra los jefes nazis, de 1945. Las ejecuciones y desapariciones de la Guerra Civil y la posguerra, al menos aparentemente, no podrían tipificarse como crímenes contra la Humanidad porque en 1936 no se llamaban así.

Sin embargo, expertos en Derecho Internacional sostienen que la persecución de Garzón sobre esos hechos estaría habilitada por la llamada "cláusula Martens", que forma parte de todos los convenios sobre conflictos armados desde que se incluyó en el preámbulo del II Convenio de La Haya de 1899 y que se consolidó en el Reglamento de La Haya de 1907, en el que se fundamentó la doctrina de Nuremberg. Esta cláusula, defendida por el delegado ruso Fiódor Martens en la Conferencia de la Paz de La Haya de 1899, incorporaba el derecho consuetudinario a los tratados internacionales y establecía que los abusos de los vencedores sobre los prisioneros o sobre los vencidos debían ser interpretados conforme al derecho común y a los usos entre naciones civilizadas y a las leyes de la humanidad y a la conciencia pública; es decir, que eran constitutivos de delito.

De modo que esta cláusula permitiría la investigación y persecución de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la posguerra, por parte del bando nacional o del republicano. Se podría investigar el paradero de los desaparecidos, reabrir fosas comunes para identificar a las víctimas e investigar otros delitos. De confirmar los datos que figuran en las denuncias de las 13 asociaciones, y en el mejor de los casos, Garzón podría llegar a concluir que el general Franco y su régimen, tanto durante la Guerra Civil como en la posguerra, cometieron crímenes contra la Humanidad, aunque previsiblemente él debería, una vez establecida la existencia de delitos imprescriptibles, derivar los casos concretos a los jueces del lugar donde aparecieron los cadáveres o se cometieron los crímenes.

Los responsables de esos delitos, los generales que se alzaron en armas contra la República, están todos muertos, y no parece que se pretenda buscar la responsabilidad penal individual de nadie por algún crimen aislado. De forma que, se declare Garzón competente o no, el caso camina hacia el archivo en la vía penal.

Todavía hay más objeciones, porque la fiscalía de la Audiencia solicitó en su momento que no se admitieran las denuncias de las 13 asociaciones por entender que aunque los hechos eran constitutivos de delitos, éstos han prescrito y en todo caso les es de aplicación la Ley de Amnistía de 1977. Esta postura es diferente de la que la propia Fiscalía sostiene en el caso Pertur, en el que ha respaldado la investigación del juez Fernando Andreu, aunque la desaparición del etarra en Francia, ocurrida en junio de 1976, sea también anterior a la citada norma.

No obstante, la aplicación de la Ley de Amnistía también resulta controvertida, puesto que, como ha recordado el magistrado del Supremo José Antonio Martín Pallín, los tribunales internacionales de Derechos Humanos están declarando la falta de validez jurídica de las leyes de Amnistía aprobadas en diversos estados, como Perú, Chile o Argentina, por entender que afectan a derechos inderogables. Así ha ocurrido en los últimos años, por ejemplo, con los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2006 anuló las leyes de amnistía de Perú en las sentencias del caso de la matanza de La Cantuta, y de Chile, en la del asesinato del comunista Luis Alfredo Almonacid. También la Corte Suprema de Argentina derogó las leyes de Obediencia Debida y de Punto final, que de hecho concedían la amnistía a los jefes militares responsables de la dictadura argentina entre 1976 y 1983.

Por si no fuera poco, como todo en derecho es opinable y dado que los razonamientos expuestos no son pacíficos, sino que cada uno tiene su propio punto de vista, es muy probable que la Sala de lo Penal de la Audiencia acabe tomando cartas en el asunto y ordene el archivo de las actuaciones por entender que no es competente para investigar genocidios o delitos contra la Humanidad cometidos en España.

De todas formas, los asuntos serios hay que tomarlos con calma y paciencia, porque en este asunto todavía estamos en los fotogramas de presentación de la película y todo el mundo, incluido el que esto escribe, se está pronunciando sobre si al final ganan los buenos.

(José Yoldi. El País. 08 de septiembre de 2008)

Hubo un adolescente en Chamberí, aterrorizado por la guerra; era 1936. Su familia estaba en el lado rojo, y él era un chico tímido que enseguida supo qué cosa era el exilio. En el barco que se lo llevó de España iba Alcalá Zamora, triste, y en una esquina del barco organizó una tertulia don Blas Cabrera, físico. Este chico, de nombre Juan López Marichal, que más tarde firmaría como Juan Marichal, se acercó a don Blas y le preguntó qué tendría que ser en la vida. En aquel momento le estaban rompiendo la vida, a él y a los que con él se iban a un destino que sólo tenía como patria el barco. En el exilio, que le llevó a Puerto Rico, a México, a Estados Unidos, conoció a Solita Salinas, la hija de don Pedro Salinas, y se casaron. Ahora, de todo hace muchísimo tiempo, y también de la guerra; él siempre ha llamado "guerra incivil" a aquel desastre. La vida incluso le ha quitado a Solita, que murió en el otoño de 2007.

En el exilio se dedicó a reconstruir la memoria de Manuel Azaña y de Juan Negrín, su paisano canario, y fue un adelantado en todo lo que tenía que ver con lo que juntó al pensamiento español con el pensamiento latinoamericano. Dirigió en la Universidad de Harvard el departamento de lenguas románicas, escribió ensayos intelectuales, fue un anfitrión y un agitador tranquilo, un republicano.

Volvió a España, país difícil como él bien sabía, y aquí quiso reconstruir, a veces con fortuna y a veces con desesperación, su voluntad de ser un español como los de antes, generoso, y febril, civil, pero la salud y la vida le devolvieron a México, donde ahora vive, cerca de su hijo Carlos, que es español y mexicano a partes iguales. El otro día, el Gobierno español le concedió la Orden de Isabel la Católica, y se la fue a entregar el embajador español en México, Carmelo Angulo.

Viendo la foto en la que Marichal está con la medalla junto a su bisnieto, con su hijo y con la familia que le queda después de la terrible ausencia de Solita, sentí una enorme ternura, no sólo por el Marichal de ahora, sino también por aquel muchacho que miraba asombrado al cielo y no eran estrellas al final del verano de 1936. Y cuando vi la película Los girasoles ciegos, de José Luis Cuerda, esa metáfora civil de la posguerra, imaginé a gente como Marichal sufriendo el mismo escarnio que dibujó Alberto Méndez en su libro. Los que ahora quieren que los desaparecidos de aquella guerra no tengan otra sepultura que el olvido quieren tapiar aquel pavor, y usan la maldad como argumento de su comedia.

(Juan Cruz. El País. 07 de septiembre de 2008)

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Buen post.
Y valiente.
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Gracias, Vito.  -bye

Aunque valientes son los que luchan por algo tan digno como poder localizar y dar sepultura a sus seres queridos.  -alabar

Un abrazo.  -bye

Garzón recibe un nuevo listado con 982 republicanos fusilados por su propio bando

La iniciativa de Garzón tiene una nueva lista sobre la mesa. Después de la petición al juez para que incluyera en su polémica causa el fusilamiento de unos soldados republicanos por orden de sus propios mandos, este domingo El Mundo publica otro dato incómodo para el proyecto: una nueva relación de nombres de desaparecidos y fusilados por parte del bando republicano.

(Libertad Digital) Según la investigación desarrollada por un periodista y publicada El Mundo, la lista de 982 republicanos fusilados por su propio bando, muchos de ellos enterrados en fosas perdidas, es otro de los elementos que vienen a contradecir la visión reduccionista de la historia que implica el investigar los muertos de sólo un bando y no de otro.
 
El origen de la crónica que publica El Mundo es la tesis doctoral de Manuel Aguilera, en la que el autor partió de la lista originaria de los historiadores Solé y Villaroya, que ascendía a 218 nombres. El autor señala en la crónica, elaborada por él mismo, cómo partiendo de dicha relación de nombres de republicanos ejecutados por republicanos, ésta pronto fue creciendo tras la labor de archivo y biblioteca, llegando a cuadruplicar su número original.
 
Según el autor, gran número de asesinatos fueron cometidos en pueblos aislados de la retaguardia, en condiciones que dificultaban la identificación de los cadáveres. Grupos de republicanos deteniendo a otros de su propio bando a cuchilladas, jóvenes torturados y maniatados con un tiro de gracia en la cabeza arrojados a cunetas, anarquistas asesinados por ser contrarrevolucionarios, socialistas asesinados por comunistas y anarquistas aniquilados por socialistas...
 
Los casos de ejecuciones gratuitas vividos por militantes de todas las ideologías, desde UGT a PCE a Izquierda Republicana, se complementan con ejemplos como el señalado en la crónica de El Mundo, en la que se menciona a dos jóvenes anarquistas milaneses que se desplazaron a España para combatir a Franco y acabaron ejecutados por un grupo de ultranacionalistas contrarios a la dictadura, al ser tomados por fascistas encubiertos.
 
Destaca, según El Mundo, la sufrida por miembros del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), en la que tras declarar el partido el Gobierno de la República ilegal, la Guardia de Asalto comenzó a llamar a los afiliados a los puestos de mando de la retaguardia para asesinarlos allí mismo, y posteriormente enterrarlos en fosas aún no encontradas.
 
Otro ejemplo más, entre los varios que presenta la crónica de Manuel Aguilera, es la desarrollada durante el Golpe de Casado en marzo de 1939, en el que se produjeron también numerosos asesinatos dentro del bando republicano. Un informe del bando comunista relata la ejecución del comandante socialista Carlos Bellido en el Círculo Socialista. Unos dirigentes del PCE también asesinaron junto al Palacio de El Pardo, sin motivo aparente, a tres tenientes coroneles y a un comisario socialista.
 
Entregado en mano a Garzón
 
Son sólo algunos de los casos ejemplificados en la crónica del diario El Mundo y relatados por el propio autor del listado de 86 folios y 982 nombres, presentado el 11 de septiembre en el Juzgado de Instrucción número 5 que su propio autor, Manuel Aguilera, quiso entregar en mano a Baltasar Garzón.
 
Después de que el propio juez permitiera a Aguilera el paso a su despacho, ambos se estrecharon la mano y éste le entregó finalmente el listado, mientras Garzón escuchaba atentamente las explicaciones del investigador. A continuación  le pidió un número de contacto, ya adjunto en una carta anexa al documento. Ambos se dieron de nuevo la mano y se despidieron. Según relata Aguilera, "parecía estar muy ocupado".
 

Me parece perfecto que se investiguen.
Tambien.


Las asociaciones de memoria histórica enviarán el día 22 a Garzón un informe de 130.000 víctimas
Cerca de 200 personas ultiman el listado que incluirá los nombres y apellidos de muchos de los represaliados en el franquismo
El Pais.
NATALIA JUNQUERA - Madrid - 15/09/2008
 Las asociaciones de memoria histórica que han denunciado ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón la desaparición de miles de personas durante la Guerra Civil y el Franquismo, enviarán al juez el próximo 22 de septiembre un informe detallado sobre el número de víctimas.


La cifra rondará los 130.000, la misma que recoge el informe del historiador Francisco Espinosa que Garzón ya tiene sobre su mesa. Cerca de 200 personas de asociaciones para la recuperación de la memoria histórica en toda España están ultimando ese informe, recogiendo información, clasificándola y verificándola.

Para cuando le llegue a Garzón, el informe incluirá ya los nombres y apellidos de muchas de esas víctimas, según Fernando Magán, el abogado que representa a los denunciantes.

El documento incluye información de todas las Comunidades y se ha obtenido a partir de datos aportados por instituciones privadas, historiadores y asociaciones. Magán ya había hablado en las últimas semanas de que la cifra de cadáveres estaría cerca de los 130.000, según las primeras informaciones, si bien muchos de ellos no podrán recuperarse.

Garzón solicitó el pasado 1 de septiembre información al Gobierno, varios ayuntamientos, la Conferencia Episcopal y la universidad de Granada para elaborar un censo de fusilados y desaparecidos durante la Guerra Civil y la represión franquista. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada ha confirmado hoy que entregará el próximo miércoles al Rectorado de la Universidad granadina el listado documentado que han elaborado con cerca de 5.000 fusilados en la provincia, que irá acompañado de un dossier con las referencias históricas y circunstancias que acontecieron.
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Todos los expertos coinciden en que esta acción de Garzón no es mas que castillos en el aire sin ningun final practico como lo esta planteando. Le gusta la publicidad y su vanidad le pierde, ¡¡con la de asuntos que tiene pendientes de resolver!!.

Será pos listas. Ahora empezaremos a ver montones de listas de uno y otro bando y se empezara otra vez a hablar de rojos y fachas.

Y mientras tanto nos olvidamos de la miseria del paro.

Garzón es aquel juez que desestimó la denuncia contra Carrillo por lo de Paracuellos porque de haber delito, ya habría prescrito no?.

Oficialmente, qué está haciendo Garzón? Alguien lo sabe?

Efectivamente, como es bien conocido, Garzón rechazó en su día varias querellas contra Santiago Carrillo alegando que los delitos estaban prescritos y ponía de referencia a las amnistías producidas en 1975 y 1977, aceptando la tesis del fiscal de la causa, quien aseguraba en estricto cumplimiento del derecho, que cualquier posibilidad de delito había prescrito al haber pasado mas de 20 años desde que se cometió.

Hay que recordar que Garzón, en sus argumentaciones, llegó a acusar a los denunciantes (familiares de los fusilados en Paracuellos del Jarama), de abuso del derecho y de mala fe procesal.

A este magistrado le puede el afán de notoriedad y como acertadamente le describió Gustavo Bueno tiene un “complejo de Jesucristo para juzgar a los vivos y a los muertos”.

La impresión que siempre da con muchas de sus decisiones es que busca mas la notoriedad que el hacer justicia, instrumentalizándola para sus fines personales, pues sabiendo que no es competente para llevar este asunto, no solo lo acepta, sino que admite y promociona una  providencia por la que oficia a innumerables entidades, públicas y privadas, para que le informen de muertes violentas, desapariciones, enterramientos anónimos y exhumaciones presuntamente incontroladas hasta ahora.  No puede Garzón hacer legítimamente todo o parte de eso como Juez instructor, en el seno de un proceso penal, con el dinero de los contribuyentes y con el apoyo de funcionarios de la Administración de Justicia y de la policía judicial, pagados también por todos, si lo podría hacer como investigador privado. Sin embargo,  Garzón lo quiere hacer como Juez y entonces actúa contra Derecho y con manifiesto y gran abuso de su función. Eso es jurídicamente inaceptable.

Es humano que haya quienes quieran enterrar a sus muertos, que las familias de los desaparecidos de cualquier bando quieran tener los restos localizados, pero no el querer aprovechar la exhumación para volver a enfrentamientos que felizmente, para muchos, estaban ya olvidados.

El fin de la historia negra de una guerra que nunca debió ocurrir acabo, para muchísimos españoles que creemos en la libertad, el 6 de diciembre de 1978, cuando los ciudadanos aprobamos por inmensa mayoría la Constitución y se promulgó una ley de amnistía.
Esta actitud del Gobierno parece que en vez de ofrecer una reparación a las familias de las víctimas del franquismo lo que en realidad pretende es responsabilizar a la derecha de ahora de lo que ocurrió hace setenta años

En este pais lo que pasa en relación a este tema es lo que muestra este video:


http://www.youtube.com/watch?v=M_mUcMOFFZk

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