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El TC blinda a Casas apartando a dos magistrados tal y como reclamó el Gobierno

El equilibrio del Tribunal Constitucional se ha roto a favor del Gobierno sólo tres días después de la victoria del PSOE. Dos magistrados conservadores, Rodríguez Zapata y García Calvo, no podrán votar el recurso del PP contra la ley que permite a la presidenta Casas seguir en el puesto y ejercer su voto de calidad en casos de empate. La reacción en cadena amenaza otros recursos del PP como el de la ley de matrimonios homosexuales, el del Plan Hidrológico e incluso el del Estatuto catalán. Se trata de una actuación sin precedentes en democracia: que un Gobierno recuse a magistrados del Constitucional.


La Audiencia anula el juicio a dos independentistas porque no pudieron usar el catalán

Polémica decisión de la Audiencia Nacional. El pleno de la Sala de lo Penal ha acordado anular el juicio en el que dos independentistas catalanes fueron condenados por quemar una fotografía del Rey don Juan Carlos. Según desvela El Mundo, durante la vista oral, los radicales se negaron reiteradamente a declarar en castellano pese a que el juez central de lo penal, José María Vázquez, les emplazó a hacerlo. Ahora, la Sala presidida por Gómez Bermúdez obliga a repetir el juicio, a pesar de que ambos "comprenden a la perfección el español".

Como siempre, esto depende de a quien escuches o leas... Hoy mismo decía un catedrático de derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla que era una recusación de libro y que estaba de acuerdo a toda la jurisprudencia que había al respecto...

No seré yo quien le discuta a un catedrático de Derecho Constitucional, pero me gustaría saber su opinión sobre los inaceptables retrasos sobre la decisión de los recursos contra el estatuto catalán y contra las leyes más importantes de la política social del PSOE, como la de protección de la mujer contra la violencia de género o el matrimonio entre homosexuales.

También me gustaría conocer su opinión sobre el procedimiento empleado para tomar esta determinación, procedimiento a todas luces contrario a la norma establecida por ley.

La justicia está tan politizada que hace tiempo que no es justicia. Y de eso tienen tanta culpa los sociatas como los peperos

Eso es cierto...

El Constitucional aparta a los dos jueces recusados por el Gobierno

Un pleno de mayoría progresista juzgará la reforma de la ley del alto tribunal
JULIO M. LÁZARO - Madrid - 13/03/2008

El Pleno del Tribunal Constitucional decidió ayer, por seis votos a favor y dos en contra, estimar la recusación presentada por el Gobierno contra los magistrados del sector conservador Roberto García-Calvo y Montiel y Jorge Rodríguez-Zapata, que desde ahora quedan apartados del enjuiciamiento del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP contra la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. La decisión pone fin a la guerra de las recusaciones, que ha bloqueado el recurso del PP durante casi nueve meses, y ha afectado a las deliberaciones de la sentencia del Estatuto de Cataluña.

El Tribunal tiene ahora como tarea prioritaria la resolución del recurso del PP, puesto que afecta a su propia composición. Tras las abstenciones aceptadas de la presidenta, María Emilia Casas, y el vicepresidente, Guillermo Jiménez, y las recusaciones de García-Calvo y Rodríguez Zapata, el recurso del PP será resuelto por un pleno compuesto por cinco magistrados progresistas y tres conservadores.

El pleno que ayer examinó las recusaciones estuvo presidido por el magistrado más antiguo, Vicente Conde-Martín de Hijas, del sector conservador, que votó a favor de las recusaciones. Los otros votos favorables fueron de los cinco magistrados progresistas. Votaron en contra los también conservadores Javier Delgado Barrio y Ramón Rodríguez Arribas, que anunciaron un voto particular que, junto al texto de la resolución, se conocerá en los próximos días.

Víctimas de su maniobra

García-Calvo y Rodríguez-Zapata, los dos magistrados más significados del sector conservador, se convierten así en víctimas de su propia maniobra, ya que el desencadenante de la situación fue la carta que ambos dirigieron en junio de 2007 a la presidenta exigiéndole su dimisión. En ella expresaban su más "profunda discrepancia" con la reforma de la ley orgánica, por cuanto prorrogaba el mandato de la presidenta y el vicepresidente hasta su renovación. Además, pidieron la convocatoria de un pleno para debatir sobre esa prórroga partiendo de que la reforma no daba cobertura a María Emilia Casas para seguir al frente del Constitucional.

Sus demás compañeros del sector conservador se desmarcaron de la iniciativa y decidieron "no tomar en consideración" el escrito de García-Calvo y Rodríguez-Zapata para no contaminarse en el caso previsible de que el PP presentase un recurso de inconstitucionalidad. Aunque el pleno reclamado por García-Calvo y Rodríguez-Zapata se saldó con un contundente 10 a 2 en contra de su iniciativa, los magistrados siguieron porfiando en su idea en votos particulares contra lo resuelto en el pleno.

El escrito dio pie para que el Gobierno recusase a los dos magistrados, lo que abrió una guerra de recusaciones que se saldó con la reprobación pública del Constitucional al PP por "fraude de ley" y "abuso de derecho" tras recusar este partido a tres magistrados progresistas sobre la base de una información falsa publicada por El Mundo. Las recusaciones del PP fueron rechazadas de plano.

El auto votado ayer sobre un borrador del magistrado progresista Manuel Aragón, fue debatido con calma y los ocho magistrados del pleno alcanzaron el acuerdo a primeras horas de la tarde.

Veis lo que digo de a quien escuches o leas...

Pozi la verdad -ok

Seguramente era Javier Pérez Royo,corredor de maratón y un "poco rojillo" :P
Lo que está pasando con el TC desde hace algún tiempo no me gusta nada.En cuanto a las recusaciones,seguramente algunos de los que critican éstas, aplaudían la de Pérez Tremps y viceversa.En fin,espero que estén a la altura a la hora de resolver las cuestiones que tienen pendientes -ok

Era, era.. ;D

Después de las elecciones, el TC
EDITORIAL DE ABC

EL Gobierno ha logrado su primera victoria postelectoral en el Tribunal Constitucional, tres días después de renovar su mayoría parlamentaria, con la recusación de dos magistrados del denominado «bloque conservador», Jorge Rodríguez-Zapata y Roberto García-Calvo. De esta forma, queda expedito el camino para la probable confirmación de la ley que reformó en 2007 -de forma intempestiva, unilateral y por razones de conveniencia política- las reglas de funcionamiento de la presidencia del TC. Dicha reforma, en la práctica, garantiza la continuidad de la actual presidenta de este Tribunal hasta el final de su mandato como magistrada.

Sería una falta de respeto hacer juicios de intenciones sobre la futura actitud de María Emilia Casas en los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra las principales leyes de la anterior legislatura, pero, en lo que afecta al Gobierno, no cabe duda de que su intención al extender indefinidamente el mandato de la presidencia era garantizarse el voto de calidad de su titular en caso de empate a la hora juzgar los asuntos de su interés. Más que un flaco favor al crédito de este Tribunal y de su presidenta -jurista de auténtico prestigio-, aquella reforma fue una demostración inapelable del sentido partidista con el que el PSOE trata a las instituciones judiciales y el remate de una política de control de los núcleos del Estado de Derecho. Antes, ya se había visto con la reforma igualmente sorpresiva del Consejo General del Poder Judicial, cuyo objetivo era neutralizar a la mayoría «conservadora» en los nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo; y en el nuevo estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, hecho a la medida de un fiscal general subordinado a las directrices políticas del Ejecutivo.

La recusación de los magistrados Rodríguez Zapata y García-Calvo culmina un proceso de división interna del TC, promovido por el Gobierno socialista como réplica a la iniciativa del Partido Popular de recusar, con éxito y total fundamento, al magistrado Pablo Pérez Tremps, quien ha quedado excluido de la decisión final sobre el recurso planteado por los populares contra el nuevo estatuto de Cataluña.

A partir de entonces, el Tribunal Constitucional entró en un período de conflictos personales internos y disputas partidistas externas a los que el propio Tribunal ha contribuido con el retraso inaceptable que ha impuesto a la decisión de los recursos contra el estatuto catalán y contras las leyes más importantes de la política «social» del PSOE, como la de protección de la mujer contra la violencia de género o el matrimonio entre homosexuales.

Incluso la resolución de las recusaciones planteadas con motivo de la reforma de la presidencia del TC se ha producido con un procedimiento más que discutible, en términos legales, porque han sido decididas en bloque y no individualmente, como ordena la ley. Hay que recordar que el PP recusó a cinco magistrados del Tribunal Constitucional porque consideraba que habían manifestado verbalmente su apoyo a la reforma aprobada por el Gobierno mientras se tramitaba el proyecto parlamentario. Tales recusaciones fueron inadmitidas a trámite con el voto de los propios recusados y sin ser juzgadas de forma separada.

 Es probable que la moratoria electoral del TC dé paso a una rápida decisión en cadena de los recursos pendientes. No hay que prejuzgar la decisión de este Tribunal en ninguno de ellos por las maniobras partidistas del Gobierno -aunque indicios haya, por ejemplo, en la sentencia sobre el estatuto valenciano-, porque sería contribuir al desprestigio de una institución fundamental del sistema constitucional. Pero en cambio, sí cabe demandar a sus magistrados que no pierdan de vista que la institución a la que pertenecen no es un comodín de gobiernos, ni de oposiciones, sino el garante de la Constitución, más aún cuando resulta evidente que, como mínimo, están en juego principios determinantes del modelo de Estado, del modelo de sociedad y de la justicia penal.

¡¡Uy, yo también se subrayar en negrita!!

Esta situación tercermundista de evidente control político de las sentencias judiciales es culpa sin paliativos del PP y del PSOE, a partes iguales.

Se cargaron la separación de poderes porque a cada uno le interesó en su turno de poder, y así nos va.

Evidentemente los magistrados a sueldo de cada partido defenderán lo que les digan que tienen que defender, por encima de lo que el Derecho imponga como justo o adecuado. El trabajo de un jurista, a veces, consiste en defender lo indefendible con argumentos que resulten tan creíbles que incluso el propio jurista llega a creerse lo que no podía creer antes de empezar con sus razonamientos, así que toda mentira es susceptible de ser creída y amparada con base en argumentos jurídicos.

Pero ese no es el trabajo de un Juez, algo que se les ha olvidado a todos.

Lo que hacen los magistrados elegidos a dedo por los políticos no es juzgar, sino revestir de razones creíbles el sentido de una sentencia previamente encargada por "los capos" del cotarro (el Gobierno), lo cual se asemeja peligrosamente a la prevaricación y al cohecho.

Los jueces del TC no son ya jueces, sino abogados de parte que redactan las sentencias según éstas hayan sido encargadas por sus pagadores.

El Tribunal Constitucional ni es Tribunal ni es Constitucional, salvo en las formas. Es una puñetera VERGÜENZA.

Una más, claro.

 Tema complicado ..... como siempre que se hable de POLITICA

      -cabezon